El PP de Barberá usó 161.900 euros recaudados en efectivo y sin justificar para pagar la campaña electoral de 2011
Los problemas para el PP de València se complican cada día más conforme la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil va indagando en el pago de las campañas electorales de la candidata Rita Barberá en los años 2007, 2011 y 2015. Hasta la fecha, los investigadores del Instituto Armando habían confirmado que el Partido Popular de la capital, el buque insignia del partido de Mariano Rajoy en la Comunitat Valenciana, se había financiado de manera irregular en 2007 y 2015. Ahora, un nuevo informe de la UCO fechado el 12 de diciembre y aportado al caso Taula también concluye que en el año 2011 se habría utilizado el mismo operativo ilegal para obtener fondos que cuatro años antes.
Así, los agentes de la Guardia Civil explican en su nuevo informe que “el PP de la ciudad de València habría instrumentalizado al Grupo Municipal del PP (GMPP) para, a través de diferentes mecanismos, sortear la fiscalización debida y poder así superar el techo de gasto establecido, haciendo que terceros asumiesen gastos electorales del partido”. Según la UCO, la cuenta del GMPP en el Ayuntamiento de València permitía evadir los controles de las cuentas oficiales del partido y por tanto de la fiscalización de Tribunal de Cuentas, la institución que valida o no los gastos electorales.
En el informe de 182 páginas, los investigadores resumen el operativo y señalan directamente al exvicealcalde Alfonso Grau y a la secretaria del GMPP María Carmen García Fuster. “El aumento y la ocultación del gasto de naturaleza electoral producido como consecuencia de las elecciones del 2011 gestionadas por el Grupo Municipal, al igual que en 2007, provocó la ejecución de unas dinámicas de ingresos para amortizarlas; parte desde la cuenta titulada por el GMPP gracias al ingreso de cantidades de dinero en efectivo de procedencia desconocida y atribuida a un recaudador, y parte de ellas en efectivo”, concluye la Guardia Civil.
Además, apuntan el mismo informe, “de estos importes pagados, restaría una parte de dinero aún sin cuantificar que, al igual que en 2007, podría haber sido pagada de manera indirecta mediante la facturación con terceras empresas simulando relaciones comerciales realmente inexistentes”. En este caso, la UCO señala a cinco contratistas del Ayuntamiento de València que habrían realizado pagos a la empresa Trasgos y a sus filiales por servicios presuntamente no filtrados (Véase el gráfico que se adjunta elaborado por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria).
Las empresas contratistas del consistorio que gobernaba Rita Barberá con mano de hierro desde el 1991 y que habrían pagado estas “mordidas” son Sociedad Agricultores de la Vega (100.000 más IVA), Fomento de Construcciones y Contratas FCC (50.000 más IVA), Secopsa (100.000 más IVA), Ocide (45.000 más IVA) y Grupo Bertolín (45.000 más IVA).
Trasgos en 2011, al igual que Laterne en 2007, sería la empresa contratada por el PP de València para realizar la campaña, aunque realmente también se habría utilizado para el cobro de comisiones y poder gastar más de lo presupuestado. “En 2007 los servicios contratados a Laterne lo son por 150.000 euros, pero superaron los 2,5 millones, mientras que en 2011 el contrato establecido con Trasgos era de 170.000 euros y los trabajos efectuados lo son por al menos 277.129 euros”, revela la UCO.
También como en 2007, cuando los ingresos en metálico fueron de 350.000 euros, para la campaña de 2011 el PP de Barberá también obtuvo un montante importante en efectivo. Un recaudador, según la UCO, habría dado a la secretaria del GMPP María Carmen García Fuster 161.900 euros para realizar varios ingresos en efectivo en el segundo semestre de 2010. “Esto habría permito pagar los 167.678 que cobró Trasgos” oficialmente para organizar la campaña electoral de Rita Barberá.
El informe de la Guardia Civil concluye que la cuenta del GMPP, que era ajena a la fiscalización de del partido y de la campaña, se utilizó para cobrar cuotas y aportaciones de afiliados, recibir donaciones de “Colaboradores y Allegados” sin identificar y recibir fondos y llevar a cabo pagos de naturaleza electoral.
