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Renace la pesadilla de la Púnica para Arturo Torró

Varios agentes de la Guardia Civil irrumpen en el Ayuntamiento de Gandía para requisar los contratos del presunto ‘conseguidor’ de la trama con el consistorio

El registro se sucede a tres días de que se decida quién ocupará la vara de mando en Gandía

Los agentes también se han llevado contratos y acuerdos con empresas relacionadas con la Púnica en Valencia, Castellón y Denia

El Ayuntamiento de Gandia defiende la contratación con De Pedro por su valía

Arturo Torró, alcalde Gandia.

A tres días de saber si el popular Arturo Torró repetirá como alcalde de Gandía por la falta de acuerdo entre la izquierda y Ciudadanos, un viejo problema judicial le renace en forma de pesadilla. Se trata de los pagos que, según admitió él mismo, hizo a empresas relacionadas con la Púnica.

Esos contratos y abonos que realizó el consistorio, es la documentación que han requisado varios agentes de la Guardia Civil vestidos de paisano durante toda la mañana tras presentarse en el ayuntamiento a petición del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, magistrado que investiga el caso.

El registro ha estado motivado por la denuncia que presentó el grupo municipal socialista ante el juez Velasco por las adjudicaciones que hizo el consistorio a las mercantiles del empresario imputado en la causa, Alejandro De Pedro. Los contratos de posicionamiento web puestos en tela de juicio, estaban valorados, según reconoció el propio Torró, en “19.000 o 20.000” euros.

Los abonos realizados a las sociedades Eico Managament y Madiva –propiedad de De Pedro-, según se apuntó desde el consistorio, se habían ejecutado cumpliendo con la más estricta legalidad. Una opinión que no compartían los socialistas. “De Pedro facturó por trabajos que ya los desempeñaban otras personas y sus servicios eran siempre contratados a dedo”, afirmó el entonces concejal socialista Vicent Mascarell. Según el edil, la mecánica consistía en que una vez la facturación superaba el tope legal, se cambiaba de empresa. La facturación se haría mensualmente para no superar los 18.000 euros que marca la ley.

El PSPV-PSOE cifró entonces en 15 acuerdos los establecidos entre la corporación y el presunto ‘conseguidor’ valenciano de la trama que afecta a uno de los que fue hombre de confianza de Esperanza Aguirre, Francisco Granados. Y alertó de que podía haber más. Ahora, el juez investiga las posibles irregularidades.

De entre los trabajos que hizo De Pedro en Gandía, el que más llamó la atención a los socialistas fue el que realizó con el PP de Gandía para la campaña de los comicios municipales del 2011. Unas prestaciones que para Mascarell “se pagaron con dinero público a través del ayuntamiento”.

No obstante, la petición de información no solo ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Gandía. En otros consistorios como el de Denia, Castellón o Valencia, también se ha presentado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para pedir documentación relacionada con los contratos con la trama. Entre estos ayuntamientos, destaca el de Denia. La alcaldesa popular de Denia, Ana Kringe –ahora derrotada en las urnas-, habría pagado 49 facturas a firmas de la trama. Se habrían abonado 34.000 euros por estos recibos hasta el estallido del caso.

Quién también se vio implicado en la Púnica fue el Ayuntamiento de Valencia. El pasado enero el consistorio dirigido por Rita Barberá, quién levantó un embargo sobre los pagos a las empresas relacionadas con la trama a raíz de la revelación de la causa, abonó las cinco facturas realizadas con la empresa Madiva –propiedad de De Pedro- por la inserción de campañas de publicidad en el diario digital Ahora Valencia.

IPG, en el punto de mira

Justo, dentro de la denuncia por presunta malversación y prevaricación de Arturo Torró que interpuso el PSPV-PSOE a cuenta de los pagos de la Púnica, se instaba a que el juez investigara si la empresa pública Iniciatives Públiques de Gandía (IPG), había facturado con la trama. Una empresa que estos días ha vuelto a estar bajo polémica. La razón: el ente compró a dos días de las elecciones diversos terrenos sin saber el motivo, desvelaron los socialistas. La compra la habría firmado el aún gerente de la empresa, Gonzalo Morant, quien a su vez es tesorero del PP local “y compartió negocios con Torró”, según denunció la oposición.

A través de esta empresa, también se realizó la adjudicación a la televisión que, según el escrito de los socialistas que ha motivado la investigación, “era propiedad de un testaferro del propio Torró”. Los registros suponen un posible obstáculo más para que Torró pueda revalidar la alcaldía. Aunque la falta de acuerdo entre las fuerzas progresistas y el partido de Albert Rivera puede ser la mejor baza para los populares de Gandía.

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