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CASTILLA Y LEÓN

La Consejería de Familia de Castilla y León comunica a través de correos a las residencias de ancianos que dejará de darles EPI en junio

Fuentes del sector sociosanitario aseguran que no tienen capacidad de compra de material y recuerdan que no son hospitales ni están preparados para gestionar epidemias

Mañueco asegura que las residencias de ancianos pueden "acceder al mercado y suministrarse" de EPI

Correo remitido por la Gerencia de Servicios Sociales a los centros sociosanitarios de Castilla y León.

Correo remitido por la Gerencia de Servicios Sociales a los centros sociosanitarios de Castilla y León. eldiario.es

Las residencias de ancianos de Castilla y León dejarán de recibir equipos de protección individual (EPI) en junio. Así lo ha comunicado la Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta a través de un correo interno que se envió el pasado miércoles y al que ha tenido acceso eldiario.es. El escrito ha provocado malestar y preocupación entre los gestores de estos centros, que se preguntan cómo van a poder hacer compras en un mercado tan desconocido para ellos como el chino y cómo van a tener seguridad sobre el material que adquieren cuando la propia Junta de Castilla y León ha tenido que retirar partidas de mascarillas y de guantes defectuosos.

En el correo, que comienza con la palabra "aviso" en mayúsculas, la Gerencia afirma que ha proporcionado EPI a los centros "en la medida en que ha tenido disponibilidad" puesto que "los centros no han podido cumplir su obligación de disponer de ellos para su personal dada la dificultad para poder adquirirlos". Si bien comunica que "a lo largo de este mes de mayo se seguirá proporcionando material de protección en la medida en que esté disponible", advierte de que "a partir del mes de junio" deben ser las entidades titulares de las residencias las que se doten de ese material "una vez que ya existe en el mercado oferta suficiente".

Fuentes del sector, que piden no identificarse porque han sufrido "presiones", han comentado a este diario que han recibido el "aviso" con incredulidad, después de dos meses con un alto número de contagios que han afectado a residentes y a trabajadores. "Los centros sociosanitarios y las residencias de ancianos no son hospitales. Ni se concibieron como tal, ni están preparados, ni la ley les obligó nunca a ser hospitales, son lugares de cuidados, no de curación", sostienen.

En este sentido, exponen además que las tarifas de concertación de Castilla y León no incluyen gastos sanitarios adicionales como medicinas o equipos de protección sanitarios, de los que tiene que ocuparse los servicios médicos de SACYL.

Pero si las residencias no son hospitales, mucho menos se han diseñado para gestionar epidemias, y por ello los EPI y otros materiales los está suministrando la Junta de Castilla y León. En la Comunidad hay actualmente 1.214 centros sociosanitarios (residencias de mayores, pisos tutelados y residencias para personas con algún tipo de discapacidad). Más de la mitad las llevan entidades sin ánimo de lucro, como patronatos rurales, fundaciones, ayuntamientos y entidades religiosas, mientras que el resto está en manos de operadores nacionales o internacionales.  Durante esta crisis, las residencias de ancianos están obligadas a aislar a los enfermos positivos o con sintomatología compatible en sus habitaciones o incluso a separarlos en habitaciones individuales, lo que aumenta el coste por paciente.

Hospitales sin capacidad y equipos médicos saturados que no iban a las residencias

Las mismas fuentes destacan que "los hospitales públicos no han tenido la capacidad de asumir a todos los positivos de las residencias de ancianos, por lo que los centros se han visto "obligados a acogerlos y a asumir los gastos extraordinarios". Tampoco la atención sanitaria fue rápida. "Durante el comienzo de la crisis, los equipos médicos de SACYL no vinieron a las residencias, porque estaban saturados. En algunos casos, no podían ni atender nuestras continuas llamadas de petición de ayuda. Solo cuando la tragedia era evidente en las residencias, SACYL comenzó a aportar médicos y materiales de protección. También comenzaron a formar al personal de las residencias para aprender a utilizar los EPI".

Según los datos que facilita diariamente la Junta de Castilla y León, hasta el momento han fallecido 2.519 residentes con COVID-19 o síntomas compatibles. De ellos, 1.692 no fueron trasladados al hospital y fallecieron en la residencia.

Advierten que  cortar el suministro es "un sinsentido, puede generar un riesgo evidente al resto de los usuarios y pueden provocar unos rebrotes que terminarán con una nueva saturación de los servicios sanitarios de los hospitales".

La Consejería de Familia ha confirmado a eldiario.es la existencia del correo que advierte a las residencias de que dejará de suministrar EPI a partir de junio, dado que en este momento pueden adquirirse en el mercado. Sin embargo, asegura que si alguna residencia tuviese dificultades para comprar ese material de protección, contaría con el apoyo de la Consejería y la dotaría convenientemente.

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