Acnur y 80 organizaciones advierten al Gobierno que el Constitucional no ampara las devoluciones en caliente tal y como las aplica

magen de archivo: Varios agentes de la Guardia Civil en el momento de la ejecución de una devolución en caliente el 15 de octubre de 2014 en la valla de Melilla / Foto: Robert Bonet Robert Bonet

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y más de 80 organizaciones sociales han advertido al Gobierno que la sentencia del Tribunal Constitucional, que respalda la normativa en la que el Ejecutivo se apoya para ordenar devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, no ampara las expulsiones en frontera tal y como se están aplicando en la actualidad.

"El Tribunal no avala el rechazo en frontera como se aplica actualmente, sino la Ley de Seguridad Ciudadana, que tampoco respalda la práctica de coger a las personas y devolverlos sin abrir un procedimiento administrativo", ha declarado a elDiario.es la portavoz de Acnur en España. "Pone una serie de condiciones más claras sobre a su interpretación: solo puede aplicarse a entradas individualizadas, bajo control policial y respetando los acuerdos en materia de derechos humanos", inciden desde la Agencia de la ONU.

Aunque los magistrados han concluido la constitucionalidad de la disposición de la Ley de Seguridad Ciudadana que regula el rechazo en frontera, también enumeran una serie de requisitos para su correcta aplicación. El comunicado del Constitucional sostiene que debe activarse solo en "entradas individualizadas", y siempre que exista "pleno control judicial" y en "cumplimiento de las obligaciones internacionales", algo que no se cumple en la actualidad.

El Tribunal recalca que estas devoluciones inmediatas serán constitucionales cuando se realicen "sin perjuicio del control judicial que proceda realizarse en virtud de las acciones y recursos que interponga, en cada caso concreto, la persona extranjera" y "con las garantías que a las personas extranjeras reconocen las normas, acuerdos y tratados internacionales ratificados por España, debiendo ser reales y efectivos los procedimientos de entrada legal en territorio español". La actuación policial, además, deberá desarrollarse con "especial atención" respecto a los migrantes con un perfil "vulnerable", como menores de edad, las mujeres embarazadas o personas de edad avanzada.

No obstante, en la actualidad, las fuerzas de seguridad de las ciudades autónomas devuelven de manera inmediata a los migrantes, sin identificarlos ni estudiar sus casos particulares, lo que imposibilita la aplicación de cualquiera de las garantías planteadas por el Constitucional, como atender los casos de perfiles vulnerables, pues no pueden detectarlos. Además, los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos, como la Convención de Ginebra o la Convención, prohíbe las expulsiones colectivas pues impide a los migrantes su acceso a la asistencia letrada, al derecho a intérprete y a la posibilidad de pedir asilo o recurrir su devolución.

En este sentido, la Agencia de la ONU recuerda al Gobierno que las devoluciones aplicadas actualmente en Ceuta y Melilla son inconstitucionales en base a la reciente notificación del tribunal de garantías, que aún no ha difundido la sentencia íntegra. Alrededor de 80 organización han lanzado este viernes el mismo aviso: "El Tribunal Constitucional ha desautorizado el modo de ejecución de las devoluciones en caliente que tan reiteradamente han practicado los diferentes gobiernos, incluido el actual, en las vallas de Ceuta y Melilla", sostienen en un comunicado conjunto.

Ninguna de las condiciones impuestas en su sentencia, sostienen, "se respetan en la actual forma en que se llevan a cabo estas devoluciones". La entrega directa a las autoridades marroquíes de las personas interceptadas en las vallas de Ceuta y Melilla sin ningún tipo de procedimiento, recuerdan, no permite "la identificación de situaciones de vulnerabilidad ni la individualización de los interesados para que puedan hacer efectivo el ejercicio de los derechos fundamentales que les reconoce el derecho internacional y regional de los derechos humanos". En este sentido, las 80 organizaciones firmantes exigen al Gobierno la paralización de la práctica de estas devoluciones "mientras se establezca con la mayor celeridad posible una regulación normativa que garantice un procedimiento acorde a las exigencias de la sentencia del Constitucional".

Unidas Podemos pide al Gobierno un procedimiento individualizado

En la misma dirección se ha referido Unidas Podemos en su reacción al fallo del Alto Tribunal: "El procedimiento de abrir la puerta de la valla y devolver a la gente a Marruecos no está avalado por el alto tribunal y el Gobierno debe tomar buena nota de ello", han afirmado desde al partido. Fuentes de la formación consideran que "el Tribunal condiciona la constitucionalidad de los rechazos en la frontera en las vallas de Ceuta y Melilla a que se realicen de acuerdo a los tratados internacionales que España ha ratificado y a que se evalúe el caso individual de cada una de las personas rechazadas para poder identificar a menores de edad, víctimas de trata o solicitantes de asilo".

Unidas Podemos considera que "el Gobierno debe elaborar con urgencia un procedimiento de rechazo que permita analizar cada caso, respetar los derechos humanos en las fronteras y dar una acogida digna a las personas recién llegadas".

Desde el Ejecutivo, se han limitado a decir que el Gobierno "seguirá haciendo las devoluciones de acuerdo a ley", ha afirmado la ministra de Exteriores. "Todas las devoluciones de España se harán de acuerdo con lo que dicta la ley, la ley y los tratados internacionales que España ha suscrito en esta materia. Ni más ni menos de acuerdo con la ley", ha dicho. Este medio ha preguntado al Ministerio del Interior si modificará la aplicación del "rechazo en frontera" en Ceuta y Melilla tras las condiciones impuestas por la sentencia del Constitucional, pero por el momento no ha respondido.

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20 de noviembre de 2020 - 11:40 h

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