“Me pregunté cómo íbamos a sobrevivir nosotros, los campesinos desplazados, en una selva de cemento”

Marlene y Rogerio llegaron a Bogotá hace 13 años. Ella viene del Putumayo y él del Cauca. Ambos son líderes indígenas, protectores de la tierra y grandes conocedores de las técnicas de explotación artesanal para el autoconsumo y el pequeño y mediano comercio. Los dos fueron amenazados y desplazados forzosamente de sus lugares de origen por los diferentes grupos armados que hoy siguen protagonizando el conflicto interno más largo en la historia de Latinoamérica. Tanto Marlene como Rogerio, sin embargo, han encontrado un modo de vida para su sustento y para el mantenimiento de sus culturas ancestrales en la capital de Colombia: la agricultura urbana.

“Cuando llegué me pregunté a mí misma que cómo íbamos a sobrevivir nosotros, los desplazados, en una selva de cemento así”, recuerda Marlene. Lo tuvo claro desde el principio: cultivando. Decidió entonces ocupar varios inmuebles en distintos barrios de la ciudad para el alojamiento y la creación de huertas de autoconsumo con toda clase de vegetales que pudiesen plantarse en una casa, dando así sustento y cobijo a 555 familias llegadas de la misma forma que ella.

Pronto acontecieron los atentados a los edificios por parte de grupos ilegales y las intervenciones de las autoridades que, con gases lacrimógenos, desocupaban los inmuebles en los que se iban instalando. De sitio en sitio y continuando con la misma práctica, Marlene abanderó este movimiento hasta principios de 2012. “Me perseguían porque le daba de comer al hambriento –asegura– y, si no me mataron, es porque lideraba pero no me dejaba ver”.

Las cifras del último estudio del Centro de Seguimiento para los Desplazados Internos (IDMC) sitúan a Colombia como el país con más desplazados internos del mundo, con un total de 5,5 millones de personas. Durante el año 2012 fueron 230.000 los afectados. De ellos, 18.154 eran indígenas, según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES). La hostilidad de estos núcleos urbanos y la imposición de sus prácticas culturales implica que el mantenimiento de las costumbres de las comunidades se convierta en una misión de alta complejidad. Marlene y Rogerio declaran su intención de resistencia: “El día que perdamos nuestra cultura no nos quedará nada”.

La explotación y extracción de productos de la tierra con ánimo de lucro individual o empresarial y el desarrollo económico a partir de grandes proyectos de infraestructura consolidada a través de políticas como los Tratados de Libre Comercio se enfrentan de forma directa a la relación de los pueblos originarios con su entorno. Y también los monocultivos de coca para el narcotráfico; o de pino, para madereras; y la ubicación estratégica de los territorios ancestrales, como los de Marlene y Rogerio.

Los grupos armados que continúan con la guerra interna en el país han incrementado su interés en estas prácticas, hecho que, según CODHES, “potencia el escenario de riesgo para sus pobladores” y, en consecuencia, su salida inmediata y obligatoria a otros lugares de la nación.

'Huertas de alimentos orgánicos para el futuro' es el proyecto de vida de Marlene Zambrano Padilla, directora de la Fundación Colombiana de Desplazados y secretaria del Movimiento Nacional de Víctimas por la Paz. Originaria de la comunidad Páez (Cauca), fue criada en el sur de país, en el selvático departamento del Putumayo. Se dedicaba al comercio, pero heredó el compromiso social de su padre, defensor de derechos humanos asesinado en los años noventa. Por continuar con su misma lucha, fue desplazada por primera vez en 1991. En el año 2000 registró su situación como víctima y tuvo que enfrentarse a una nueva vida en una ciudad como Bogotá con la intención de quedarse.

En distintos barrios de la ciudad y paralelamente, Marlene comenzó con su proyecto de huertas naturales. Hoy queda en pie la más importante, en Ciudad Bolívar (barrio bogotano de un millón de habitantes con los mayores índices de violencia y empobrecimiento de la ciudad), que sustenta a 36 familias indígenas y campesinas. Patatas, zanahorias, remolachas, lechugas, brócoli y una gran variedad de vegetales crecen rodeados de cemento, abonados de forma natural y cercados por árboles frutales para evitar el uso de cualquier producto artificial en los cultivos.

El alimento producido en la huerta es el que abastece a los mercados campesinos. Los beneficiarios buscan hoy en las instituciones gubernamentales el apoyo necesario para tejer una red de comercialización nacional que asocie y ayude a los desplazados del país afectados por el problema de la inseguridad alimentaria. Las huertas creadas anteriormente fueron levantadas, y Marlene sigue amenazada por seguir adelante con este proyecto.

Pobreza y desnutrición urbana

No es incoherente que campesinos y activistas políticos como Marlene pongan en el primer punto de sus prioridades la seguridad alimentaria. Según el Programa de Naciones Urbanas para el Desarrollo (PNUD), la pobreza y desnutrición urbana se sitúan en un 42%; y en el ámbito rural, que atañe directamente a quienes tienen una mayor participación en la economía agropecuaria, afectan a un 68% del total de la población.

Los datos demuestran que hay problemas que nacen en el campo y que afectan de forma directa a la nutrición de las personas. Algunos de ellos son: la necesidad de una reforma agraria (hecho que ocasionó el mayor paro agrario de la historia de Colombia el pasado mes de agosto); la incoherencia entre los modelos productivos dominantes (monocultivos) y los ecosistemas que ocasionan deterioro del medio y vulnerabilidad en la población; el no acceso de la mayoría de los campesinos a las tierras; la ausencia de una infraestructura que facilite la distribución y la comercialización; la pérdida de la biodiversidad y de las semillas originarias para la manipulación transgénica.

Los campesinos y las comunidades negras e indígenas que llegan a Bogotá, en su mayoría trabajadores de la tierra y del mar, acaban, por imposiciones políticas y económicas, instalándose en los suburbios de la ciudad. En durísimas condiciones: sin recursos para el acceso a la educación o a la salud, sin espacios donde cultivar de forma legal, viviendo en la calle o en casas de precarias condiciones, sin acceso a las materias primas para la producción de sus artesanías y situados en sectores donde los índices de violencia son altos y encuentran serias dificultades para su subsistencia y el mantenimiento de sus culturas.

Marlene quiere acabar con todo esto. Sonríe con astucia y, con seguridad, cuando dice que “los derechos con hambre, no son derechos”. Esta semana debe buscar un lugar donde dormir: ya no se siente segura habitando siempre en la misma casa. “¡Víctimas al poder para que no nos vuelvan a joder!”, afirma elevando el tono de voz, entre risas y con el puño en alto. “Lástima que ese no pueda ser nuestro lema oficial”, bromea.

La desigualdad en el reparto de la tierra en Colombia es notable. El 80% está en manos del 14% de los propietarios, según los datos expuestos en el informe 'Divide y comprarás' de Oxfam Intermón. Esta concentración va en aumento: el índice de Gini –que mide la desigualdad– sitúa a Colombia en el lugar número once entre los países del mundo con mayor desigualdad en el acceso a la tierra. Según algunos informes, el 40% del territorio colombiano está bajo algún tipo de contrato con corporaciones multinacionales, ya sea para la producción de biocombustibles, la agricultura, la explotación forestal o la minería. En un informe reciente, la FAO advierte que hay tendencias de extranjerización de la tierra, favorecidas por la ausencia de límites y de regulación interna, según alerta Oxfam.

Monocultivos y desplazamiento

Rogerio Peña, uno de los líderes indígenas de la comunidad nasa, originaria del Cauca, conoce bien los efectos de la presencia de monocultivos sobre la población. Actualmente vive en la localidad de Usme, otro núcleo urbano con las mismas características de Ciudad Bolívar y en el que residen gran parte de los desplazados étnicos en Bogotá. Como actividad económica principal, la producción y pequeña comercialización de artesanía. Para el mantenimiento de su cultura ancestral, Rogerio cultiva en su pequeña terraza plantas para ejercer la medicina tradicional en el núcleo familiar. Los desplazados no creen en la eficacia de nuestro sistema sanitario y tampoco pueden costeárselo.

Al igual que Marlene, Rogerio también fue desplazado por la defensa de los derechos humanos de las poblaciones. Desde hace cuatro décadas lucha contra la presencia de los monocultivos que acaban con su tierra.

Cartón de Colombia, multinacional líder en producción de papel y cartón, se instaló en el Cauca en los años setenta. Sus mandatarios compraron 600 hectáreas en la cordillera del municipio de Buenos Aires, pero pronto entraron en el territorio sagrado de los nasa devastando todos los árboles nativos para la siembra a gran escala del pino, una especie que no es autóctona, seca el agua y deteriora de forma rápida la tierra de la zona.

Como no fueron atendidas sus peticiones por vías legales, la comunidad comenzó a cortar, en ánimo de lucha, todo aquello cuanto plantaba la empresa. ¿Las consecuencias? El ejército entró en defensa de la multinacional y la acción de resistencia se saldó con varios indígenas y soldados muertos. Seis miembros de la comunidad viajaron a Arabia Saudita, país de residencia del dueño de la multinacional, para dialogar y traerlo a Colombia con el compromiso de devolver las tierras a los nasa. Lo consiguieron: “Ahora los pinos son nuestros vecinos, pero no entran en casa”, señala Rogerio. Eso sí, se mantiene vigente otra batalla importante; esta vez, con los monocultivos de coca.

Este hombre, de voz delicada y fuerte actitud, nos habla de la implicación y responsabilidad de todos los sectores legales e ilegales en la expansión de los cocaleros. Habla de cómo muchos indígenas decidieron sembrar coca y vender bultos “a los blancos” para fabricar base de cocaína porque sus modos de vida no les permitían mantener con dignidad a sus familias. Culpa de ello en algunos aspectos al Estado, por el abandono de los territorios indígenas, que “en pleno siglo XXI siguen sin energía, sin agua potable, sin acceso a la salud o la educación”.

Nos habla de la negativa de otros compañeros indígenas ante la posibilidad de cultivar y ganar dinero rápido. Nos habla de la llegada de la guerrilla y, tras ella, los guerrilleros, el ejército y también los paramilitares. Nos habla de caos y de violencia y de que la zona aún continúa siendo uno de los grandes modelos económicos en el Cauca. Nos habla de la llegada de “gringos que manipularon las semillas para hacerlas más resistentes a las plagas”. Y nos cuenta, con tristeza, que ya han llegado a un punto en el que ni siquiera se plantan plátano, papas o yuca para el autoconsumo porque no hay tierra cultivable disponible, ni interés en ello. “Ya tenemos que ir a Buenos Aires a hacer mercado de productos que antes sí cultivábamos y que ahora vienen de otras partes empaquetados. Qué triste es a veces mi Colombia”.

En el departamento del Cauca, en diciembre de 2011, existían aún más de 6.000 hectáreas de cultivos de coca, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), convirtiéndose así esta zona en la cuarta zona del país con mayor presencia del monocultivo. Además, las consecuencias que esto tiene en el medioambiente son devastadoras. En Colombia el 21,5% del total de las plantaciones se radican en terrenos gracias a la tala de los bosques autóctonos. El país sigue produciendo 4.600 kilos de hoja de coca por hectárea al año para la fabricación de base de cocaína.

Los nasa usan esta planta con fines medicinales, no obstante. Lo hacen desde mucho antes de que llegaran los grandes cocaleros a su territorio y Rogerio, con firmeza, deja claro que, a pesar de la manipulación que el narcotráfico hace hoy de la planta, no van a dejar de defenderla: “El día que los nasa perdamos nuestra cultura, no nos quedará nada”.

Y mientras, con esmero, le va quitando el nudo a una bolsita donde tiene guardada la hoja que le traen de su tierra y que aún no ha sido manipulada genéticamente. No puede volver. Su mujer lo hizo recientemente y, pasado un mes, recibió una carta de advertencia. Tampoco tiene mucho interés a estas alturas, teme que vuelva a ser expulsado y perder así lo conseguido hasta ahora. Seguirá construyendo un modelo de vida que puedan continuar sus hijos en Bogotá y que fortalezca a las comunidades y a los desplazados que, como él, llegan a la ciudad.