Los menores en acogida familiar que se quedan fuera del fútbol federado: “¿Por qué ellos sí y yo no?”

“Cualquier paso que quieras dar es para tropezar con una muralla”, dice Andreu. “Lo del interés superior del menor es mentira, todo son impedimentos”. Andreu es padre de acogida de un menor extranjero, aunque nacido en España. El niño juega al fútbol, como sus compañeros, y quiere jugar partidos, como sus compañeros. Pero se ha pasado tres meses quedándose en casa los fines de semana. No entiende por qué los demás sí y él, no. “Cuando le dije que tendría dificultades por ser extranjero, me contestó: ¿ah, que no soy español?”.

Tramitar la ficha para la inscripción en las federaciones deportivas, en especial la de fútbol, cuesta “el doble o triple esfuerzo” si el menor es extranjero, como ya se sabe, pero el trámite se complica si el menor está en acogida, “cuando, si fuera de aquí, sería instantáneo; hay una gran discriminación”, recalca este padre de la Comunidad Valenciana. El acogimiento familiar es una competencia autonómica que se plantea como alternativa preferible a la institucionalización, es decir, a la vida en las residencias de menores. No es una estancia temporal breve ni es una adopción: la Administración conserva la tutela del menor en desamparo, queda suspendida provisionalmente la patria potestad del padre y de la madre, y la familia acogedora ejerce la guarda del menor.

Promover el deporte en edad escolar es uno de los objetivos del Consejo Superior de Deportes debido a que “contribuye a una mejor formación integral de la persona” y enseña al estudiante “el valor de la cooperación y el trabajo en equipo”. Se hace a través de las asociaciones y federaciones. “El deporte es integración”, valora Andreu, “es una gran oportunidad para guiar a niños marginados a participar en la sociedad”, por lo que no entiende las trabas administrativas: “¡si están bajo la tutela del Estado, debería ser algo automático!”.

Pero las federaciones, que son entidades privadas, imponen sus normas. Andreu ha tenido que aportar el pasaporte, el certificado de empadronamiento histórico, el certificado de nacimiento (si hubiera estado en otro idioma, habría tenido que incluir una traducción), certificados escolares expedidos con menos de tres meses que acrediten la escolarización durante todos los cursos de los últimos cinco años, declaración del club donde conste las fechas y circunstancias bajo las cuales sucedió el primer contacto con el jugador y la afiliación al sistema informático Fénix que utilizan las federaciones locales y que tiene un pequeño coste.

Además, si su hijo no hubiera nacido en España y llevara menos de cinco años aquí, debería aportar, además, el contrato de trabajo del padre y de la madre, una declaración de los padres del jugador que explique las razones por las que se mudaron a España, y una explicación acompañada de documentos oficiales que corroboren los medios de sustento económico de los padres. Toda esta documentación alude a los padres biológicos, no a los de acogida.

Fuentes de la Real Federación Española de Fútbol explican que se trata de una normativa de la FIFA que todos los clubes deben cumplir. “No podemos dar pie a que FIFA diga que lo estamos haciendo mal”, señala esta fuente, debido a que esta entidad internacional ya sancionó al Fútbol Club Barcelona por vulnerar la normativa de traspaso de menores. La Federación Española advierte que ellos no pueden autorizar para jugar a menores extranjeros no acompañados porque la FIFA rechaza sus expedientes ni tampoco menores en acogida a no ser que se demuestre “con una resolución de la autoridad” que “se le ha retirado la patria potestad a los padres”.

Hay por tanto un problema de “desconocimiento de lo que significa la acogida y un 'me da igual'”, dice Andreu, así como un problema administrativo. Si la Administración ejerce la tutela, los padres biológicos ya no tienen la patria potestad. Pero es la familia de acogida quien va a rellenar los papeles o la inscripción en el sistema informático; “quizá tendría que hacerlo el propio Ximo Puig, que es el tutor legal, y no sé si ni así me lo concederían”, ironiza este padre que pasó tres meses peleando por la inscripción. Finalmente la consiguió pero admite que “poniéndose como un energúmeno”, pues le había prometido a su hijo que, este curso, jugaría con sus compañeros lo antes posible. De hecho, llegó a hablar por teléfono con el propio Salvador Noguera, encargado de las licencias de la Federación, para exponerle su queja.

Cada año, debe repetir el mismo proceso. Conseguir los mismos papeles, que no le caduquen por el camino, que la admisión del expediente llegue a tiempo para el inicio de la temporada, algo que no ha conseguido. “Les cuesta reconocerte como interlocutor, como alguien más que el que le limpia los mocos al niño”. Ni siquiera se trata de jugar en el Barça, ser un as del balompié o hacer carrera profesional, sino de echar partidos los sábados por la mañana con tus amigos en la competición escolar.

El siguiente obstáculo: el uso de los datos

Tras la inscripción, llega un segundo problema: la protección de datos del menor. Para Andreu y su familia, es extremadamente importante cuidar este punto. Hizo todo lo que estaba en su mano, advirtió a la Federación de que no deseaba que datos del menor tales como su nombre, en qué equipo juega o dónde tienen lugar los partidos se hicieran públicos, así como fotos realizadas en ellos. El documento de inscripción solo pregunta si se quiere o no ceder los datos con fines comerciales.

Andreu habló con la Federación Valenciana y les dijo que no solo no autorizaba al tratamiento de los datos con fines comerciales sino a ninguna publicación de ellos. También lo dejó dicho por escrito, para que esto fuera incorporado al expediente. Relata que le dijeron “esto es así y no puedes hacer nada” y que los datos de otros niños de acogida se publicaban sin que ello generara un problema. No obstante, le concedieron que no se publicaría nada. Al día siguiente de aprobarse la inscripción, los datos de su hijo estaban en Internet. Enfadado, llamó por teléfono, le pidieron disculpas y le dijeron “ahora lo hacemos”. Pero ese “ahora” no era todo lo instantáneo que Andreu necesitaba.

Ese mismo día acudió a la Conselleria, donde le contestaron que ellos no podían hacer nada: “Me dijeron que siempre puedo denunciar, pero yo no quiero tener que estar denunciando, quiero que se le respete su derecho a jugar”. Efectivamente, no fue hasta que no amenazó con denunciar que los trámites informáticos se aceleraron y finalmente los datos fueron eliminados. “Debería ser al revés, que se protegiera a los niños no publicando los datos a no ser que se dé el consentimiento”, opina Andreu.

Llamar a la puerta de varias federaciones

Felipe Rodríguez también es un padre de acogida de la Comunidad Valenciana a cuyo hijo le gusta mucho practicar deporte. Lleva “años luchando”, a pesar de que el niño tiene pasaporte español; admite que es “muy frustrante”. La primera federación contra la que se peleó fue la de kárate, que no fue sino gracias a una amistad que consiguió que no se publicaran imágenes de los menores compitiendo.

Posteriormente, tuvo que lidiar con la de atletismo, la cual le dijo que si no autorizaba a la publicación de fotografías, no podía federar al menor, salvo en algunas competiciones municipales. “Imagínate lo que es eso para un niño, ver cómo sus compañeros se van en el autobús y a él como mucho le invitan a ir a animar”. Felipe dijo entonces que no y tuvo que renunciar a federarlo. Después, trató con la de Rugby, donde todo fue mucho más fácil y no encontró ningún obstáculo. “He hablado con la Conselleria de esto y, aunque están mejorando en todo lo relacionado con la acogida en los últimos años, respecto al deporte federado te dicen que no pueden hacer nada, que denuncies o acudas al Síndic de Greuges”.

El defensor del pueblo de la Comunidad Valencia, el Síndic de Greuges, ya emitió, en 2018 y 2019, sendas quejas dirigidas a la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, por los problemas con las fichas federativas, tanto de fútbol como de baloncesto, de los menores extranjeros. “La situación era más llamativa si tenemos en cuenta que el Consejo Superior de Deportes únicamente exige el tener la residencia legal en España o el NIE a cualquiera de los padres como único requisito para que un menor disponga de la ficha de cualquier federación deportiva conforme a la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los extranjeros en España y su integración social”, dice el Síndic.

Analizando los requisitos, anteriormente mencionados, de la FIFA y la Federación Española, el Síndic entiende que “la justificación radica en evitar que a través del fútbol se facilite la entrada ilegal de menores en un Estado del cual no sean nacionales para que un tercero obtenga algún beneficio económico o de otro tipo con ello” pero que “la reglamentación de la FIFA entra en contradicción con la normativa española aplicable a esta materia, a la que está sometida las federaciones deportivas”.

“El ordenamiento jurídico vigente debe prevalecer sobre la reglamentaciones federativas”, insiste el Defensor. En 2018 recomendó que las exigencias de las FIFA se limitaran únicamente a la transferencia de jugadores extranjeros vinculados al fútbol profesional. Ante la inacción de la Conselleria, esta oficina defensora volvió a emitir queja en enero de 2019. “No han servido de nada”, admiten, tanto Andreu como Felipe.

“Lo difícil es hacérselo entender al niño”

Elena es madre de acogida en Andalucía de un menor extranjero. Al igual que los padres valencianos, sufrió importantes retrasos para la federación en balonmano, aunque finalmente lo consiguió. Con la de fútbol tenía claro que no lo iba a lograr nunca, le consta que es casi imposible federar a los menores en acogida: “Tienen la sensación de que es una puerta de entrada para la legalización de algunos niños”, dice.

También lo intentó con el baloncesto, y se lo denegaron. “Nos los van sacando de todo, si ya tienes dificultades para la integración, imagínate si te rechazan en los deportes”, se queja Elena. “Lo difícil es hacérselo entender al niño, porque yo, desde mi perspectiva, tampoco lo entiendo. ¿Cómo decirle que puede entrenar pero no jugar? ¿Cómo contestarle a por qué ellos sí y yo no?”, añade.

Elena tiene claro que “el sistema público de protección a los menores no ha hecho lo que tenía que hacer. El racismo institucional es una realidad que vivimos los acogedores y que no debería existir, máxime cuando se trata de menores protegidos”. Su hijo juega ahora al baloncesto, pero en una liga municipal en la que no le han puesto problemas. El fútbol, lo dejó.