El Gobierno asegura “estar trabajando” para cumplir la condena del Supremo por las cuotas de refugiados sin detallar plazos

La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha asegurado este jueves que ha “empezado a trabajar” en coordinación con la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para acatar la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a España por incumplir las cuotas europeas de reubicación de refugiados. Sin embargo, no ha concretado los pasos recorridos ni el plazo en el que planea culminar la recepción de 19.449 refugiados desde Grecia e Italia.

Durante la Comisión de Trabajo, la ministra ha recordado que el anterior Gobierno se comprometió a acoger a 19.449 solicitantes de asilo que se encuentran bloqueados en Grecia e Italia en el marco del programa europeo de reubicación de refugiados acordado en 2015. “Solo ofertó 2.500 plazas. Cumplió tan solo con la recepción de un 12.85% de las solicitudes”, ha explicado Valerio, quien ha concluido que ahora tendrán que ser ofertadas por España. “No duden que va a ser llevado a cabo”.

Desde el Ministerio de Migraciones han explicado a eldiario.es que el Gobierno se ha puesto en contacto con las autoridades competentes de la Unión Europea para cumplir con el compromiso de acogida pendiente. No obstante, las mismas fuentes aseguran que esperan sus indicaciones porque las “circunstancias ya no son las mismas” que en 2015, cuando se ratificó el acuerdo europeo de reubicación de refugiados desde Grecia e Italia. Mientras, las ONG recuerdan que hay miles de personas bloqueadas en campos de refugiados helenos.

En el marco del Programa Nacional de Reasentamiento de refugiados, indican desde el Ministerio, sí se han producido avances. Según aseguran fuentes de Trabajo, han avanzado los trámites para trasladar a España a 1.000 refugiados desde campos de refugiados de Jordania “antes de finales de años”. El acuerdo para acoger a un millar de personas desde los países del norte de África se formalizó en el Consejo de Ministros del 29 de diciembre de 2017, durante el anterior Gobierno.

El mecanismo de reasentamiento se basa en la acogida de personas refugiadas desde los campos existentes en países del norte de África que más personas con necesidades de protección acogen como Jordania, Líbano o Turquía. Su aplicación supone una obligación para España desde la creación del Programa Anual de Reasentamiento en 2011, por lo que no se está vinculado con las cuotas de reubicación pactadas con la UE en 2015, cuyo incumplimiento por parte del anterior Gobierno acabó en condena del Tribunal Supremo.

Críticas sobre la acogida

Ante las críticas sobre las deficiencias detectadas por ONG y activistas en la primera acogida de los migrantes que están alcanzando las costas españolas, la ministra se ha recordado algunas de medidas tomadas por el Gobierno, en el marco del Plan de Emergencia dotado con casi 30 millones de euros para “reforzar la atención a pie de playa” y la atención humanitaria.

Valerio ha anunciado sus previsiones sobre el número de plazas de acogida con las que contará el Ejecutivo para “dar respuesta al aumento de las llegadas de personas” a las costas españolas. A su llegada al Gobierno, el sistema de primera acogida y ayuda humanitaria para migrantes en situación irregular contaba con espacio para 2.803 personas y, según sus datos, en la actualidad dispone de 4.210 camas.

En un mes, el Ministerio planea incrementar el número de plazas hasta las 5.359. La ministra ha destacado la creación de los nuevos Centros de Acogida, Emergencia y Derivación (CADE) creados en Mérida o Chiclana de la Frontera Cádiz.

Según ha declarado la titular de Migraciones, desde su cartera están “valorando extender el modelo a más lugares de España”, para lo que apuestan en buscar centros “con estructuras más estables en lugares que tienen una baja ocupación durante todo el año” con el objetivo de “crear una red amplia, flexible y operativa en el territorio”.

Son varias las ONG y colectivos que han denunciado los “fallos” en la coordinación del Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas adonde van a parar los autobuses en los que son trasladados los migrantes recién llegados a las costas españolas a los diferentes recursos de acogida. Según ha advertido la plataforma Emergencia Frontera Sur, se están produciendo casos de personas que se quedan sin plaza en el sistema estatal y acaban siendo acogidas por organizaciones de la sociedad civil.

“La directriz que hemos marcado es que estén avisadas las ONG o administraciones. Si ha habido algún caso en el que no fuera así ha podido haber un error”, ha respondido Valerio. “Si tienen conocimiento de algunos casos de estos, hacédnoslo llegar”, ha solicitado la titular de la cartera encargada de la acogida de migrantes.

La ministra sostiene que “se está trabajando en reforzar la coordinación con ayuntamientos” para abordar los casos de personas que agotan el tiempo establecido en los centros de acogida que dependen de Trabajo y Migraciones o aquellas que son retornadas de otros países europeos en aplicación del Reglamento de Dublín.

Fuentes del Ministerio de Trabajo, aseguran que “ninguna personas que llega en patera se está quedando sin plaza” tras las nuevas plazas creadas por el Gobierno. “Otra cosa es que decidan salir del sistema para continuar su ruta”, han apuntado desde la cartera dirigida por Valerio.