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DESALAMBRE

ENTREVISTA | Raquel Reynoso

"Hay supervivientes de esterilizaciones forzadas que aún preguntan si se pueden operar para tener hijos"

Entrevista a Raquel Reynoso, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a las mujeres que fueron víctimas de esterilización forzada durante el gobierno de Alberto Fujimori

"El Estado fue a buscarlas a lo más hondo de las comunidades para esterilizarlas, pero ahora, las mujeres sin recursos deben ir a las ciudades para registrarse como víctimas"

Las víctimas de esterilizaciones siguen reclamando un "juicio justo" contra el expresidente, indultado en diciembre

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Raquel Reynoso. Imagen cedida

Raquel Reynoso. Imagen cedida

Las historias son idénticas desde Piura, al norte de Perú, hasta Cuzco, al sur. Y cada vez más mujeres deciden hablar. Lo narran con dolor y con rabia, cuidadosamente, como si hubiera sucedido ayer. "La enfermera me llevó con ella. No me dejó salir. Me dio algo. Desperté. Me dolía mucho el vientre. No sabía qué había pasado. Me dieron una pastillita y me mandaron a mi casa. Se me me infectaron las heridas. Me habían ligado".

"En Perú hay quien defiende que las hemos adiestrado para decir esto. Es de locos", señala Raquel Reynoso, coordinadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones a Víctimas de Esterilización Forzada. Los relatos se cuentan por miles: más de 100.000 mujeres, en su mayoría indígenas, fueron esterilizadas sin su consentimiento durante el gobierno de Alberto Fujimori. Más de 20 años después, siguen exigiendo justicia y una reparación que no llega.

Lo gritarán en las calles de Lima, durante la marcha que el movimiento feminista ha convocado para el próximo 8 de marzo. Una semana después, la capital será escenario de un encuentro de supervivientes de esterilizaciones forzadas de diferentes regiones del país. "Estas mujeres se sienten abandonadas, marginadas y olvidadas. Una y otra vez se han atropellado sus derechos", critica Reynoso.

La asociación que preside, Servicios Educativos Rurales (SER), brinda apoyo a mujeres indígenas en la lucha por sus reivindicaciones. Reynoso ha visitado España con motivo del lanzamiento de la campaña anual de Manos Unidas, ONG socia con la que trabaja. 

Las trabas en el registro de víctimas

El primer paso para que estas mujeres sean reconocidas como víctimas de esterilización forzada es obtener el papel que las reconoce como tal. A finales de 2015, el Gobierno peruano creó un registro, el Reviesfo, donde hasta octubre apenas se habían inscrito 8.000 víctimas. Esto se debe en parte, a su juicio, a las trabas que deben superar las mujeres para registrarse, ya que tienen que bajar a las oficinas de las capitales desde la montaña.

"Son mujeres con pocos recursos y tienen que gastarse dinero en ir. Eso, las que lo saben, porque el Estado no invirtió dinero en difundir que este registro existe. Es una labor que hacemos nosotras". Así, explica, algunas deciden recorrer el camino a pie o en mula para denunciar que ellas también fueron esterilizadas contra su voluntad.

"El Estado exigió al personal médico cuotas de esterilización y se les decía que fueran a buscarlas a lo más hondo y profundo de las comunidades andinas. Sin embargo, ahora, las mujeres tienen que ir a las ciudades", denuncia Reynoso. "Es como si se hubiera creado para salir del paso, no se dota de recursos suficientes y se encarga a funcionarios que no están acostumbrados a atender estos casos".

Sin fondos para atención psicológica

Uno de los golpes más duros para las supervivientes vino el pasado diciembre, cuando el Ministerio de la Mujer (MIMP) suspendió la asesoría psicológica argumentando falta de presupuesto. "En las postas médicas les dan para todo paracetamol, ibuprofeno… Cuando lo que ellas necesitan es una atención psicológica. Empezaba a darse, pero ya lo han cortado. Y les impide seguir avanzando".

Un fiscal ordena reabrir la investigación por esterilizaciones forzadas en Perú

Un fiscal ordena reabrir la investigación por esterilizaciones forzadas en Perú EFE

Esta es una de las reclamaciones clave cuando las mujeres esterilizadas por la fuerza demandan una "reparación integral". Por ejemplo, en Lima, sostiene Reynoso, hay muchas desplazadas por el conflicto interno que "han perdido su vida" por haber sido sometidas a estas intervenciones quirúrgicas.

"Han sido muy estigmatizadas en sus propias comunidades. Les decían de todo, las llamaban 'caponas' [animales castrados], 'machonas', las agredían verbalmente. Hay mujeres que fueron abandonadas por sus maridos, a otras las maltrataron físicamente".

En muchos casos, estas mujeres también han quedado incapacitadas para poder ganarse la vida como siempre lo habían hecho, sobre todo en el campo o bordando tejidos tradicionales. "Hay mujeres con inflamaciones, dolores en la cintura o a las que se les hincha el pie. Siguen con ese trauma por todo lo que perdieron y dejaron de hacer. Algunas siguen llorando cuando lo recuerdan. Muchas se encerraron en sí mismas y quieren olvidarse de lo que ocurrió. Ha roto con todas sus formas de vida y no se les repara. Tampoco económicamente. Nada. No es justo", recalca.

En ocasiones, los dolores físicos son la secuela principal de la falta de información tras las operaciones: "Muchas eran analfabetas y, frente a los chantajes, no les quedaba más remedio que ceder. Pero no les contaron cómo tenían que cuidarse tras la cirugía y en ningún momento les dijeron que era permanente".

Es el caso de María (nombre ficticio), quien iba acompañando a su tía a un control tras el embarazo y se encontró con una operación de ligadura de trompas, según relata la activista. "Mientras sostenía al bebé, la captó una enfermera y la esterilizó. Era soltera y joven. Ahora tiene 35 años, se ha casado, pero no puede tener hijos. Tiene un dolor y una pena... Pregunta si le pueden operar para poder tener hijos y quiere ir a juicio, pero no tiene recursos suficientes". Esta falta de recursos económicos, asegura Reynoso, impide que muchas puedan llevar su caso a juicio.

El indulto a Fujimori, el último mazazo

Las supervivientes siguen peleando por un "juicio justo" contra Fujimori y los exaltos cargos responsables de estas prácticas. El caso de las esterilizaciones forzadas ha sido archivado en varias ocasiones. El último mazazo llegó la pasada Nochebuena, con el indulto al expresidente que le exime de cumplir el resto de su condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, aunque no por las esterilizaciones. También recibió el derecho de gracia, que impide que sea juzgado en un futuro.

Miles de peruanos marchan contra el indulto a Fujimori y lo consideran "un insulto"

Miles de peruanos marchan contra el indulto a Fujimori y lo consideran "un insulto" EFE

"Estamos muy indignados y convencidos de que fue negociado por los casos de corrupción del Gobierno. Hemos sido engañados vilmente y no se puede tolerar, salimos marcha tras marcha, porque denunciamos que esto fue una política de Estado que se aplicó de forma sistemática", comenta Reynoso.

Las víctimas de esterilizaciones han pedido una audiencia estos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que Perú "cumpla" con juzgar a Fujimori por estos casos.

Pero no desisten. Cada vez son más, están más organizadas y suman fuerzas en encuentros estatales como el que se celebrará el 15 y 16 de marzo en Lima. Mientras, en las comunidades de los Andes donde trabaja Reynoso, las mujeres organizan talleres para llegar a las que están más lejos y lograr que se registren. Otras hacen de traductoras entre los abogados y las víctimas, que solo hablan quechua, para que se conozca su testimonio.

Creían que no iban a hablar y lo hicieron. "Muchas han despertado y reclaman no solo sus derechos, sino los del resto". En una semana,  muchas mujeres pararán y se manifestarán en Perú con un listado de reivindicaciones con motivo del 8M. Entre ellas, que se haga justicia y se repare todo el dolor causado a estas mujeres. Y que nunca se vuelva a repetir.

El plan de Fujimori

Durante la década de los noventa, Alberto Fujimori puso en marcha un Programa de Planificación Familiar que resultó en la esterilización de 314.605 mujeres entre 1995 y 2000, según concluyó el propio congreso peruano en una investigación en 2002. De estas, solo el 10% dieron su "consentimiento genuino", según el Comité Latinoamericano y del Caribe de los Derechos de la Mujer (Cladem). Alrededor de 20.000 hombres también fueron sometidos a estas operaciones.

Al menos 18 mujeres murieron como fruto de las esterilizaciones forzadas, entre ellas, Mamérita Mestanza, una mujer campesina que fue sometida a una ligadura de trompas en malas condiciones cuyo caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y finalizó con un acuerdo de solución amistosa.

Varias organizaciones nacionales e internacionales como Amnistía Internacional denuncian que existen indicios de que el personal médico que aplicó este programa recibía presiones de las autoridades gubernamentales para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado.

Las afectadas procedían en su mayoría de comunidades indígenas en zonas rurales de Perú con escasos recursos económicos y en un contexto de conflicto armado interno, lo que lleva a activistas y organizaciones a denunciar que se trataba de “una política de control demográfico” dirigida a las personas más empobrecidas.

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