Esta semana, el Ayuntamiento de Madrid ha anunciado sus medidas para controlar el desmadre de las viviendas de uso turístico (VUT). Lo ha hecho la misma alcaldesa, Manuela Carmena, que hasta ahora no había estado visible en el debate salvo para subrayar el valor turístico de la ciudad. Lo ha hecho, pues, a lo grande, en boca de su máxima autoridad y figura promocional, supongo que por eso de ganarse los titulares. Prueba superada. Para empezar, porque es ya manifiesta la intención de sortear a la Comunidad de Madrid, que es quien tiene las competencias sobre turismo en general, y sobre VUT en particular, y quien sigue perdida en el atajo que va de la defensa del libre mercado al despropósito.
Mientras Cifuentes prepara una nueva normativa (que tiene mala pinta), Carmena apuesta por regular por la vía de un plan especial que modifique las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Lo fundamental de lo anunciado es la diferenciación entre oferta profesional y particular. Quien viva en su piso y quiera sacarse unas perras a través de las plataformas podrá hacerlo sólo noventa días al año. Quien quiera alquilar un alojamiento completo todo el año se tendrá que dar de alta como actividad turística, uso terciario de hospedaje, y deberá solicitar una licencia similar a la de los hoteles. Para que el reparto de estos alojamientos no colapse barrios concretos, como ahora pasa en el Distrito Centro, se establecerá un cupo por zonas. Para esta parte del asunto, el Ayuntamiento creará un censo de VUT. Finalmente, entre las medidas anunciadas, se ha hablado de seguimiento y vigilancia de quienes incumplan las normas. Todo lo cual suena bien: separar lo que es economía colaborativa de lo que es actividad económica profesionalizada y, a partir de ahí, poner y mantener el orden en beneficio de la ciudad y su diversidad de intereses. Suena bien pero no tanto.
Airbnb ha acogido el paquete de medidas con aplausos y ese lenguaje de apoyo a la clase media que tanto le gusta —“Carmena es la primera política en España en apoyar a las familias madrileñas con reglas claras de home sharing˝—. Esto, para quienes llevan tiempo siguiendo el desarrollo de las trifulcas entre la plataforma y las ciudades, es ya una pista de que lo propuesto puede no funcionar en absoluto. Airbnb —sobre todo, pero también el resto de plataformas—, es conocida por su nula colaboración con las administraciones, por entorpecer la vigilancia del cumplimiento de las normas, negar información necesaria para llevarla a cabo y hasta invertir millonadas —no es exageración: ocho millones de dólares en la batalla contra la regulación en su ciudad de origen, San Francisco— en estrategias de lobby dirigidas por su fichaje estrella para estos menesteres, Chris Lehane, un tipo que ha hecho este mismo trabajo para Bill Clinton, Lance Armstrong y Madonna.
Porque, otra cosa que chirría en lo propuesto es lo del seguimiento y la inspección. No es que las medidas planteadas se hayan concretado mucho, pero lo que queda especialmente en el aire es esto: ¿Cómo se vigila? ¿Hay un sistema informático de monitorización y seguimiento? ¿Se va a obligar a que los anuncios lleven el número de registro (la ley de la Comunidad de Madrid no lo hace y es fundamental)? ¿Se va a contratar a inspectores? ¿Con qué dinero si está el gasto controlado por Montoro? ¿No se estará confiando en la buena fe de las plataformas y en que sean ellas las que sirvan la información?
“Madrid está cometiendo el mismo error que ya han cometido y corregido otras ciudades”. Hablo con Sito Veracruz para compartir mis dudas. Sito, alicantino residente en Ámsterdam, experto en innovación urbana y cofundador de Fairbnb, una alternativa desde lo cooperativo a las plataformas más mercantilistas y voraces, cree que confiar en que éstas controlen los límites de noventa días es perder el tiempo. “Es lo mismo que ha pasado no sólo en Ámsterdam, también en Barcelona y París. Al final, las tres, y otras, se han acabado enfrentado a base de multas a Airbnb y así es como han empezado a poner un poco de orden”. Sito, además, apunta otra posibilidad: que la Comunidad de Madrid recurra la regulación propuesta. “Urbanismo es competencia municipal y está claro que las VUT afectan al urbanismo de la ciudad, pero en el momento en que exiges una licencia de turismo... pues la Comunidad de Madrid va a estar encantada de verte en los tribunales”.
Y aquí es donde invito a participar a mi otro interlocutor en este texto, Alberto Aznar, abogado y doctorando en economía colaborativa y plataformas digitales de la Universidad de Valencia. “En principio, la propuesta está bien porque diferencia entre lo compartido y profesional, pero plantea riesgos, como apunta Sito. ¿A los apartamentos profesionales se les va a pedir una licencia hotelera, más exigente que la actual, por entender que las VUT son como un hotel? Esto es más que probable que lo recurra la CNMC o el gobierno autonómico, como señala Sito, apoyándose en las directivas europeas que liberalizan el inicio de actividades económicas sin necesidad de licencia salvo que haya interés justificado. Y Airbnb probablemente cuenta con estos recursos, y con los de las asociaciones profesionales de VUT, y con que les sean favorables, como ya ha ocurrido en Madrid y en Canarias”.
Por cierto, justo después del anuncio de la capital, el Ayuntamiento de Valencia también ha proclamado sus intenciones para normalizar la situación, una propuesta prácticamente igual a la de Madrid y que parte, explícitamente en este caso, de una próxima reunión con Airbnb. Habrá que ver cómo se desarrollan las cosas en ambas ciudades en los próximos meses.
Esperemos que bien, iba a escribir, pero la realidad es que no podemos esperar más. Para cada vez más gente, vivir en las ciudades se han convertido en un privilegio, el acceso a la vivienda se ha puesto imposible y la implantación desordenada de las VUT es en buena parte responsable de todo ello. Se entiende que, como tantas otras cosas que tienen que ver con los desarrollos tecnológicos acelerados que vivimos, esto ha pillado a legisladores de todo el mundo por sorpresa. Pero no se entiende, en cambio, que los lugares que proponen ahora medidas no hayan aprendido de lo que ha pasado en otros y hayan empezado el camino desde ahí. No sé, a veces uno imagina que en los despachos de algunos de los que gobiernan desde hace poco hay un guindo y que cada día se oyen detrás de la puerta los golpes de las caídas. En mi imagen, los que mandan tienen colchoneta para no hacerse mucho daño. En la vida misma, la gente se está quedando sin parapeto.
