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Deliveroo se enfrenta a un macrojuicio por sus repartidores en Madrid en una semana crítica para las plataformas

Este viernes se celebra el juicio a raíz de la demanda de la Seguridad Social contra Deliveroo por los 500 falsos autónomos detectados por la Inspección en Madrid

La Tesorería exige a la empresa "algo más de 1,2 millones de euros" en materia de cotizaciones sociales, según explicaron a este medio fuentes de Deliveroo

Esta semana ha sido clave en el conflicto laboral sobre las plataformas digitales, tras la muerte de uno de sus mensajeros, de Glovo, que no estaba registrado

Tres miembros del equip impulsor de la cooperativa de reparto de comida a domicilio

Macrojuicio de Deliveroo en Madrid por 500 falsos autónomos. Tomeu Ferrer

Semana clave para las plataformas digitales. La muerte de un repartidor, que portaba una mochila de Glovo, el sábado disparó de nuevo las denuncias contra el modelo laboral de estas empresas de reparto que se basan en aplicaciones digitales. A mitad de semana, la empresa dirigida por Oscar Pierre reconocía además que el mensajero no estaba registrado y que creía que estaba repartiendo con la cuenta de otra persona. Además este viernes llega una importante cita, en este caso para Deliveroo: la multinacional está emplazada a un macrojuicio, tras una demanda de la Seguridad Social, por los alrededor de 500 repartidores en Madrid que la Inspección de Trabajo consideró falsos autónomos.

Este juicio debería haber sido el primero de la Administración contra la empresa británica de reparto, ya que estaba convocado para el pasado 17 de diciembre, pero fue aplazado hasta este viernes 31 de mayo. En este tiempo, ha tenido lugar el juicio en Valencia de las mismas características, tras la demanda de la Tesorería General de la Seguridad Social por los casi 100 riders –como también se conoce a estos repartidores– que la autoridad laboral concluyó que la plataforma tenía como falsos autónomos en Valencia.

El proceso judicial es muy relevante para el conflicto laboral en estas empresas de reparto a domicilio en el que las compañías –Glovo, Deliveroo, Uber Eats, entre otras– defienden que sus mensajeros tienen una flexibilidad y libertad en su trabajo que justifica su condición de autónomos, mientras que los sindicatos y colectivos de repartidores como RidersxDerechos sostienen que las plataformas deberían hacer contratos laborales y cumplir con sus obligaciones como empleadoras.

La relevancia de un proceso colectivo

Esta confrontación ha sido ya analizada por los tribunales, pero en casos de denuncias individuales de mensajeros de Deliveroo y Glovo, en los que existen tanto sentencias que reconocen la relación laboral entre las partes como otras en las que aceptan la vinculación de los repartidores como autónomos. La última, conocida esta semana y difundida por Glovo, respalda el modelo de autónomos en un caso en Barcelona.

Lo destacado en el juicio de este viernes en Madrid, como en el ya celebrado en Valencia, es que afecta a la totalidad de repartidores de esas ciudades sobre los que se pronunció la Inspección de Trabajo. Las empresas están recurriendo las actas de la autoridad laboral en las diferentes ciudades y, fruto de esa situación, los casos están llegando a los tribunales con la demanda de la Seguridad Social de que las compañías cumplan con la cotización adeudada.

La Tesorería General de la Seguridad Social exige a Deliveroo "algo más de 1,2 millones de euros" en materia de cotizaciones sociales no pagadas al tener a sus trabajadores en Madrid como autónomos, según afirmaron fuentes de la compañía a eldiario.es.

Al juicio están citados los alrededor de 500 repartidores incluidos en la investigación de la Inspección de Trabajo, que tienen derecho a ser parte del proceso judicial. Algunos están asesorados por RidersxDerechos, el sindicato UGT, que ha logrado dos sentencias contra el modelo laboral Glovo, y el despacho de abogados Colectivo Ronda, especializado en el ámbito laboral, entre otros.

Deliveroo afronta el juicio de este jueves con una defensa de la flexibilidad de su modelo laboral. "Los usuarios no tienen la obligación de iniciar sesión en nuestra aplicación ni de aceptar pedidos (los riders pueden rechazar pedidos)", afirma la compañía en un documento explicativo de cara a la cita en los tribunales. "Los riders deciden cuándo y dónde trabajan, pudiendo cambiar de planes cuando lo consideren, y pudiendo trabajar para varias compañías al mismo tiempo", añaden. 

Las plataformas, bajo el foco

El juicio llega en una semana clave para estas plataformas, en las que las críticas ya existentes sobre su modelo laboral se han disparado por el fallecimiento de uno de sus mensajeros. Repartidores de plataformas se han manifestado a lo largo de la semana en varias ciudades, aunque principalmente en Barcelona. Este jueves, riders de Glovo han exigido a la Administración que actúe: "El modelo que propicia la empresa mata".

La muerte del joven mensajero, de 22 años y procedente de Nepal, también ha llevado a primer plano la precariedad en la que viven algunos repartidores, en especial migrantes sin papeles: el reparto a través de cuentas alquiladas o cedidas por otras personas. Glovo ha reconocido la existencia de esta situación, ya denunciada en los medios desde hacía mucho tiempo, dado que el chico fallecido era una de estas personas y no estaba registrado en la plataforma.

Aunque estas cuentas subarrendadas se convierten en un acceso a ingresos para los que recurren a ellas —muchas veces debido a las trabas para acceder a un trabajo legal—, dejan a los mensajeros en una situación de gran vulnerabilidad. Suelen recibir solo una parte de lo que la plataforma paga al verdadero titular de la cuenta y no tienen ningún tipo de protección laboral, clave en muchos casos, como en accidentes.

UGT ha denunciado ante la Fiscalía a Glovo para que investigue la muerte de este mensajero, sobre la que cree que se está intentando "lavar las manos" al apuntar que no tenía una cuenta propia. En el sindicato considera que la compañía catalana "incumple varios artículos del Código Penal" en materia de delitos contra los derechos de los trabajadores por lo que confía en que el Ministerio Fiscal actúe.

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