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Primer juicio colectivo contra Deliveroo por emplear a 97 'riders' como falsos autónomos en València

La Seguridad Social reclama 169.000 euros a la compañía por detectar que sus repartidores debían haber sido contratados en el régimen general

Uno de los 'riders' afectados asegura que lo máximo que llegó a cobrar fueron 185 euros por dos semanas de trabajo a razón de 20 horas a la semana

Varios 'riders' afectados antes del juicio

Varios 'riders' afectados antes del juicio

"Cada semana cambiaban las condiciones laborales a nivel de horarios y remuneraciones, lo máximo que llegué a cobrar quincenalmente fueron 185 euros por 20 horas de trabajo a la semana, la mayoría de ellas los fines de semana".

Así se ha pronunciado José Forés, un valenciano de 23 años que empezó a trabajar para Deliveroo como rider en julio de 2016.

Él es uno de los 97 trabajadores que la Seguridad Social, tras una inspección realizada en septiembre de 2017, detectó que trabajaban como autónomos en València cuando, según el criterio del organismo, deberían estar contratados en el régimen general.

Por este motivo la Tesorería levantó un acta de liquidación de 169.000 euros. Sin embargo, la empresa recurrió y este lunes ha arrancado el primer juicio colectivo contra Deliveroo en España para determinar si efectivamente los repartidores estuvieron trabajando como falsos autónomos.

Fuentes sindicales (está personada Intersindical Valenciana en representación de los riders) han comentado que la empresa ha tratado de aplazar el juicio alegando falta de pruebas, pero que finalmente la vista ha arrancado y se está desarrollando en estos momentos.

Precisamente en València ya se ha producido una sentencia en este sentido tras la denuncia particular de Víctor Sánchez, un repartidor de la empresa que logró un fallo judicial favorable que puede ser decisivo en este juicio y en todos los que vendrán, puesto que al juicio colectivo de València le seguirán otros similares en Madrid y Barcelona.

Además, tras la sentencia Deliveroo renunció a recurrir y asumió así el fallo que reconoció a Víctor como falso autónomo, debiendo readmitirle o indemnizarle con unos 700 euros por despido improcedente.

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