El Gobierno espera ahorrar 250 millones en gasto farmacéutico con medidas como las subastas de medicamentos

El Gobierno prevé un ahorro público de 50 millones de euros este año en gasto farmacéutico y 200 en 2020, según recoge el plan presupuestario enviado por el Gobierno en funciones a Bruselas para el año que viene. Para ello aplicarán las recomendaciones al respecto de la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF), que incluyen las subastas de medicamentos con receta, similares a las que se utilizaban en Andalucía. El organismo también instaba a equiparar el pago de medicamentos entre activos y pensionistas según su renta, aunque esta opción no se menciona en el documento remitido a Bruselas y sí la de las subastas.

“Los 250 millones de euros de ahorro en los medicamentos (la suma de 2019 y 2020) se deben a la implantación de las recomendaciones de la AIReF en su conjunto. Es decir, no es solo por las subastas, sino una mejora en la eficiencia basada en la implementación del conjunto de recomendaciones de la AIReF”, explican a eldiario.es fuentes de Hacienda. Los 50 millones previstos ya en 2019 se explican porque algunas comunidades autónomas han incluido en sus PEF (Programas Económico Financieros) medidas de eficiencia basadas en dichas recomendaciones que tendrán impacto ya en este año.

Estas recomendaciones del organismo de fiscalización creado en 2013 a instancias de Bruselas están dentro del primer análisis detallado de las subvenciones que se conceden en España (spending review). Se trata de 30.000 millones de euros anuales concedidos por administración central, comunidades y ayuntamientos de los que 14.000 han sido objeto de estudio, y que según la AIReF carecen de estrategia ni control posterior.

En el plan presupuestario remitido a la Comisión Europea se incluye por primera vez la opción de aplicar en toda España el sistema de subastas de medicamentos y que prevé bloquear en Andalucía el nuevo gobierno dirigido por el PP, Ciudadanos y Vox. Este sistema, que aprobó la Junta en 2011, supone comprar a gran escala aquellos medicamentos que más suelen ser prescritos en la red sanitaria pública para conseguir reducir el gasto farmacéutico, ajustando el precio a la baja con los laboratorios. El que ofrezca el precio menor, se lleva la concesión.

Andalucía ha ahorrado 560 millones de euros con este sistema entre 2012 y 2017, un 5,6% del gasto en medicamentos con receta dispensada por el sistema andaluz de salud en esos cinco años, que asciende a 10.020 millones de euros. El organismo que preside José Luis Escrivá calcula que los márgenes de rentabilidad se han estrechado en las farmacias andaluzas frente a las del resto de España donde no se producen subastas, pero solo en el 20% de las farmacias con un mayor margen, es decir, las más grandes. Estas farmacias con más rentabilidad la han visto reducida en un 15%.

Además, la Autoridad Fiscal recomendaba equiparar el pago de medicamentos entre activos y pensionistas según su renta. Consideran que el actual esquema de subvención de medicamentos en España penaliza a los trabajadores activos con bajos ingresos que por sus circunstancias de salud están abocados a consumir mayor cantidad de fármacos. Esta discriminación, señalan, se produce frente a pensionistas de ingresos similares o incluso superiores. Este aspecto no se menciona en el plan presupuestario del Gobierno.

Los planes de ahorro en medicamentos no son del agrado de la industria farmacéutica, que ya ha alertado del “grave daño” que puede suponer para el sector establecer medidas como una subasta de medicamentos nacional. Para la patronal de la industria farmacéutica en España, Farmaindustria, estas y otras medidas de ahorro supondrían un “claro perjuicio” para las inversiones en I+D biomédica. Aseguran que el análisis de la AIReF “deja de lado” los aspectos relacionados con la salud, la calidad de vida y el interés de los pacientes para “centrarse de forma exclusiva en la reducción de costes a corto plazo, sin reconocer los beneficios que los medicamentos innovadores suponen para la sociedad”.

Asimismo, el plan presupuestario para 2020 se refiere a un ahorro en los incentivos a la contratación, que suponen una minoración para los ingresos de la Seguridad Social. La implementación de las recomendaciones de la AIReF supondrán un ahorro de 500 millones y por tanto una mejora en los ingresos por cotizaciones. En España el 40% del gasto en políticas activas de empleo (que ascienden en total a entre 6.100 y 6.500 millones) se destina a dichos incentivos, frente al 20% de países como Alemania. La AIReF cuestiona la eficacia de estas políticas y prepara recomendaciones específicas sobre los incentivos a la contratación el año próximo. El organismo ha efectuado otros informes sobre temas como gasto en Correos, ayudas a la vivienda o políticas de empleo.

Gasto e ingresos públicos por debajo de la media europea

El plan remitido a Bruselas está marcado por las limitaciones de un Gobierno en funciones que no puede aprobar unos Presupuestos Generales del Estado (siguen prorrogados los de Cristóbal Montoro) y que tiene limitada su actuación al despacho de asuntos ordinarios, salvo casos de urgencia o por razones de interés general debidamente acreditados.  El motivo por el que sí se ha incorporado el impacto de la puesta en marcha de algunas de las recomendaciones formuladas por la AIReF en el marco del proceso de revisión del gasto público es que “este proceso es un compromiso del Reino de España con sus socios comunitarios y se considera que se ejecutarán en cualquier escenario futuro”, afirma el texto.

La previsión de ingresos respecto a PIB en 2019 y 2020 es de 39,9 y 39,6% y la de gastos de 41,3% y 41,2%. Esto implica que España seguirá por debajo de la media europea en ambos casos, como ya estaba previsto en la actualización del programa de estabilidad remitido a la Comisión Europea el pasado mayo. Las partidas dedicadas a Sanidad (5,9% del PIB en ambos ejercicios) y Educación (4% del PIB) siguen estando especialmente penalizadas y se sitúan alrededor de un punto por debajo de la media europea en ambos casos, según los datos de Eurostat. Respecto a la estimación que envió a Bruselas, tanto los ingresos como los gastos se han elevado porcentualmente.