Los ingresos y gastos públicos en España seguirán por debajo de la media europea al menos hasta 2022
Los ingresos y los gastos públicos, en definitiva el tamaño del Estado, es menor en España que en la media de los países de la Unión Europea, una diferencia aún más amplia si se compara solo con el resto de los miembros de la zona euro. Una circunstancia que contrasta y contextualiza el discurso que defiende que en España se pagan demasiados impuestos o que el desembolso de las administraciones públicas es inasumible.
Así, en 2018, España obtuvo un 38,9% de su PIB en recaudación (a través de impuestos, cotizaciones sociales o rentas de la propiedad), mientras que la media de los 28 países de la UE fue del 45% y del 46% del PIB en el territorio de la moneda única. La presión fiscal fue del 35,1% en España el año pasado. En 2017 (últimos datos proporcionados por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat) la media fue del 41,4% de la zona euro y del 40,2% de la UE.
El país con mayores ingresos es Francia (un 53,5% de su PIB), y están por encima del 50% en Finlandia, Dinamarca, Bélgica y Suecia. Del lado contrario contrario se coloca Irlanda, Rumanía, Lituania, Bulgaria, Letonia, Malta y España, con porcentajes entre el 25,8% del PIB irlandés y el 38,9% español. En general, los países del Este y las islas son los que tienen unos impuestos más bajos, un modelo que proponía importar parcialmente el PP en su programa electoral.
En lo que se refiere a los gastos públicos, que son los que dan medida del tamaño de los estados, se repite el mismo esquema. Francia vuelve a ser el país europeo más destacado (56% de su PIB), seguido por Finlandia, Bélgica y Dinamarca (todas por encima del 50%).
España de nuevo ser uno de los países europeos con menor relevancia en esta clasificación, de nuevo acompañado por las islas y los países del este. En 2018, este gasto ascendió en España al 41,3% del PIB. En nuestro país, el gasto público se dedica sobre todo a la protección social (prestaciones por desempleo o pensiones), seguido de salud, servicios públicos generales, educación, asuntos económicos, y orden público y seguridad. Entre 2012 y 2017, cayó un 4,4%, en parte por los recortes y en parte por la bajada del PIB, a pesar de los pagos de la deuda del rescate bancario.
Los planes hasta 2022
El Programa de Estabilidad 2019–2022 que ha enviado el Gobierno a Bruselas esta semana sitúa los gastos e ingresos públicos sobre PIB en el 40,7% dentro de tres años, en equilibrio presupuestario. En caso de que los porcentajes de media comunitaria y de la zona euro no varíen demasiado (tal y como ha ocurrido en los últimos años, según Eurostat), España caerá aún más en la la clasificación según porcentaje de PIB dedicado a ingresos y gastos públicos.
Para conseguir este equilibrio, el Gobierno socialista se compromete a elevar los ingresos en más de 20.000 millones de euros al año en 2022. Para conseguirlo, los de Pedro Sánchez cuentan con que la economía española siga creciendo (frente a la interpretación de PP y Ciudadanos que se nutrirán de una especie de “subida secreta” de impuestos para todos los españoles).
Pero también cumplirán con su programa previsto desde hace varios meses, que incluye la creación de nuevas figuras impositivas que ya preveía el PP, como son el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (1.200 millones) y el Impuesto sobre Transacciones Financieras (850 millones) o la subida del IRPF a las rentas de más de 130.000 euros y 300.000 euro anuales. En total, un impacto de 5.654 millones de euros por ejercicio. Así, la mayor parte del ajuste se fía al crecimiento económico y del empleo, que implica más cotizaciones sociales y más recaudación.
Además, han encargado a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) un estudio sobre las bonificaciones fiscales, que en el caso del impuesto de Sociedades son una de las verdaderas causas de la baja recaudación, más allá del establecimiento de tipos mínimos.
Este mismo mes la Comisión Europea responderá a España y al resto de los países de la UE con su opinión sobre el Programa de Estabilidad y Plan Nacional de Reformas. En su caso, emitirá recomendaciones y explicará si a su juicio los planes del Gobierno son plausibles o si creen que deben adoptarse otras medidas de ingresos y gastos más contundentes.
