Los autónomos podrán cobrar el paro hasta 5 años después de haber iniciado una actividad

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha presentado hoy a los autónomos un mecanismo para reforzar la denominada “segunda oportunidad” con el fin de permitir la reanudación del cobro de la prestación por desempleo hasta cinco años después de haber iniciado una actividad por cuenta propia.

Empleo ha informado en un comunicado de las nuevas medidas que prepara el Gobierno en apoyo a los autónomos y la economía social tras la reunión que la ministra Fátima Báñez ha mantenido hoy con los representantes de Cepes, ATA, UPTA, CEAT, Uatae y Fopae.

El Gobierno propone para los autónomos ampliar a todos los grupos de edad la posibilidad de compatibilizar la prestación del desempleo con el inicio de una actividad emprendedora durante un máximo de nueve meses.

En cuanto a la economía social, el Gobierno ha planteado medidas para facilitar la incorporación de nuevos socios a estas empresas y para ello ampliará las bonificaciones para los jóvenes y creará una nueva para mayores de 30 años.

Estas propuestas, según Empleo, tienen como objetivo dotar de una “mayor transparencia y seguridad jurídica” a los incentivos que afectan al trabajo por cuenta propia y la economía social.

Respecto a los autónomos, con independencia de su edad, Empleo propone que puedan capitalizar en un pago único hasta el 100 % de la prestación por desempleo.

Además, los trabajadores por cuenta propia que se han acogido a la tarifa plana de 50 euros de cotización a la Seguridad Social podrán contratar sin perder los incentivos del autoempleo.

En este sentido, el Gobierno defiende incluir a las víctimas del terrorismo y de la violencia de género en los supuestos de la tarifa plana y se extienden los incentivos para las personas con discapacidad.

Empleo ha planteado también medidas de apoyo para la economía social, que define como “una fuente de creación de empleo estable” y una “importante plataforma” de acceso al trabajo para personas con dificultades de inserción laboral o que se encuentran en riesgo de exclusión.

El texto ampliará las bonificaciones existentes para facilitar la transición de los trabajadores desde las empresas de inserción a las sociedades ordinarias.

Asimismo, reconoce a los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cooperativas y las sociedades laborales como “servicios de interés económico general”.

Báñez también ha anunciado que el Gobierno prepara una nueva ley para las sociedades laborales y participadas para adaptar estas empresas “a la nueva realidad económica”.

De esta manera, el texto propuesto define a las sociedades laborales como entidades mercantiles en las que al menos el 50 por ciento de los trabajadores deben ser socios y poseer, al menos, el 50 por ciento del capital social y el 50 por ciento del derecho a voto.

La empresa participada será la que, sin cumplir los requisitos anteriores, promueva la participación de los trabajadores.

En relación a estas sociedades, el Gobierno propone simplificar los requisitos para su creación y favorecer que los trabajadores tengan mayor protagonismo en la toma de decisiones, entre otras medidas.