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Calviño lleva a Bruselas la ampliación del periodo de cálculo de la pensión apoyándose en el Pacto de Toledo aunque éste no lo recoge expresamente

El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Domvrobskis, y la vicepresidenta económica española, Nadia Calviño.

¿Por qué el Gobierno ha llevado a Bruselas "la posibilidad de ampliar el periodo de cálculo de la pensión"? Según la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, "el contenido de esa ficha correspondiente al refuerzo del sistema de pensiones recoge los principios de la acción de Gobierno". No obstante, en esa acción de Gobierno los ministros de Unidas Podemos ya han expresado su oposición, lo que complica una posterior aprobación parlamentaria de esa medida. Calviño, además, ha afirmado en Bruselas tras reunirse con los comisarios económicos del Ejecutivo comunitario: "El mensaje que desde el Gobierno hemos querido lanzar es el de la protección de la capacidad adquisitiva de las pensiones ahora y, sobre la base del diálogo social, seguir reforzando nuestro sistema y garantizar la sostenibilidad en el largo plazo". Sin embargo, en ese diálogo social, ya sabe que los sindicatos se han manifestado en contra también.

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La vicepresidenta, también, ha afirmado que la idea de ampliar los años para calcular las pensiones emana de "las orientaciones marcadas por el acuerdo del Pacto de Toledo". Pero la ampliación del periodo de cálculo, que estaba presente en los borradores que manejaba el Pacto de Toledo hasta muy avanzadas las negociaciones, en el texto definitivo que aprobó la comisión y el Pleno del Congreso ya no figuraba. 

En textos previos, se emplaza al Gobierno a analizar el impacto de la ampliación del periodo de los 15 a 25 años y añadía: "Dicha evaluación debe contemplar, también, la posibilidad de efectuar futuras ampliaciones del periodo de tiempo que se tiene en cuenta para el cálculo de la base reguladora, alcanzando incluso, en su caso, la totalidad de la vida laboral, así como la posibilidad de que el pensionista pueda escoger aquellos años de su carrera de cotización que le sean más favorables". 

La frase se recortó y, finalmente, el texto aprobado se quedó solo con la segunda parte: "Dicha evaluación debe contemplar, también, otras medidas como la facultad de elección de los años más favorables en la determinación de la base reguladora de la pensión". 

Una medida que sí plantea el Pacto de Toledo –y que a veces se confunde con el periodo de cotización para el cálculo– es la posibilidad de ampliar el tiempo cotizado para acceder al 100% de la pensión. En 2020 se tiene que haber cotizado 36 años para alcanzar el 100%. Con 15 años, se tiene derecho al 50% de la base reguladora. Las recomendaciones de la comisión plantean la posibilidad de ampliar estos años, pero no se refieren al periodo de cálculo. 

Ampliar los años cotizados para el cálculo de la pensión es una medida controvertida. Por un lado, se suele decir que hace más contributivo el sistema: si se tienen en cuenta más años de la vida laboral de una persona, el sistema de pensiones le devuelve una pensión más ajustada a lo que ha aportado. Por otro lado, también puede conllevar recortes en la pensión, ya que tradicionalmente los trabajadores alcanzan mejores salarios al final de su carrera. Así, si se incluyen más años en el cómputo, se suelen incluir salarios inferiores y las pensiones luego son más bajas. 

Esto no es siempre necesariamente así. De hecho, la pasada crisis económica dejó importantes 'agujeros' de cotización en muchas carreras laborales y ampliar los años de cálculo podría beneficiar a personas que se quedaron en paro a edades avanzadas. Más aún si, como ha recomendado el Pacto de Toledo, se permite eliminar ciertos años del cómputo. 

Otra cuestión relevante es el posible perjuicio que tienen estas ampliaciones en la brecha de género en las pensiones, ya que las mujeres suelen tener más interrupciones de su carrera laboral, sobre todo debido a la maternidad y el cuidado. 

Ampliación expresa del Gobierno

El Gobierno sí contempló hasta el último momento enviar a Bruselas una propuesta de reforma de las pensiones que recogiera expresamente un aumento de 25 a 35 del número de años cotizados para calcular la prestación a cobrar al llegar a la jubilación. Así consta en la penúltima versión de las fichas que el Ejecutivo ha remitido a la Comisión Europea, a la que ha tenido acceso elDiario.es y que se distribuyó en las últimas semanas de 2020. La versión definitiva que se ha enviado a Europa ya no recoge esta precisión, aunque sí mantiene la intención de ampliar los años de cálculo.

"Se plantea ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión de jubilación, pasando de los 25 últimos años de referencia en 2022 hasta un máximo 35 años de manera progresiva", aseguraba la descripción de la reforma en su penúltimo borrador. El texto continúa: "Contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora cuando se supere este umbral junto con una revisión del procedimiento de integración de lagunas".

Plan de recuperación

La vicepresidenta Calviño, además, ha explicado tras las reuniones de este jueves con representantes de la Comisión Europea, que el Gobierno seguirá trabajando "en las próximas semanas" para perfilar los detalles de las reformas incluidas en el plan de recuperación español, cosa que el Ejecutivo comunitario ha reclamado a los Gobiernos.

"Lo que haremos en las próximas semanas es seguir trabajando con la Comisión Europea precisamente para concretar los elementos que faltan relacionados, por ejemplo, con ese calendario de objetivos e hitos que tenemos que ir desplegando en los próximos años y otras cuestiones sobre las que seguiremos trabajando", ha dicho en Bruselas.

Calviño se ha reunido con los vicepresidentes económico y de Competencia del Ejecutivo comunitario, Valdis Dombrovskis y Margrethe Vestager, y con los comisarios de Economía y Presupuestos, Paolo Gentiloni y Johannes Hahn, entre otros.

Los encuentros, según Calviño, se han producido "en un ambiente tremendamente positivo y constructivo" en el marco de "preparar la fase final del plan de recuperación", que incluye reformas e inversiones para recibir hasta 140.000 millones en transferencias y créditos europeos.

Abstención clave de Vox

Al ser preguntada por si se ha sentido cómoda con la abstención clave de Vox para sacar adelante el real decreto para la gestión de los fondos europeos, ante el voto contrario de aliados como ERC y de la oposición por la derecha –PP y Ciudadanos–, Calviño ha evitado responder a la pregunta y ha contestado: "Me cuesta mucho entender que no haya contado con el apoyo unánime de todos los grupos políticos dado que se trata de una cuestión tan importante para el bienestar de los españoles, un hito importante para poder empezar a desplegar de forma eficaz el plan de recuperación".

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Publicado el
28 de enero de 2021 - 21:05 h

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