China afronta su reto más inesperado: tener que legislar las herencias de la élite

“Crecer primero, distribuir después”. Esta ha sido la premisa que, a lo largo de las cuatro últimas décadas, ha imperado en China y ha convertido al país en la segunda potencia económica mundial. Este éxito, sin embargo, ha situado al gigante asiático en un punto de inflexión. El Partido Comunista Chino (PCCh) debe gestionar la primera gran transferencia de riqueza privada entre generaciones de la historia del país sin generar más desigualdad, al tiempo que promueve la “prosperidad común”. Todo un reto existencial para la propia organización comunista.

El asunto no es menor y moldeará la estructura social del coloso asiático en los próximos años. Tener una fortuna que legar —sea grande o pequeña— o redactar un testamento son conceptos novedosos en China, que no dispone de un marco legal completo sobre sucesiones y patrimonio acumulado. Una carencia que deben subsanar los dirigentes de Pekín, que llevan décadas discutiendo como gravar la acumulación de capital. Un horizonte que choca con las directrices del presidente Xi Jinping, quien impulsa el concepto de “prosperidad común” para lograr un país más rico y poderoso capaz de cerrar la brecha de riqueza que divide a la población.

La urgencia del debate nace de una realidad demográfica y biológica ineludible. La primera generación de empresarios surgió a partir de 1978, tras las reformas impulsadas por Deng Xiaoping. Muchos de ellos transformaron pequeños talleres familiares en conglomerados globales que hoy exportan al mundo entero. Sin embargo, no fue hasta los años noventa, cuando se permitió la propiedad de la vivienda, que la población empezó a acumular activos. Ahora, esta generación ha alcanzado la edad de jubilación o ha empezado a fallecer, lo que sugiere que en los próximos años habrá un aluvión de traspasos de patrimonio.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. Según la revista Hurun, que confecciona la lista de los empresarios más ricos de China, la magnitud de esta transferencia será colosal. En 2025, el país contaba con 1.110 milmillonarios, de los cuales el 98% se hicieron a sí mismos. El 49% tiene más de 60 años y un patrimonio superior a 720 millones de dólares. El 10% de la población posee el 70% de la riqueza privada del país y prácticamente ninguna de esas fortunas es heredada. Se estima que entre 2025 y 2035, los multimillonarios chinos transmitirán un patrimonio neto superior a los 2 billones de dólares, según The Economist.

Muchas de estas transferencias no tendrán una gestión fácil. Las complicaciones en las herencias han aumentado en paralelo al crecimiento del país. Los problemas eran irrelevantes en 1978, cuando el patrimonio familiar promedio apenas llegaba a 1.500 dólares; ahora que ha alcanzado los 170.000 dólares los litigios son constantes. Esta mejoría económica, unida a las lagunas legales, está en el origen de numerosos conflictos judiciales. La ley china divide los bienes a partes iguales entre padres, cónyuges e hijos (incluidos los extramatrimoniales) pero a ellos se suman quienes desean legar su patrimonio a nietos o parejas no casadas. Una realidad que complica las adjudicaciones de herencias.

Algunos contenciosos actuales ya avanzan estas tensiones. Ese es el caso de la herencia del grupo de bebidas Wahaha, creado por el multimillonario Zong Qinghou. Su hija, Zong Fuli, heredó el emporio tras la muerte de su padre en 2024. Un año después, tres presuntos hermanastros impugnaron sus derechos y reclamaron más de 2.000 millones de dólares. La batalla legal aún no se ha resuelto.

Pero China vive una realidad económica compleja. Junto a esas élites convive un país cuya economía sigue sin despegar, con un desempleo juvenil que supera el 16% y un consumo estancado porque a las familias les cuesta llegar a fin de mes. El PCCh se opone a una redistribución significativa por temor a que las ayudas sociales vuelvan perezosa a la gente. Xi Jinping prefiere apostar por un crecimiento económico mediante el cual las ganancias se distribuyan de manera más equitativa y enriquezcan a toda la población.

Este contraste social vaticina una transición abrupta. Sugiere que los chinos están pasando de una era en la que creían que cualquiera podía prosperar trabajando duro, a otra en la que asumen que las conexiones y los orígenes familiares son las claves de la riqueza. Un cambio que avanza una fractura social más profunda.

Actualmente, China no cuenta con impuestos de sucesiones ni sobre la propiedad. El dedicado a las ganancias de capital está plagado de exenciones y el de la renta cuenta con un mínimo exento tan elevado que el 90% de los ciudadanos no paga. Esto, combinado con los recortes a los impuestos al consumo, ha provocado que la recaudación fiscal haya disminuido del 18% al 13% del PIB en la última década. Una realidad que Pekín quiere modificar gravando el capital.

Las autoridades discuten una normativa que intenta responder a esa dualidad china. La idea es utilizar ese capital para financiar la autosuficiencia tecnológica y la transición energética. Pero les inquieta la reacción del sector privado, responsable del 80% del empleo y del 60% del PIB. Temen que paralice las inversiones o genere una fuga de capitales.

Sin embargo, la cuestión es más política que económica. Una tributación eficaz sobre las herencias requiere transparencia y la divulgación del patrimonio es uno de los asuntos más delicados del país. Sin registros de propiedad transparentes ni mecanismos de auditoría independientes, resulta muy difícil implementar un sistema impositivo eficaz.

Además, en China la riqueza a menudo está ligada al poder político. Muchos funcionarios poseen múltiples propiedades de origen opaco. Implementar este control obligaría a las élites a reconocer una corrupción que podría desencadenar disturbios y la pérdida de confianza de la población. Un escenario temido por el PCCh.

En definitiva, en China no solo está en juego el dinero de las familias más poderosas. El país se halla ante una gran transferencia patrimonial sin herramientas para gestionarla. Si se hace sin control, no solo se heredará riqueza, sino una sociedad mucho más desigual, descontenta y proclive a las protestas.