Condicionar los ERTE a la formación, punto de fricción de la última prórroga por la pandemia

Negociación y primeros roces sobre la última prórroga de los ERTE por la pandemia. Al menos, así se espera. El Gobierno propuso este martes que los ERTE motivados por la crisis del coronavirus puedan extenderse hasta el 31 de enero, de manera que incluya la campaña navideña. En esta prórroga, el Ejecutivo ha planteado a los agentes sociales que haya un cambio de modelo, de “transición” o “piloto” a los futuros ERTE permanente. Su intención pasa por condicionar las ayudas a las empresas en ERTE a presentar un plan de formación para los trabajadores afectados, que sea sufragada en una parte por las compañías aunque “el grueso” salga del Estado. Los empresarios rechazaron ayer el modelo y en los sindicatos tampoco convence del todo aplicar el cambio en estos momentos.

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha defendido este miércoles en una entrevista en TV3 que la formación sea requisito para mantener los ERTE con exoneraciones. “Queremos que sea una condición, por eso hay que abrir un nuevo expediente, las empresas tienen que presentar un plan de formación. Tiene todo el sentido en el punto en el que estamos”, ha sostenido. La nueva prórroga no será automática, sino que requerirá que las compañías vuelvan a solicitar los expedientes para que haya un mayor control de la autoridad laboral y se pueda detectar mejor los casos de fraude.

Dado que en la actualidad se están levantando la mayoría de restricciones por la pandemia, el Gobierno advierte de que el contexto es diferente y considera necesaria más implicación de las compañías que continúen protegidas por los ERTE, que cuenta con altas ayudas a la cotización.

La idea inicial es que el Estado sufrague “el grueso” de la formación, pero que una parte salga de las propias compañías en ERTE, que deberían diseñar un plan de formación específico para su plantilla dentro de los expedientes y que este sea autorizado por la autoridad laboral, según ha explicado el ministro esta mañana. Los ERTE por impedimento, es decir, aquellos en los que las empresas tienen que cerrar sus negocios por orden de la Administración, seguirían teniendo ayudas en cualquier caso, según ha podido saber este medio.

En este último tramo de los expedientes por la pandemia, el Ejecutivo defiende que hay que centrarse en la formación de los trabajadores para asegurarles una salida laboral, ya sea en las mismas empresas y sectores, o en otros en caso de que estos no puedan volver a la actividad previa a la pandemia. Así lo ha indicado también la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El Gobierno no da cifras, pero reconoce que hay una parte de las algo más de 200.000 personas en ERTE que no podrán volver a sus puestos de trabajo después de más de año y medio desde el inicio de la emergencia desatada por el coronavirus. Sí se ha logrado para la inmensa mayoría de las personas protegidas en ERTE, más del 90% de las 3,4 millones que llegaron a estar bajo este esquema, que se considera un “éxito” en la gestión de la pandemia.

La polémica: condicionar los ERTE ahora

La apuesta por la formación es compartida por los agentes sociales, ha explicado por su parte Unai Sordo, secretario general de CCOO, este miércoles. Un modelo de flexibilidad interna en las empresas y de formación para los trabajadores forma parte del debate sobre el futuro modelo de ERTE permanente que se discute en la mesa de diálogo social sobre la reforma laboral. “La polémica” al respecto, ha sostenido el líder de CCOO, se centra en si ahora es el momento de comenzar a aplicar esta nueva perspectiva.

“A veces una buena idea puesta en la mesa fuera de tiempo se convierte en un a mala idea”, ha advertido Unai Sordo. “Estamos en una renovación para cuatro meses por delante”, ha recordado. “Una idea que es buena, si la sacamos ante de tiempo a la palestra, puede acabar generando problemas en el final de los ERTE de pandemia”.

Fuentes de la patronal CEOE indicaban a elDiario.es tras la reunión de este martes que el Gobierno había presentado “una propuesta que no constituye una prórroga de los ERTE sino un mecanismo nuevo, a desarrollar entre el 1 de octubre y el 31 enero, que teóricamente pretende ayudar a las empresas pero que, entre otras cosas, vincula las exoneraciones a una formación cuyo sistema actual se ha demostrado ineficaz”.

El secretario general de CCOO ha compartido sus “dudas” sobre que “la propia Administración esté en disposición de garantizar planes formativos coherentes para el cuarto de millón de personas que todavía sigue en un ERTE”. La idea es que la formación sea prestada por el SEPE, cuyos trabajadores suelen denunciar la gran carga de trabajo y la falta de personal.

Desde el Gobierno consideran en cambio que sí es el momento y, de hecho, defienden que esta puede ser la oportunidad de “ensayar” el futuro esquema permanente de flexibilidad. “Este tiene que ser un piloto para el modelo de ERTE y de flexibilidad interna que esté vigente posteriormente ya de una forma estructural. Es muy importante ensayar este modelo de formación y hacerlo de forma plena”, ha sostenido el ministro José Luis Escrivá.

El Ejecutivo y los agentes sociales volverán a reunirse mañana jueves, con la intención de alcanzar un acuerdo antes del próximo martes, 28 de septiembre, el último Consejo de Ministros antes de que caduque el actual modelo de ERTE.