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Así se reparten las consultoras el negocio millonario (y público) de asesorar a la banca rescatada

Las grandes multinacionales han cobrado 72,4 millones de euros por ejercer de "expertos independientes" o árbitros en las preferentes, pero la factura sigue aumentando con los contratos para vender las cajas o detectar el fraude

Ernst&Young (con al menos 9 millones de euros) y PWC (con 8 millones) son las que más veces han sido elegidas para asesorar a la banca nacionalizada

Muchas entidades cobran una suerte de tarifa plana independientemente del tamaño del banco analizado

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Jordi Sevilla y Javier Solana en la presentación de un informe de PwC

La mayor parte de los tópicos sobre las crisis se han cumplido a rajatabla, como que las crisis son una oportunidad o que no llueve igual para todos. Mientras miles de empresas han cerrado por falta de crédito tras el bloqueo del sector financiero español, otras han sacado tajada de los problemas financieros. Es el caso de las grandes consultoras, que han encontrado un filón en el peritaje y auditoría de la banca rescatada, a la que han pasado minutas millonarias pagadas en muchos casos con fondos públicos.

El Banco de España y el Frob (el brazo financiero del Estado que es el dueño de las cajas nacionalizadas) han hecho tres grandes rondas para consultar a expertos financieros sobre el estado del sector. La primera factura, que valoró la resistencia de los bancos de cara a pedir el rescate europeo, se saldó con una minuta de 31,4 millones de euros que el Banco de España acabó repercutiendo al Fondo de Garantía de Depósitos (un fondo administrado de forma pública pero dotado con recursos de todos los bancos).

Sin embargo, no había trascendido el montante de las dos siguientes rondas de consultoría, en este caso instadas desde el Frob. Así, según el informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso eldiario.es, en 2012 las consultoras cobraron 15,44 millones de euros por analizar las tripas de los nueve bancos rescatados y fijar -de nuevo- su valoración.

A estos 47 millones de euros hay que sumar los 25 millones que se han pagado a las mismas consultoras por hacer de árbitros en los casos de las preferentes, lo que eleva la factura por encima de los 72 millones de euros pagada en la mayor parte de los casos con recursos públicos. Y aún faltaría en esta suma las asesorías que están haciendo para vender las cajas en peor estado, como las gallegas o Catalunya Banc.

Según explica el informe del Tribunal de Cuentas, tras un farrogoso procedimiento burocrático, el Frob ha acabado pagando de su patrimonio, esto es, fondos públicos, al menos 15,5 millones de euros. La decisión sobre estos honorarios fue tomada el 8 de julio de 2011 en un acuerdo del Frob en el que se decidió correr con los "honorarios de los expertos y demás costes de las valoraciones". El Frob se arrepintió un año después de su decisión pero tras un largo periplo, que incluye una consulta a la Abogacía del Estado, terminó asumiendo la minuta.

Dinero público y opaco

Aunque el Banco de España fue totalmente transparente con la factura que había pagado a cada consultora por las pruebas de resistencia del sector, una portavoz del Frob ha asegurado a este diario que el procedimiento de adjudicación a las consultoras de las siguientes rondas no era público y que la negociación había sido privada e individual. Sin embargo, y tras consultar decenas de resoluciones publicadas por el organismo público, es posible recomponer parte de la factura pagada por el erario público a estos "expertos independientes". Al menos la de la tercera ronda de peritajes, que se produjo a finales de 2012 y principios de 2013, y que costó 8,85 millones de euros a las arcas del Estado.

En esta consulta masiva que se hizo a consultoras, y que el Tribunal de Cuentas bautiza como el proceso "Frob 3", se contrató a una firma principal que se encargara del proceso conocido como due-diligence (en el que se revisa de arriba abajo el balance de la entidad) que luego debía ser refrendada por otros tres expertos "independientes". En total, cuatro consultoras para cada una de las nueve entidades nacionalizadas, es decir, 36 contratos negociados sin publicidad para estudiar los bancos en poder del Estado.

Del análisis de estos contratos se desprenden varias conclusiones. Primero: que PriceWaterHouseCoopers (conocida por sus siglas PwC) y Ernst&Young (EY) son las dos entidades más favorecidas por estos contratos (ver gráfico). Las dos multinacionales fueron elegidas para hacer el proceso de due-diligence en ocho casos. Solo KPMG se llevó el noveno contrato con Banco de Valencia.

Esta concentración en las dos consultoras de este tipo de trabajos hizo que se embolsaran la mayor parte de la factura. PwC se llevó casi 2,4 millones de euros y EY casi 1,7 millones de euros. Además, y como ambas consultoras ya habían hecho trabajos en el primer análisis del sector (el encargado por el Banco de España), eso hace que al menos se hayan embolsado más de 9 millones de euros en el caso de EY y hasta 7,7 millones para PwC. Es importante recalcar el "al menos" ya que cabe recordar que hay una ronda de informes que encargó el Frob (y que supusieron el pago de 6,6 millones de euros) de los que no hay datos públicos por el momento.

Las tarifas que cobraron también son llamativas ya que se acercan casi a una oferta de "tarifa plana". Es el caso de PwC, que cobró 544.500 euros por cada trabajo que hizo a NovacaixaGalicia, Liberbank y Banco Mare Nostrum. Sin embargo, la situación de estas tres entidades no tiene nada que ver. Las cajas gallegas necesitaron casi 9.000 millones de euros de ayudas públicas para salir a flote mientras que las otras dos entidades, apenas solicitaron 1.600 millones.

La tarifa de Erns&Young es más modesta pero tampoco parece depender del tamaño o la envergadura del proceso. Así, le facturó 217.800 euros a Banco Gallego y a CEISS (la banca resultante de la fusión de Caja Salamanca y Caja Soria). Con todo, EY sí cobró minutas más abultadas por los trabajos de dos entidades que han consumido importantes cantidades de recursos públicos: Catalunya Banc (CX) y Bankia. Por la inspección realizada a la entidad catalana facturó 338.800 euros y por Bankia 459.800 euros. 

Este diario se intentó poner en contacto la semana pasada con PwC, KPMG y Ernst&Young sin éxito. Muchos políticos han encontrado un retiro dorado en las consultoras o han pasado en ellas en algún momento de su vida laboral, como Luis de Guindos que trabajó en PwC.

Paradójicamente, de la entidad más grande rescatada, Bankia, es de la única que este diario no ha conseguido encontrar datos públicos que confirmen las consultoras que contrató. Antes del rescate echó mano de BDO, Rotschild y Crédit Agricole, pero según publicó en su momento el diario 20minutos para la tercera ronda de ayudas los expertos contratados fueron Nomura, Citigroup y BDO.

En cualquier caso, esta poco proporcional distribución de las minutas hace que lo que costó el trabajo de estos expertos en conjunto no esté en línea ni con los tamaños ni con lo que ha costado rescatar a las entidades. El análisis de Banco de Valencia fue el más costoso al suponer 1,24 millones de euros. Lo abultado de esta factura procede principalmente de la minuta que les pasó KPMG, la más alta de todo el sector: 546.920 euros por un trabajo.

Los tres expertos que validaron el trabajo de KPMG en la entidad valenciana fueron BDO, Société Génerale y Lazard que cobraron 695.750 euros. Esta cifra prueba una vez más que las entidades hacen una suerte de tarifa plana, ya que este mismo trío fue elegido para actuar como expertos en Caja3 y cobraron exactamente la misma cantidad.

Negocio al alza compartido con banca de inversión

El negocio de estas consultoras ha ido creciendo a rebufo de la crisis. Basta ver los resultados de PwC en España, que pasó de facturar 443 millones en 2011 a 488 millones en 2013. Y el potencial negocio no para de crecer. El Frob acaba de abrir por ejemplo un concurso para llevar a cabo 90 trabajos para analizar los posibles casos de fraude o de operaciones sospechosas en la banca rescatada. Estos análisis se adjudicarán sin duda, a estas mismas consultoras.

Además, aunque la tajada más cuantiosa se la están repartiendo entre tres de las cuatro consultoras más grandes del mundo (se las conoce como las Big Four) hay una segunda línea de bancos de inversión que son contratados bien para validar estas investigaciones, bien para sacar a la venta en todo o parte los activos rescatados, que también están haciendo un jugoso negocio con el rescate financiero.

Así, en aquel primer proceso de valoración del sector para enviar la foto a Bruselas, la consultora Oliver Wyman cobró casi 10,5 millones de euros. Para vender a las entidades se ha fichado además a bancos de inversión. Para NCG se contrató a BNP Paribas y Mediobanca y para Catalunya Banc a la española Nmás1.

En aquella primera ronda sí participó Deloitte, la multinacional que completa el cuarteto de las Big Four, que en muchos casos no ha podido ser contratada como experto independiente al haber sido la auditora que selló las cuentas de las entidades financieras, como en el tristemente conocido caso de Bankia. Sin embargo, Deloitte se ha buscado la vida para sacar partido a otros colaterales de la crisis como, por ejemplo, ser la administradora concursal elegida por la CNMV para llevar las riendas de Pescanova. La designación de los administradores concursales, que se vuelven preferentes a la hora de cobrar en las quiebras, se hace a dedo en la mayor parte de los casos, tal y como denunció eldiario.es.

Para redondear la foto, KPMG, PwC y Ernst&Young fueron elegidas también para hacer de árbitros en los canjes de preferentes de las nacionalizadas. Según El Confidencial, la minuta que las tres pasaron por su trabajo ascendió a 25,4 millones de euros. KPMG asesoró a Bankia (y le cobró 7 millones por ello), Price a las cajas gallegas y EY a CatalunyaCaixa.

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