Ciudadanos resucita la fallida figura del defensor del ahorrador que impulsó como ministro Rodrigo Rato
Ciudadanos y el Gobierno del Partido Popular ultiman la creación de una autoridad independiente que proteja al consumidor e inversor financiero, que también contaría con el apoyo del PSOE. Ese organismo independiente recuerda al que ya intentó Rodrigo Rato cuando era ministro de Economía en 2002 durante el Gobierno de José María Aznar en la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero.
En aquel momento, las informaciones hablaron de la creación de una figura del Defensor del Ahorrador, un nombre bajo el que el Ejecutivo pretendía canalizar un sistema único de reclamaciones. La idea se fue desmoronando conforme se iba acercando la aprobación de la ley. En la redacción final de la normativa lo que finalmente se creó fue una figura denominada “Comisionado para la defensa del cliente de servicios bancarios”.
Esta figura tenía entre sus funciones “atender las quejas y reclamaciones que presenten los usuarios de servicios financieros, que estén relacionadas con sus intereses y derechos legalmente reconocidos” y también se incluía la función de “asesorar a los usuarios de servicios financieros sobre sus derechos en materia de transparencia y protección a la clientela, así como sobre los cauces legales existentes para sus ejercicio”.
En el artículo 25 se establecía que sería nombrado por el ministro de Economía, oído el gobernador de Banco de España. La norma establecía que “serán personas de reconocido prestigio en el ámbito económico o financiero, con, al menos, diez años de experiencia profesional” con un periodo de mandato de cinco años.
“Nunca se nombró. El Banco de España nunca propuso a nadie”, dice Fernando Zunzunegui, profesor de Derecho bancario de la Universidad Carlos III, que señala que la autoridad independiente no llegó a arrancar por la “rebeldía” de los organismos al proponer nombre para este cargo.
Ciudadanos explica que su figura va más allá de los comisionados. Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos, explica que “no existe un organismo independiente, los comisionados no han hecho su función”.
Este acuerdo llega en un momento especialmente sensible para la ciudadanía después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE sobre la retroactividad de la cláusulas suelo y en medio de la batalla legal de las asociaciones de consumidores por la devolución de los gastos de las hipotecas.
En este momento, Ciudadanos, PSOE y PP están ultimando la creación de un organismo independiente, al estilo de los que existen en países como Estados Unidos y Reino para defender los temas de consumo relacionados con la banca. Dentro de sus competencias entrarían, por ejemplo, temas como las cláusulas suelo. El PSOE ya intentó la creación de un mecanismo independiente en la normativa de 2013, pero no salió adelante. En esta ocasión, el acuerdo entre Ciudadanos y PP estaba en el acuerdo de investidura que alcanzaron ambos partidos.
Algunos expertos consultados se muestran escépticos ante el desarrollo de este mecanismo. “La experiencia muestra que es un mero formalismo”, apunta Juan Antonio Maroto, catedrático de banca de la Universidad Complutense. “Al final en estos organismos se crea una estructura donde las personas acaban encontrando su modo de vida”, añade.
El desarrollo de la norma
La creación de esta norma se incluye dentro de un paquete de medidas que Toni Roldán califica como “paquete contra el capitalismo de amiguetes”. Bajo este paraguas se agruparían además de la creación de esta autoridad para proteger a los consumidores, la partición de la CNMC y el mecanismo de nombramientos. Estos puntos se encuentran dentro de los “150 compromisos para mejorar España” del acuerdo de investidura entre Ciudadanos y PP.
En el punto 15 se establecía “crear una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios de servicios financieros. Esta autoridad establecerá contratos tipo de servicios financieros para minoristas (por ejemplo, de hipotecas) con el fin de evitar fraudes a los consumidores justificados en la letra pequeña”.
