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Una denunciante del caso Acuamed: "Me llegaron a decir: 'El dinero no es de nadie, a ti qué más te da'"

La ingeniera Gracia Ballesteros fue una de las tres personas que denunciaron el fraude en la empresa pública de aguas

Fue despedida tras alertar de los hechos ante la Fiscalía y ha tenido que ser readmitida por la empresa estatal por orden del Supremo

Volvería a denunciar "mil veces" pero advierte del coste: "Sufrí presiones, amenazas, me han despedido... destrozaron mi reputación profesional"

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Ciudadanos critica que denunciantes de Acuamed pleiteen por su puesto mientras directivos imputados siguen cobrando

Registros de la sede de Acuamed en enero de 2016.

Gracia Ballesteros, ingeniera de caminos, exgerente territorial de Acuamed y una de las tres personas que se atrevieron a denunciar el millonario fraude en esta empresa estatal de aguas que actualmente investiga la Audiencia Nacional, ofreció el pasado jueves su testimonio en un seminario internacional sobre Integridad Corporativa, Buena Gobernanza y Transparencia organizado en la sede en Madrid de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por esta entidad en colaboración con Transparencia Internacional.

En su intervención, Ballesteros pidió más protección para los "descerebrados" que, como ella, denuncian casos de corrupción como este, pese al elevado coste personal que muchas veces supone. En su caso, le costó un despido que ha anulado recientemente el Tribunal Supremo. Este es un extracto de su charla, accesible  en Youtube, en la que afirmó que volvería a denunciar los hechos "mil veces".

La "cutrez" de la corrupción

"En 2016, en enero, la Audiencia Nacional intervino la empresa en la que trabajo. Hubo trece detenidos y en los meses siguientes aparecieron una serie de noticias que muestran algo común en todos los casos de corrupción, la parte, si me permitís, más cutre; muchos casos han salido en prensa" [por ejemplo, el trasplante de pelo del cabecilla de la trama, Arcadio Mateo, ex director general de Acuamed, con los sobornos presuntamente recibidos de FCC y Acciona]. "A mí me llegaron a decir: Oye, el dinero no es de nadie, a ti qué más te da...".

"Un año mirando a la pared"

"Estaba en un puesto en el que tenían que obligatoriamente pasar por mis manos, firmar, ciertas cuestiones de los contratos públicos porque era mi responsabilidad". "El director general me propuso firmar documentos que a mi entender eran absolutamente irregulares y favorecían de forma injustificada a ciertos contratistas. Por tanto, me negué".

"Primero las presiones son corteses. Cuando te sigues negando, dejan de ser corteses y pasan a ser violentas, en forma de amenaza, de que van a destrozar tu carrera profesional, como por cierto terminaron haciendo. Cuando tu posición absolutamente recalcitrante sigue siendo no firmar aquello y no aceptar esas cuestiones irregulares...en ese momento me apartaron de toda responsabilidad. Me dejaron mirando a la pared durante casi un año. Otras personas, desgraciadamente, sí accedieron".

A quién acudir

"En mi empresa no había canal de denuncias, no había ni siquiera comisión de auditoría". "Es una sociedad mercantil estatal, por lo tanto, dinero 100% público. Y acudí a la persona a la que Patrimonio [el Ministerio de Hacienda] había puesto allí para controlar el gasto. Esta persona, como poco, miró para otro lado. Y, como mucho, pues ya se verá, porque está imputado".

"Acudí también a otras personas que me decían: ‘Mira, no me lo cuentes y mejor déjalo estar, que será mejor para ti’. Lo decían de buena fe".

"Decidí acudir al consejo de administración. Envíe ocho cartas: cuatro al secretario de Estado de Medio Ambiente [en ese momento, Federico Ramos, que luego dimitió y llegó a estar imputado en el caso], que era el presidente del consejo, y otras cuatro a la directora general del Agua del mismo ministerio [Liana Ardiles, cesada en junio pasado], que era la vicepresidenta".

"Fui enviando las cartas y como no me iban contestando, en una de ellas les comuniqué que había presentado un escrito en la Fiscalía Anticorrupción contándoles lo mismo que les estaba contando a ellos. Esta sí que me la contestaron. Me respondieron con una carta de despido".

"El despido lo ha declarado nulo el Tribunal Supremo. Para llegar ahí hay que pasar por primera instancia, tribunal superior de justicia… conforme yo iba ganando –afortunadamente– cada paso judicial, la empresa iba recurriendo, lógicamente con dinero público. Yo no. Acometí mi defensa con mis propios ahorros".

Denuncias anónimas

"Es imprescindible permitir las denuncias anónimas. Cuando en mi empresa se enteraron de que había presentado una denuncia en la Fiscalía, recibí por parte de compañeros no menos de cinco escritos para que los presentara también. Escritos que la Fiscalía ha tomado en consideración, de cuestiones que yo no conocía, y ellos sí, pero no se atrevían a hacerlo. Después no han tenido ningún inconveniente en acudir a la instancia judicial a testificar. Lo que no querían era exponerse, lo cual es absolutamente lógico teniendo en cuenta lo que habían visto en mí".

Un "éxito" con un alto coste

"Estoy contando una historia de éxito. Denuncié hechos irregulares y la justicia ha actuado. Está ahora en fase de instrucción, ya se verá. Desde el punto de vista laboral, he ganado todo lo que se podía ganar, me han tenido que readmitir en la empresa. Y sin embargo, en este proceso, desde que comencé, han pasado cinco años en los cuales he sufrido presiones, coacciones, amenazas, acoso, me han despedido, han destrozado mi reputación profesional...".

"El despido fue por hacer actos muy graves en el ejercicio de mi profesión y aunque luego la sentencia ha determinado que todo aquello era falso, durante ese tiempo… la reputación se tarda toda una vida en construirla y un momento en destrozarla".

"Con el coste personal, familiar, psicológico, económico que eso supone, realmente creo que ha sido un castigo demasiado duro para el pecado de simplemente intentar hacer mi trabajo. Como empleado público lo único que yo pretendía era cumplir lo que dice la Constitución, velar por el interés general de la forma más eficiente".

El regreso

"Mi empresa me ha tenido que readmitir porque ha habido una sentencia firme del Supremo. No quería readmitirme, ha estado pleiteando para no hacerlo. Se ha activado en la empresa, es cierto, un canal de denuncia, pero no lo usa nadie. Solo yo. Hay un código ético que se incumple reiteradamente".

"Estar en un sitio donde no quieren que estés no es lo mejor. Pero ahora me da la posibilidad, que no tuve antes, porque no existía, de utilizar intensamente el canal de denuncias".

Soplones mal vistos

"Para los alertadores son muy habituales las querellas por revelación de secretos. Tenemos, por supuesto, que seguir defendiéndonos continuamente, pagando más abogados y demás. Así es muy difícil decirle a alguien que alerte. En cambio, yo lo digo abiertamente: hay que alertar, hay que denunciar, no conformarse, no hay que mirar a otro lado. Pero realmente es difícil, porque dices: ¿qué me va a pasar luego?"

"Hay alertadores que no pueden continuar. Les ponen una querella y no tienen dinero para pagar abogado y procurador. Hay costes psicológicos muy importantes. Cualquiera de vosotros, que tenéis una vida normal, de golpe amenazan a vuestras familias, perdéis el trabajo, vuestra reputación profesional, no tenéis dinero… psicológicamente eso tiene un impacto muy grande. Esa asistencia financiera, legal, psicológica, es importante".

"La figura del alertador aún no está suficientemente reconocida. Todos tenemos en la cabeza la típica figura del chivato, del soplón. De pequeños, se podía ser muchas cosas en el cole, pero desde luego ser el chivato era lo peor. Desgraciadamente eso no ha cambiado. Eso lo hemos trasladado al mundo de los adultos. Incluso el cine y la literatura nos llevan a que cuando hay un chivato queremos que le pasen cosas malas. Y si al final de la peli le matan, sentimos una cierta satisfacción. Eso sigue ocurriendo. Los alertadores somos vistos como traidores, como chivatos, como gente a la que nos deben pasar cosas malas".

"Creo que hay una asignatura pendiente en el cambio cultural dentro de las empresas. Que se puedan utilizar los canales de denuncia y que esa persona que se atreve a denunciar o alertar sea premiado o reconocido".

Los imputados en Acuamed afrontan condenas de hasta 25 años de cárcel por delitos de organización criminal, fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de los contratos, falsedad de documento oficial y prevaricación administrativa que afloraron a raíz de las denuncias de Ballesteros y sus dos compañeros. 

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