Desahuciadas en Milwaukee

Jori y su primo estaban preparando bolas de nieve para lanzarlas contra los coches. Desde la esquina de la calle de Jori, situada en la sección norte del South Side, en Milwaukee, los vehículos que circulaban por la Calle 6 pasaban junto a edificios achaparrados, compuestos por planta baja y primera planta, que contaban con pequeños porches cuyos escalones concluían en una acera bordeada de dientes de león. Aquellos que se dirigían al norte avanzaban al encuentro de la basílica de Saint Josaphat, cuya cúpula era a ojos de Jori un desatascador gigante.

Estábamos en enero de 2008 y la ciudad sufría el invierno con más nieve jamás registrado. Cada cierto tiempo, un coche giraba en la Calle 6 para intentar atravesar la avenida Arthur, que estaba atestada de nieve, y era en ese momento cuando los niños disparaban. Jori preparó una bien compacta y la echó a volar. El coche se detuvo con un frenazo y un hombre salió rápidamente del interior. Los chicos corrieron para ponerse a salvo y cerraron por dentro la puerta del apartamento en el que vivía Jori con su madre, Arleen, y su hermano menor, Jafaris. La cerradura era barata y el hombre logró abrir la puerta tras propinarle algunas patadas. Se marchó antes de que sucediera nada más. Cuando la propietaria descubrió lo sucedido con la puerta, decidió desahuciar a Arleen y a sus chicos. Llevaban ocho meses viviendo allí.

Hacía frío el día que Arleen y sus hijos tenían que abandonar su casa. Pero si esperaba más, la casera emplazaría al sheriff, que llegaría con un arma, un equipo de trabajadores de una empresa de mudanzas y una orden judicial doblada en el bolsillo que decretaría que su vivienda ya no era suya. Le ofrecería dos opciones: camión o acera. «Camión» significaría que sus pertenencias serían cargadas en un contenedor de seis metros y posteriormente depositadas en un almacén. Podría recuperar todo si pagaba 350 dólares. Arleen no tenía 350 dólares, por lo que habría optado por la opción «acera», lo cual significaría ver al equipo de mudanzas apilar todo en la calle, sobre el pavimento. Sus colchones. Una televisión con soporte incluido. Su ejemplar de No tengas miedo a castigar a tus hijos. Su bonita mesa de comedor de cristal y el mantel de encaje que cuadraba a la perfección. Plantas de tela. Biblias. Las piezas de carne de la nevera. La cortina de la ducha. La máquina para el asma de Jafaris.

Arleen llevó a sus hijos (Jori tenía trece años; Jafaris, cinco) a un albergue para personas sin hogar que todo el mundo conocía como La Fonda, de tal modo que era posible decir a los niños: «Esta noche nos quedamos en La Fonda», como si fuera un hotel.

El edificio de estuco de dos plantas podría haber pasado por uno, de no ser por todos los carteles de la organización humanitaria Ejército de Salvación. Arleen permaneció en el albergue, con una capacidad de 120 camas, hasta abril, cuando encontró una casa en el cruce de la calle 19 con la avenida Hampton, en los barrios empobrecidos predominantemente negros del North Side de Milwaukee, no lejos de la vivienda de su infancia. Los marcos de las ventanas y de las puertas eran gruesos y tiempo atrás el apartamento estuvo pintado en verde agua, pero la pintura se había desvaído y desconchado tanto con el paso de los años que la madera desnuda de las paredes estaba a la vista, lo que hacía que la casa pareciera un estampado de camuflaje. En algún momento alguien había decidido repintar la construcción de blanco y había abandonado el trabajo sin haber alcanzado siquiera la mitad. A menudo no había agua corriente, por lo que Jori tenía que sacar con un cubo lo que hubiera en el váter.

Sin embargo, a Arleen le gustaba lo amplia que era y la distancia que guardaba con respecto a otras construcciones. «Era tranquila —recordaría tiempo después—. Y 525 por una casa entera, con dos dormitorios arriba y dos abajo… Era mi sitio favorito».

Pasadas algunas semanas, el Ayuntamiento consideró que el sitio favorito de Arleen era un «edificio no apto para uso residencial», la expulsó, clavó tablones verdes sobre puertas y ventanas e impuso una multa a la propietaria. Arleen se mudó entonces con Jori y Jafaris a un gris complejo de apartamentos aún más cerca del corazón del gueto, en la avenida Atkinson, de la cual pronto supo que era un nido de traficantes de drogas. Le daba miedo que sus hijos, especialmente Jori (de hombros caídos, piel clara y una sonrisa hermosa), hablaran con cualquiera.

Arleen soportó cuatro meses de verano en la avenida Atkinson antes de mudarse a la planta baja de una casa en el cruce de la calle 13 con la avenida Keefe, a un kilómetro y medio de distancia. Hizo la mudanza, ayudada por los chicos, a pie. Ya en su nuevo hogar, Arleen contuvo la respiración y probó a encender la luz. Sonrió aliviada cuando funcionó. Podía vivir durante un tiempo con la factura de la luz que alguien pagó. En una ventana del salón había un agujero del tamaño de un puño, la puerta principal se aseguraba con una horrible plancha de madera que caía sobre unos soportes metálicos, mientras que la moqueta estaba sucia y percudida. Sin embargo, la cocina era espaciosa y el salón, luminoso. Arleen metió un trozo de tela en el agujero de la ventana y colgó unas cortinas color marfil.

El alquiler era de 550 dólares al mes, suministros no incluidos, el precio habitual en 2008 de una vivienda de dos dormitorios en uno de los peores vecindarios de la cuarta ciudad más pobre de Estados Unidos. Arleen no pudo encontrar un lugar más barato, al menos no uno apto para uso residencial, y los propietarios, en su mayor parte, no estaban dispuestos a ofrecerle un alojamiento más pequeño debido a los niños. El alquiler consumiría el 88 por ciento de los 628 dólares mensuales de la prestación social de Arleen. Pensó que quizá sería capaz de mantenerse. Quizá, al menos, podrían pasar el invierno, hasta que el azafrán y los tulipanes brotaran en el deshielo de la primavera, la estación favorita de Arleen.

Alguien llamó a la puerta. Era la casera, Sherrena Tarver. Sherrena, una mujer negra con melena corta y las uñas recién pintadas, llegaba cargada de comida. Había gastado cuarenta dólares de su propio bolsillo y recogido el resto en un banco de alimentos. Sabía que Arleen lo necesitaba.

Arleen le dio las gracias y cerró la puerta. Las cosas no empezaban mal. Incluso en las áreas más desamparadas de las ciudades estadounidenses, los desahucios solían ser poco frecuentes. Atraían a grandes multitudes. Durante la Gran Depresión se produjeron disturbios a causa de los desahucios, si bien el número de familias pobres que se enfrentaban a la pérdida de su hogar era apenas una fracción en términos anuales de lo que es hoy. La descripción realizada por el New York Times de la resistencia comunitaria al desalojo de tres familias del Bronx en febrero de 1932 señalaba: «Posiblemente por el frío, la multitud apenas estaba compuesta por un millar de personas». A veces los vecinos se enfrentaban directamente con las autoridades y se sentaban sobre los muebles de la familia afectada para evitar su retirada o devolvían las pertenencias al interior de la vivienda pese a la orden judicial. Los propios agentes mostraban sentimientos encontrados a la hora de llevar a cabo los desahucios. No era esa la utilidad de su placa y de su pistola.

En la actualidad existen brigadas policiales cuyo trabajo es única y exclusivamente aplicar sentencias de desahucio y de ejecución hipotecaria. Existen empresas de mudanzas especializadas en desalojos cuyos empleados trabajan de la mañana a la noche, de lunes a viernes. Han aparecido centenares de empresas dedicadas a la gestión de datos que venden informes sobre arrendatarios donde constan sus últimos desahucios y las deudas vinculadas a estos.

En la actualidad, los juzgados están desbordados, lo que obliga a los comisionados judiciales a dictar sentencia en los pasillos o en oficinas improvisadas atestadas de escritorios antiguos y archivos destrozados (si bien en su mayoría los arrendatarios ni siquiera se presentan). Las familias con escasos recursos se han acostumbrado al estruendo de los camiones de mudanzas, a los golpes en la puerta a primera hora de la mañana y a ver sus pertenencias apiladas en las aceras.

Las familias han visto sus ingresos estancarse o incluso caer al tiempo que se disparaba el coste de la vivienda. Hoy, la mayor parte de las familias pobres estadounidenses que viven en régimen de alquiler destina más de la mitad de sus ingresos a la vivienda, mientras que al menos una de cada cuatro dedica más del 70 por ciento a pagar el alquiler y mantener el suministro de electricidad (American Housing Survey, 1991-2013).

Millones de estadounidenses son expulsados a diario de sus hogares por no poder pagar el alquiler. En Milwaukee, una ciudad con menos de 105.000 hogares en régimen de alquiler, los propietarios desahucian aproximadamente a 16.000 adultos y niños cada año. Eso quiere decir que dieciséis familias son desalojadas por vía judicial cada día.

Pero existen otros medios ajenos a los tribunales, formas más baratas y rápidas mediante las que los caseros pueden desembarazarse de sus inquilinos. Algunos les pagan 200 o 300 dólares para que se marchen antes de que concluya la semana. Otros arrancan la puerta principal. Aproximadamente la mitad de todos los desplazamientos forzosos protagonizados por familias en régimen de alquiler en Milwaukee son «desahucios informales» que se producen a espaldas de la ley.

Si sumamos todas las formas de traslado involuntario —desahucios formales e informales, ejecuciones hipotecarias o clausura de edificios por incumplimiento de la normativa—, descubrimos que entre 2009 y 2011 más de uno de cada ocho arrendatarios de Milwaukee sufrieron un traslado forzoso.

No hay nada que distinga especialmente a Milwaukee en términos de desahucios. Las estadísticas son similares en Kansas City, Cleveland, Chicago y otras ciudades. En 2013, una de cada ocho familias pobres estadounidenses era incapaz de pagar su alquiler completo, mientras que un número similar consideraba probable un desahucio inminente.

El presente libro está situado en Milwaukee, pero cuenta la historia de todo un país. Desahuciadas sigue a ocho familias —algunas negras, otras blancas; algunas con niños y otras sin ellos— barridas por los procesos de desahucio. Las expulsiones se produjeron en diversos puntos de la ciudad e implicaron no solo a los propietarios y a los arrendatarios, sino también a familiares y amigos, amantes y examantes, jueces y abogados, traficantes de droga y comunidades religiosas. Las consecuencias de los desahucios son graves. Perder su hogar envía a las familias a albergues, a casas abandonadas o a la calle. Facilita la aparición de depresiones y enfermedades, obliga a las familias a desplazarse a viviendas en mal estado ubicadas en vecindarios peligrosos, desarraiga a las comunidades y perjudica a los niños. Los desahucios sacan a relucir la vulnerabilidad y la desesperación de las personas, así como su ingenio y su valentía.

Cada vez menos familias pueden permitirse un techo bajo el que cobijarse. Estamos ante una de las cuestiones más urgentes que afronta Estados Unidos hoy, reconocer la amplitud y la profundidad del problema modifica la forma en la que consideramos la pobreza. Durante décadas nos hemos centrado principalmente en el mercado laboral, la asistencia pública, la crianza de los niños y las encarcelaciones masivas. Nadie puede negar la importancia de estas cuestiones, pero falta algo fundamental: hemos fracasado a la hora de valorar debidamente lo profundamente implicada que la cuestión de la vivienda está en la generación de la pobreza. No todo el que vive en un vecindario con dificultades económicas está relacionado con bandas criminales, funcionarios de los sistemas de libertad condicional, empleadores, trabajadores sociales o comunidades religiosas. Sin embargo, prácticamente todos ellos responden ante el propietario de su hogar.