El Gobierno asume las consecuencias de la cancelación del Mobile de Barcelona ante el organizador

El Gobierno ha decidido “transigir” con GSMA, organizadores del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona respecto a las “consecuencias” derivadas de la cancelación por miedo a la propagación del coronavirus del evento previsto entre el 24 y el 27 de febrero. La idea es plasmarlo en un próximo decreto. El Ministerio de Asunstos Económicos y Transformación Digital, autor de este acuerdo aprobado por el último Consejo de Ministros, no quiere dar detalles todavía sobre lo que significa, ni aclara si esto se traduce en algún tipo de desembolso de dinero público.

En concreto, han remitido al Consejo de Estado un acuerdo por el que solicitan “la emisión de dictamen con carácter urgente, antes del día 1 de junio, en relación con el proyecto de Real Decreto por el que se acuerda transigir con «Groupe Speciale Mobile Association» (GSMA), respecto de las consecuencias derivadas de la cancelación” de la mayor feria mundial del móvil. Pedir un dictamen a este órgano es un paso preceptivo cuando el Estado asume una responsabilidad patrimonial por encima de 50.000 euros, aunque también puede solicitarse por otros motivos, como por ejemplo comprobar que el real decreto en el que se detalle el acuerdo entre el Gobierno y GSMA es jurídicamente impecable.

La cancelación de esta importante cita del sector de las telecomunicaciones supuso pérdidas millonarias y desató un conflicto entre las operadoras, la organización –que al mismo tiempo está formada por las principales empresas de telecomunicaciones del mundo– y las aseguradoras para discernir a quién le tocaba asumir las eventuales indemnizaciones, una factura que podría ascender a varias decenas de millones de euros. En la propia ciudad de Barcelona, el MWC iba a dejar unas cifras de récord en la edición de este año. Siempre según los pronósticos de los organizadores, el congreso iba a reunir a 110.000 visitantes y dejaría 492 millones junto a 14.100 empleos temporales en la Barcelona y su área metropolitana.

Fuentes de Economía consultadas se remiten a lo aprobado la reunión de ministros este martes y señalan que es un procedimiento en trámite y que cuando haya una decisión por parte del Gobierno se comunicará.

Por su parte, una portavoz de Groupe Speciale Mobile Association (GSMA) asegura que no están al corriente de lo que está discutiendo el Gobierno español y que no disponen de ninguna información al respecto.

La feria no se celebró este año por el miedo a la expansión del coronavirus y “por causas de fuerza mayor”, según explicó entonces GSMA, aunque es 12 de febrero, un mes y dos días antes de que se declarase en España el estado de alarma, se puso en duda la motivación sanitaria. “No hay ninguna razón de salud pública” que justifique la suspensión, dijo el ministro de Sanidad, Salvador Illa, como insistieron también la vicepresidenta Carmen Calvo o Nadia Calviño (Asuntos Económicos), así como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que tachó de “injusta” la decisión.

El hecho de que algunas de las compañías que fueron cancelando su presencia en Barcelona, como Sony, Cisco e Intel, sí acudieran a una feria de imagen y sonido en Ámsterdam sirvió para alimentar teorías como que se debió a la “debilidad” y la falta de voluntad del Gobierno español que se tradujo en un castigo a Catalunya (una idea que alentó un sector del independentismo, la plataforma Anem x feina) o que formaba parte de la guerra comercial entre EEUU y China. En medios de la derecha se habló de que precisamente el independentismo o el trato del Ayuntamiento de Barcelona al turismo podrían ser la causa.

Según relataban días después, cada compañía que decidió anunciar su ausencia del principal evento mundial de la telefonía móvil vivió un intenso debate previo. La inversión realizada ya para acudir era de “varios millones”, cientos en conjunto. Los departamentos legales entraron en ebullición para saber a qué parte corresponde cargar con las pérdidas tanto de lo pagado por reservas de avión –de trabajadores y de invitados– como de habitaciones de hotel, montaje de stands o del alquiler del espacio destinado a los mismos, que en algunas localizaciones ascendía a varios miles de euros el metro cuadrado.

Se añaden también las posibles indemnizaciones que podían reclamar a GSMA las más de 2.000 empresas que no habían cancelado su presencia. En el caso de Telefónica, su presidente, José María Álvarez–Pallete, descartó emprender ningún tipo de acción legal contra la organización de la que ellos mismo forman parte, como el resto de las grandes operadoras. “Ahora es muy importante no ejercitar ninguna acción porque es la forma de garantizar la sostenibilidad” de la feria, dijo Pallete, como una manera de invitar a otras compañías a seguir su ejemplo. En principio, los contratos firmados vinculan a la feria con Barcelona hasta 2023.