La industria de componentes de automoción busca subirse al boom del sector de la defensa

La industria española de la automoción busca subirse al carro del boom de la defensa, atraída por el Plan ReArm Europe, que prevé movilizar 800.000 millones de euros en gasto militar en Europa hasta 2030, en un momento de incertidumbre en el sector ante la competencia china o las dudas sobre el despliegue del vehículo eléctrico. 

El giro lo apunta el nuevo Plan España Auto 2030, que entre las “medidas prioritarias” a “corto plazo” cita “apoyar la diversificación de proveedores y la fabricación y desarrollo de tecnologías duales” en defensa. El plan busca impulsar a un sector clave en España, segundo fabricante europeo de coches y noveno del mundo. La automoción genera un valor añadido bruto equivalente al 6,5% del producto interior bruto (PIB) del país.

Fuentes del Ministerio de Industria indican que el plan está diseñado para “transformar la automoción hacia la electrificación y la reindustrialización”, pero sus medidas, centradas en innovación, cadena de valor y atracción de inversión, “pueden tener efectos indirectos positivos para la industria de Defensa, especialmente en ámbitos como baterías, materiales avanzados, digitalización y tecnologías duales”.

“Defensa puede aprovechar las sinergias en I+D y cadena de suministro, pero no hay financiación específica para proyectos militares”, añade el ministerio.

El Plan industrial y Tecnológico para la Seguridad y Defensa que presentó el Gobierno en abril tenía entre “sus objetivos e impacto positivo el desarrollo de una industria de doble uso” (por ejemplo, materiales que desarrollen empresas de automoción para el sector Defensa), recuerda Industria. El Plan Auto “contribuirá a ese enfoque dual en los materiales, programas y productos que se desarrollan, que no serán de exclusivo beneficio para el sector de la automoción”, señala el departamento de Jordi Hereu.

“El gran impulso que supone el Plan Auto” para desarrollar toda la industria de la movilidad electrificada lleva aparejada “la 'necesidad' de producción de materiales en la industria tecnológica, que no solo serán piezas que acaben en coches, sino en otros usos”, señala Industria.

Ya en abril, el Plan de Respuesta y Relanzamiento Comercial aprobado tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca preveía reorientar “parte de la capacidad productiva excedente como consecuencia del shock arancelario o de procesos estructurales de transformación”, con “la necesaria transferencia de conocimiento entre sectores productivos”. Sin citar ningún sector específico, preveía movilizar 5.000 millones en avales de fondos recanalizados del Plan de Recuperación (hasta ahora solo han hecho falta 160 millones).

Por el momento ninguna automovilística con plantas de fabricación en España (hay 17) ha manifestado interés en reorientarse a la defensa. En Alemania se ha especulado con el interés del gigante Rheinmetall por quedarse con la planta de Volkswagen en Osnabrueck. Según un portavoz de la patronal de fabricantes, Anfac, en España este asunto no se plantea.

Sí se están produciendo movimientos en la industria de componentes, formada por un millar de empresas que facturan más de 41.500 millones anuales, con más de 332.000 empleos y un fuerte componente exportador.

La burgalesa Antolín inició hace meses conversaciones con el Gobierno y empresas del sector de defensa para evaluar su entrada en este ámbito. Otras como la vasca Teknia han reconocido interés. El sector “tiene salida en la defensa”, señaló en octubre Ángel Escribano, presidente ejecutivo de Indra, cuyo consejero delegado, José Vicente de los Mozos, pasó gran parte de su trayectoria en Renault y presidió Anfac hasta enero de 2022.

Indra, con la que el Gobierno intenta formar un gran campeón de defensa y en la que el Estado es primer accionista (28%), y que estudia fusionarse con la empresa de su presidente y de su hermano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), fichó en agosto al exdirectivo de Nissan Frank Torres, con tres décadas de experiencia en la automoción, para liderar su nueva división de vehículos militares, Indra Land Vehicles.

La cotizada anunció la semana pasada un acuerdo con la aragonesa Lecitrailer, dedicada a la fabricación de remolques, que le proveerá estructuras para radares y sistemas de mando y control (C2). Un “paso adelante” para reforzar la soberanía tecnológica española y cumplir el objetivo marcado por el Ministerio de Defensa de reforzar la base industrial de la defensa “en todo el territorio”, según Indra.

En octubre, el grupo anunció otra alianza con la catalana Ficosa centrada en los sistemas electroópticos de visión y vigilancia para los vehículos VCR 8x8 Dragón y VAC encargados al consorcio Tess Defence, controlado por Indra. El grupo de la familia Pujol aportará tecnologías duales “que permiten dar autonomía tecnológica al sector de defensa en España” y aplicará su larga experiencia en el desarrollo de toda la cadena de valor aguas arriba, involucrando a otras empresas.

Ficosa ya fue en 2008 fundadora de la andaluza Alestis, proveedor del gigante aeronáutico europeo Airbus (hoy en manos del grupo Aciturri) y ese año fichó como director general de su división de Automoción a De los Mozos, aunque el actual CEO tuvo una etapa muy breve allí y no tardó en regresar a Renault.

El consejero delegado de Ficosa, Javier Pujol, también presidente de la patronal de componentes Sernauto, advertía en octubre de que en la UE la automoción tiene “una sobrecapacidad del 45%, que o se corrige o son entre 10 plantas a nivel europeo, por lo que estaríamos hablando de entre 60.000 y 80.000 puestos de trabajo”.

La producción de vehículos en España no ha recuperado el nivel prepandemia. Entre enero y octubre, último dato disponible, cayó un 5,4% interanual hasta mínimos de 2022. En enero llegó a desplomarse más de un 27% interanual, el mayor descenso desde la crisis del coronavirus y los problemas con el suministro de chips. Las ventas de automóviles en Europa han subido hasta octubre un 1,4% y las de eléctricos han crecido el 25,7%.

Sernauto anunció el jueves un acuerdo con el bufete Broseta para “potenciar la competitividad de la industria española de componentes de automoción y explorar nuevas oportunidades en sectores estratégicos, especialmente el de la Defensa”. El objetivo, “ofrecer a asociados y socios colaboradores conocimiento estructurado sobre el sector Defensa, formular una propuesta sectorial y, lo más importante, crear canales de confianza y colaboración entre ambas industrias”.

Según Sernauto, “el contexto actual del sector de automoción, marcado por el estancamiento de la demanda y un descenso sostenido de los volúmenes de producción en Europa”, está impulsando a los proveedores a diversificar su actividad hacia industrias con perspectivas de crecimiento. La defensa es “un ámbito con potencial para el tejido de proveedores de automoción, dada su elevada capacidad tecnológica, productiva e industrial”.

En palabras de Cristina San Martín, directora de Coordinación, Proyectos y Servicios de Sernauto, el proceso “de inversión, modernización y refuerzo de la autonomía estratégica” a través del sector de defensa es “una oportunidad para que las empresas de automoción diversifiquen aprovechando sus capacidades tecnológicas y productivas, y aporten valor gracias a su sólida experiencia en cadenas de suministro complejas”.

Un 20%

En Catalunya, los proveedores de componentes suponen el 6,5% del PIB autonómico: 5.700 millones de facturación, 16.183 empleos directos y 282 empresas, con cerca del 20% del total de este sector en España. La patronal catalana Foment reclama un porcentaje equivalente de inversión en Catalunya, unos 2.095 millones, de los 10.471 millones con los que está dotado el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa.

El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, encabezó hace unas semanas una delegación que mantuvo varias reuniones en la Comisión Europea para reclamar parte de esos 800.000 millones que pretende movilizar Bruselas en compras conjuntas de armamento y tecnología militar en los próximos cuatro años. De esa cifra, 150.000 millones se canalizarán con préstamos a los países miembros.

Foment ha firmado un acuerdo con la multinacional estadounidense General Dynamics (dueña de Santa Bárbara y también socia de Tess Defence) para formar a pymes de distintos sectores y que puedan convertirse en proveedoras del sector, siguiendo el modelo ya aplicado en Andalucía a petición del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALE).

Clústers regionales

Otro territorio íntimamente ligado al sector es Aragón. Allí el Clúster de Automoción y Movilidad (CAAR), unas 300 empresas que facturan unos 12.000 millones, acaba de adherirse al Hub Aragón Defensa, iniciativa “estratégica” de varias Administraciones y patronales para impulsar “un ecosistema transversal del sector de la defensa en Aragón (Industria, Logística, Infraestructuras, Innovación, Investigación, Formación y Emprendimiento) a través de la colaboración público-privada, contribuyendo a la ampliación de la base industrial y tecnológica de la defensa”.

Un exponente de la sobrecapacidad que afronta la industria europea es la planta de Ford en Almussafes (Valencia), una de las más importantes de España y con su producción en mínimos históricos. El Clúster de Automoción y Movilidad de la Comunitat Valenciana (AVIA), que reúne a 120 empresas relacionadas con el sector cuya facturación supone el 8,9% del PIB de la región, afirmaba hace unos días que las empresas del sector “están preparadas para responder a las necesidades del sector de la defensa”.

Tras analizar una treintena de asociadas, AVIA ha concluido que muchos fabricantes de componentes, ingenierías y servicios integrados en la cadena de suministro ya tienen el conocimiento industrial y tecnológico para dar ese salto con adaptaciones “relativamente ligeras”. En palabras del presidente del clúster, Francisco Segura, “existe una línea directa desde las empresas proveedoras de automoción hacia la defensa, donde ya se trabaja en áreas como la conducción autónoma, la sensorización y la conectividad de dispositivos”.

AVIA plantea un margen de adaptación de entre 6 meses y dos años. Señala como principales escollos la certificación que exigen determinadas instituciones que operan en el sector de la defensa, la adaptación a series cortas de producción y la resistencia de los componentes a entornos extremos y hostiles como variaciones de temperaturas, vibraciones o impactos.

En la cadena de suministro de automoción, los subsectores que más fácil tienen ese trasvase, según Avia, son los que trabajan los materiales avanzados y composites, las empresas relacionadas con electrónica y sensores y las del ámbito de las baterías y sistemas de almacenamiento. Las empresas de ingeniería y TIC tienen capacidad de penetrar en el sector de la defensa a través de la seguridad, la analítica avanzada y las comunicaciones seguras. Y las de logística, con su experiencia en la trazabilidad, el transporte seguro de materiales sensibles y el mantenimiento preventivo militar.

Este trasvase no es nuevo. BMW, Mercedes, Ford o General Motors reorientaron parte de su producción durante la II Guerra Mundial a la defensa. El armamento fue el origen de la sueca Saab, octava empresa de defensa en Europa, que no fabrica automóviles desde la venta de esa unidad de negocio a General Motors hace más de 20 años y acaba de firmar un contrato con el Ejército de Tierra español para sistemas de entrenamiento en vivo. 

En España, un ejemplo clásico es Santana Motor, que empezó produciendo Land Rover bajo licencia y durante décadas fabricó vehículos militares para el Ejército español. O la gallega Urovesa, nacida en 1981 centrada en 4x4 civiles y actividades forestales o agrícolas. En 2024 el 75% de su negocio procedió de la pata militar. Ha sido una de las elegidas para los multimillonarios préstamos a dedo al 0% que ha concedido recientemente al sector el Gobierno para los denominados programas especiales de modernización (PEM), con Indra y EM&E como grandes beneficiarias.