Los interinos se movilizan para que el Gobierno les haga fijos y acabe con el abuso en la temporalidad de la Administración Pública

Los interinos vuelven a movilizarse para pedir la fijeza en sus puestos si se demuestra que la Administración ha abusado de la temporalidad. Un fraude laboral bastante frecuente en España, como reconoció incluso la justicia europea el pasado 19 de marzo. Distintos colectivos de empleados públicos temporales en fraude de ley llevan semanas difundiendo la convocatoria de concentraciones este 14 de enero en unas “40 ciudades” españolas, frente a las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno, para reclamar que –en caso de abuso– los interinos sean considerados empleados fijos sin superar un nuevo concurso o oposición. Esta medida, sin embargo, ha obtenido el respaldo de escasos tribunales de instancias inferiores, mientras que ha sido rechazada por el Supremo, que considera que no respeta las condiciones exigidas por ley para acceder a un puesto fijo en la Administración.

Tras las manifestaciones celebradas el pasado 15 de febrero de 2020 por estos colectivos, las plataformas de interinos en fraude vuelven a movilizarse este 14 de enero, aunque con limitaciones debido a la pandemia e incluso al temporal en muchos puntos de España.

Muchos interinos encadenan años y años en sus puestos sin que la Administración de turno convoque los concursos u oposiciones para ocupar definitivamente sus plazas. Un periodo que por lo general no puede exceder los tres años, según establece el EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), pero que es incumplido en multitud de ocasiones por las administraciones públicas. Y es que, aunque la ley marca un plazo máximo para convocar las plazas públicas, no establece una sanción si este no se cumple. El resultado: mucha temporalidad abusiva.

En este escenario, varios colectivos de interinos reclaman que la sanción al abuso en la temporalidad sea la fijeza, de manera que los trabajadores temporales pasen a ocupar definitivamente sus plazas como si fueran fijos sin superar un nuevo concurso u oposición. La medida es muy controvertida y no goza del respaldo ni de los sindicatos representativos de los empleados públicos, ni de la mayoría de tribunales, que entienden que esta declaración de fijos no respetaría los criterios legalmente establecidos para el acceso a una plaza fija en el sector público, que debe cumplir con los criterios de igualdad, mérito y capacidad.

Los colectivos de interinos acompañan su reclamación con algunas resoluciones judiciales, de tribunales de instancias inferiores, que han llegado a reconocer el estatus de fijos a empleados temporales en fraude. Hay dos recientes, una de Toledo y otra de Alicante, que hacen referencia a la sentencia europea del 19 de marzo de 2020. Pero el Tribunal Supremo, que sienta jurisprudencia en España, ha rechazado la fijeza en dos sentencias recientes y ha apostado por la figura del 'indefinido no fijo' al entender que “no cabe aceptar que un proceso de selección realizado con vistas a suscribir unos contratos de obra y servicio determinados sea suficiente como para que los trabajadores así seleccionados adquieran la condición de fijos”.

Los llamados 'indefinidos no fijos', una figura creada por los tribunales en los casos de abuso en la temporalidad, ocupan sus puestos de trabajo hasta que la plaza es adjudicada siguiendo los procedimientos legales oportunos o hasta que se amortiza, según el caso. Es una figura creada en la juridiscción social, para los empleados públicos que se rigen por el Estatuto de los Trabajadores, y que el Supremo ha respaldado también de forma similar para los interinos y eventuales que están enmarcados dentro del EBEP.

Hay diferentes opciones a la hora de sancionar el abuso en la temporalidad, como recordó la justicia europea su sentencia del pasado marzo, pero estas deben ser “proporcionadas” para sancionar el fraude cometido sobre el trabajador y “disuasorias” para evitar que se vuelva a cometer el abuso, según el derecho de la UE. Los magistrados de la UE valoraron en esta sentencia de referencia que las oposiciones de consolidación de empleo público y la figura del 'indefinido no fijo' por sí solas no cumplen con estos criterios y recordaban la opción de establecer indemnizaciones para los afectados.

Expertos en derecho laboral, como la catedrática Ana De la Puebla y el profesor Adrián Todolí, valoraban a elDiario.es que el Gobierno debería legislar contra estos abusos en el sector público tras la sentencia europea. “El legislador tiene la obligación de tomar cartas en el asunto. Los jueces no pueden crear el derecho, pueden amparar a los trabajadores más o menos con la interpretación del derecho, pero es el legislador quien debe legislar”, recordaban a este medio De la Puebla.

El Gobierno ya ha dicho que legislará

Los interinos protestan en un momento en el que el Ministerio de Función Pública que dirige Carolina Darias ha anunciado que reformará el EBEP para sancionar el abuso en la temporalidad, con medidas para reducirla. El secretario de Estado de Función Pública, Francisco Hernández Spínola, afirmó antes de fin de año que la regulación estaba muy avanzada en las conversaciones con las CCAA, aunque aún falta que pase por el diálogo social con los representantes de los trabajadores.

Además, el Congreso también está moviendo ficha en este sentido, con un acuerdo en diciembre para combatir el exceso de temporalidad en el sector público, a raíz de una proposición de ley presentada por PNV, que tiene pendiente la tramitación.

Las movilizaciones de los interinos se producen en este contexto que prepara la nueva regulación y, sobre todo, con la mirada puesta en las oposiciones y concursos para la estabilización de miles de plazas públicas pendientes de convocar del acuerdo firmado por el Gobierno y los sindicatos en 2018, la inmensa mayoría sin ejecutar. En la actualidad, más de uno de cada cuatro trabajadores públicos es temporal, con una tasa de temporalidad media del 28%, superior a la del sector privado.