El Gobierno aprueba el laudo arbitral con el que impondrá una solución al conflicto de El Prat en diez días
El Gobierno ha aprobado en un Consejo de Ministros extraordinario el laudo arbitral de obligado cumplimiento para la empresa de seguridad Eulen y y sus trabajadores en El Prat, con el que se pondrá fin al conflicto que ha llevado a la huelga indefinida. El comité de empresa de Eulen considera “ilegal” este arbitraje.
El Ejecutivo da un plazo de 24 horas a las partes para que acuerden un árbitro mediador desde que se les notifique el acuerdo gubernamental esta tarde o mañana. De no conseguirlo, será el propio Gobierno quien lo nombre en otras 24 horas. La decisión se someterá a trabajadores y empresarios, que podrán emitir alegaciones si no están de acuerdo con la “imparcialidad” de la persona elegida. A partir de ahí, en diez días deberá emitir su dictamen, que deberán acatar.
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha afirmado en rueda de prensa que “desde el punto de vista legal no hay otra vía que el arbitraje”. Ha defendido en todo momento la labor del Gobierno, tanto al decidir enviar guardias civiles al aeropuerto por motivos de seguridad, como al decretar servicios mínimos del 90% “en función del propio informe de la Guardia Civil”. También ha asegurado que el Ejecutivo central ha entrado “en el minuto uno” cuando ha podido hacerlo, es decir, cuando se constató el fracaso de la mediación de la Generalitat, que es la administración competente para mediar en este caso.
Según De la Serna en este momento “se puede hablar de absoluta seguridad y normalidad” en el aeropuerto barcelonés gracias al despliegue de Guardia Civil. Un objetivo que se ha conseguido “desde el más escrupuloso respeto del derecho a la huelga”, ya que “en ningún momento se interfiere” en la labor de los trabajadores de Eulen. Sin embargo, los trabajadores denunciaron amenazas y acoso por parte de los miembros del instituto armado.
En medio de múltiples convocatorias de huelga y protestas en el sector, también ha planteado la constitución de una mesa de trabajo sobre la seguridad privada, en la que participarían sindicatos y patronal, pero también el propio Gobierno.
¿Qué es un laudo arbitral?
Como todo lo que se refiere al derecho a huelga, esta figura sigue regulada por el decreto preconstitucional 17/1977, modificado en este caso por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981. En concreto, el artículo 10 señala: “El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, teniendo en cuenta la duración o las consecuencias de la huelga, las posiciones de las partes y el perjuicio grave de la economía nacional, podrá acordar la reanudación de la actividad laboral en el plazo que determine, por un período máximo de dos meses o, de modo definitivo, mediante el establecimiento de un arbitraje obligatorio”.
El TC declaró después la inconstitucionalidad de facultar al Gobierno para imponer la reanudación del trabajo, pero no de instituir un arbitraje obligatorio, siempre que en él se respete el requisito de imparcialidad de los árbitros.
El árbitro designado por los trabajadores y la empresa, o por el Gobierno en caso de que no se pongan de acuerdo, deberá ser por tanto una figura imparcial, “independiente y de prestigio”, según el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Su tarea será sentarse con las dos partes, juntas y por separado, y tratar de acercar posiciones con toda la intensidad posible. Finalmente dictará su “sentencia” o laudo, de obligado cumplimiento para todos. El arbitraje se trata de una situación excepcional.
El precedente de los controladores
Uno de los precedentes a la situación que se genera a partir de ahora en el conflicto de Eulen en El Prat se remonta al caso de los controladores aéreos, que estalló en diciembre de 2010 y supuso un cierre inaudito del espacio aéreo. El Gobierno socialista nombró como árbitro a Manuel Pimentel, ministro de Trabajo en tiempos de José María Aznar.
En febrero de 2011 emitió su laudo, de obligado cumplimiento, y que supuso una bajada de sueldo y de horas de trabajo de los controladores hasta 2013. En concreto, estableció la jornada máxima en 1.710 horas en 2011, que se reducirían hasta las 1.595 horas para 2013. El salario medio quedó en 200.000 euros. La propia AENA, ya con gobierno del PP, denunció este convenio en 2013.
En el caso de los estibadores, la mediación del presidente del CES, Marcos Peña, no fue exactamente un arbitraje, pero sí intentó una labor de acercamiento de las partes cuyo resultado finalmente no se aceptó por parte de los trabajadores. En el caso de los empleados de Eulen en El Prat, no tendrán más opción que asumirlo, según la ley.
