La norma para los transgénicos en Bolivia es recurrida ante el Constitucional

El decreto que autoriza pruebas con transgénicos en Bolivia fue recurrido este martes antes el Tribunal Constitucional del país, por parte de una senadora que lo calificó de “atentado a la salud”.

La senadora María Elizabeth Oporto, del Movimiento al Socialismo (MAS), explicó a los medios en Sucre, capital del país y sede del poder judicial, que la acción de inconstitucionalidad se basa en que el decreto presidencial no respeta normas como la propia Constitución y tratados internacionales firmados por el país.

El objetivo es que el decreto quede sin efecto, según la legisladora, que argumentó que la Constitución establece que el uso de organismos genéticamente modificados tiene que regularse por ley en Bolivia, no como en este caso por una norma presidencial.

Otra senadora del MAS, Sonia Chiri, anunció por su parte un proyecto de ley para prohibir la importación de lo que calificó como “agrotóxicos peligros”.

Estas acciones del MAS, que tiene mayoría parlamentaria, coinciden con argumentos críticos hacia el decreto que han ido surgiendo en Bolivia desde que se conoció la norma la pasada semana, como los esgrimidos por la Defensoría del Pueblo, que cuestiona que se saltó el trámite parlamentario y favorece solo a “algunos sectores productivos”.

El decreto de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, autoriza “de manera excepcional” y con “procedimientos abreviados” que se investigue en maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya genéticamente modificados, tanto para el consumo interno como para exportación.

La norma fue publicada en la gaceta oficial sin darla publicidad institucionalmente y representa un cambio radical respecto a la política contraria a los transgénicos durante los casi catorce años en el poder de Evo Morales.

La decisión es alabada por grupos como la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo de Bolivia, un importante colectivo agroindustrial especialmente en Santa Cruz, la principal región agrícola del país, pero rechazada por asociaciones ecologistas, sociales, de consumidores y colegios profesionales, entre otras.