El Parlamento Europeo tumba las normas de protección a los inversores minoristas por “engañosas”
La Eurocámara ha rechazado este miércoles una parte de la legislación de protección a los inversores minoristas por considerar que la propuesta de la Comisión Europea contiene “errores” que no permiten asegurar que los usuarios reciben información adecuada sobre sus inversiones y el riesgo de las mismas.
Pocas veces se ve una unanimidad como la que ha cosechado este veto. No solo ha contado con el respaldo de todos los grupos políticos –salió adelante con 602 votos a favor votos, 4 en contra y 12 abstenciones– sino que tanto asociaciones de inversores como representantes del sector financiero apoyan que las reglas se cambien.
En 2014 la Unión Europea lanzó una nueva reglamentación para proteger a los inversores minoristas que adquiriesen productos de inversión vinculados o basados en seguros, más conocidos como PRIIPS por sus siglas en inglés. Su objetivo es evitar que se repitan casos como el de las preferentes en España cuando hasta 600.000 particulares, invirtieron miles de euros en deuda perpetua pensando que adquirían algo similar a un depósito y se encontraron con que no podían recuperar su dinero.
Entre otra medidas, Bruselas exigirá a las entidades que den un documento de no más de tres páginas y en lenguaje comprensible –conocido en la jerga financiera como KID- en el que expliquen al inversor qué tipo de producto adquiere, cuáles son sus costes, riesgos y potenciales beneficios. La parte de la regulación que ayer vetó el Parlamento especifica qué información exacta tiene que incluirse y cómo debe calcularse.
La Eurocámara ve deficientes estas reglas técnicas. En concreto cree que la metodología para estimar los futuros escenarios de rentabilidad contiene fallos y por lo tanto “no cumple el requisito de dar información correcta, justa, clara y no engañosa”. En particular, señalan en su informe, para algunos productos no se muestra que los inversores podrían perder dinero, ni siquiera en un escenario adverso o para productos que en el pasado generaron pérdidas regularmente.
Además critica la falta de instrucciones detalladas sobre cómo debe utilizarse la llamada “alerta de comprensión”, una aviso que se incluye en el documento de información en el caso de productos especialmente complejos de entender.
Los eurodiputados también consideran “engañoso” que no se incluyan los riesgos de crédito a la hora de evaluar el riesgo de los seguros e insisten en que la información para los consumidores tiene que ser comparable, independientemente de quien lo venda.
“Si no se cambia existe el riesgo de que esta regulación vaya en contra del espíritu de la legislación que es proporcionar información clara, comparable, comprensible y no engañosa sobre los PRIIPS a los inversores minoristas”, dice la Eurocámara.
Retraso en la legislación
La pelota vuelve ahora al tejado de la Comisión, que tendrá que proponer una nueva regulación, lo que alargará los plazos para su entrada en vigor. El Parlamento ha pedido que se retrase la aplicación de toda la legislación, prevista para el 31 de diciembre de 2016, hasta que este reglamento sea aprobado.
Tanto asociaciones de inversores como representantes del sector bancario y asegurador respaldan la decisión del Parlamento.
“Es mejor que exista un retraso pero haya buenas reglas que tener que parchearlas después”, dice Niels Lemmers, director de European Investors, una asociación que representa a los inversores minoristas de la UE.
Para esta organización el principal defecto del folleto informativo es que finalmente no incluirá información histórica sobre la rentabilidad del producto que sirva de guía a los consumidores sobre cómo funcionó en el pasado. “Esperamos que sea posible enmendar la legislación para llenar este vacio”, dice Lemeers, que afirma que hasta ahora “la Comisión guarda completo silencio”.
Pese a ello están a favor de una legislación que consideran imprescindible para mejorar la información y protección que reciben los inversores.
“Es lo más razonable dado que está claro que hay fallos”, opina por su parte un portavoz de la Federación Europea de Banca, que se representa a las entidades financieras europeas.
Tras conocer la proposición, en junio, de la CE varias asociaciones del sector habían enviado ya una carta conjunta a las instituciones pidiendo que se resolviesen los “importantes fallos” en esta regulación. La industria considera que las reglas no son lo suficientemente “claras, coherentes y adecuadas” como para que las entidades puedan elaborar correctamente y a tiempo los documentos de información que tendrían que estar en sus sucursales el año próximo.
“Tal como están ahora, estas reglas no permiten que el KID sea una herramienta para que los consumidores entiendan bien y comparen los productos”, aseguran.
