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La paralización de los desahucios rompe la unidad de voto del PSOE con Unidas Podemos y sus aliados parlamentarios

El portavoz de Podemos, Rafa Mayoral, fue abogado de la PAH

Analía Plaza

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El PSOE ha advertido este miércoles que no respaldará más medidas para paralizar los desahucios porque es algo que el Gobierno “ya está haciendo”. Los socialistas no apoyarán una moción de la CUP que insta al ejecutivo a suspender “todos los desahucios y cortes de suministro” que carezcan de alternativa habitacional durante la pandemia, rompiendo así la unidad de voto con su socio, Unidas Podemos, que sí lo hará.

Los desahucios por vulnerabilidad COVID —en los que el afectado acredite una reducción de ingresos en los últimos meses debido a la pandemia— continúan suspendidos hasta el 31 de enero, aunque la realidad es que sigue habiendo unos 70 diarios. El PSOE se agarra a esta normativa e insiste en que, llegado el momento, estudiará si hace falta una nueva prórroga.

La ruptura de voto es un nuevo síntoma del cisma abierto entre los dos socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios en este asunto. Unidas Podemos, ERC y Bildu presentaron este martes una enmienda al proyecto de Presupuestos para paralizar todos los lanzamientos mientras dure la crisis sanitaria. La vicepresidenta Nadia Calviño pidió, en declaraciones a Onda Cero, “no mezclar temas” ni “despistar” del objetivo principal, que es aprobar las cuentas públicas. Es decir: que se desmarcó.

El de los desahucios es un tema sobre el que Podemos lleva semanas presionando al PSOE. Aunque el discurso oficial del ministerio competente, el de Ábalos, es esperar a finales de enero y velar por la seguridad jurídica, queda —como explicó este diario— la posibilidad de saltarse al ministro y que Pablo Iglesias y Pedro Sánchez lleguen directamente a un acuerdo.

La moción —que en la práctica no tiene más impacto que el de “instar” al Gobierno a hacer algo— fue presentada por Mireia Vehí, diputada de la CUP, y recibió enmiendas de Unidas Podemos y ERC, claves en la negociación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado junto a Bildu. El texto definitivo, acordado por los tres partidos, contiene cinco peticiones: que se regule el alquiler, que no se presente un recurso de inconstitucionalidad a la ley catalana de alquileres, que se suspendan los desahucios, que se acabe con los privilegios sociales de las socimis y que las viviendas de la Sareb pasen al parque público. El PSOE rechazó incorporar sus elementos al texto definitivo y presentó otra enmienda, rechazada por la CUP.

Ciudadanos, Vox y el PP votarán en contra de la moción, mientras que Bildu, Podemos y ERC lo harán a favor. Será mañana. Que el PSOE no la apoye significa no solo que se desmarca de sus socios de Gobierno y aliados en los PGE, sino que vota junto a las derechas. “Nos preocupa muchísimo”, reconoció Mireia Vehí, diputada de la CUP e impulsora del texto tras el debate. “Cuando la cosa va de economía, el PSOE se sitúa con los partidos de derecha”.

Más allá de los votos, el debate no dejó muchas sorpresas. El diputado de Unidas Podemos Rafa Mayoral, que fue abogado y activista de la PAH, dio las gracias al movimiento popular y a los sindicatos de inquilinos por “jugarse el tipo” y conseguir que el debate llegue al Congreso. La portavoz de Vivienda del PSOE, Eva Bravo, dijo estar de acuerdo en todo “pero con matices” y recordó que el Ministerio de Transportes trabaja ya en la Ley de Vivienda, que habilitará a las comunidades para regular precios del alquiler.

PP, Vox y Ciudadanos dejaron de lado los desahucios y se centraron en los efectos negativos de la regulación del alquiler. Sus argumentos se resumen en que la normativa disminuirá la oferta de vivienda y provocará el efecto contrario: una subida de precios. Tanto Vox como el PP lo llevaron más allá. “Son políticas suicidas que traen ruina y Vox no contribuirá a empobrecer al pueblo español”, dijo la diputada de la formación de extrema derecha, Patricia de las Heras. “La regulación es una medida estrella de cualquier política populista. Los propietarios retirarán sus viviendas del alquiler y los inversores y empresas huirán”, añadió Ana María Zurita, del PP. “Sumirán a este país en el hambre y la miseria”.

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