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La UE deja a Arabia Saudí fuera de la lista de financiadores del terrorismo tras el bloqueo de los Gobiernos a la lista anterior

Imagen del rey Salman de Arabia Saudí en una videoconferencia de líderes del G20 durante su discurso sobre la crisis del coronavirus.

Andrés Gil

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Hace exactamente un año, la Comisión Europea elaboraba una lista ambiciosa de países con “alto riesgo” de financiación del terrorismo y blanqueo de capitales, en la que se incluía a Arabia Saudí. Semanas después, los Gobiernos la tumbaban, incluso después de haberse producido el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el consulado saudí de Estambul.

El objetivo de esta lista es proteger el sistema financiero de la UE mediante una mejor prevención de los riesgos de lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Como resultado de la lista, los bancos y otras entidades cubiertas por las normas de la UE contra el lavado de dinero deberán aplicar un mayor control en las operaciones financieras que involucren a clientes e instituciones financieras de estos terceros países de alto riesgo para identificar mejor cualquier sospecha.

Bruselas, en 2020, ha cambiado el sistema de elaboración de la lista. Y, según el nuevo mecanismo, ya no aparece Arabia Saudí, lo cual le ahorrará un nuevo revés cuando la lista tenga que ser ratificada por los Gobiernos de los 27.

La Comisión Europea tiene la obligación legal de identificar a terceros países de alto riesgo con deficiencias en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo.

El Ejecutivo comunitario ha revisado ahora su lista, en la que ha incluido a Bahamas, Barbados, Botswana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panamá y Zimbabwe.

Por otro lado, Bruselas ha excluido de la lista a Bosnia-Herzegovina, Etiopía, Guyana, República Democrática Popular Lao, Sri Lanka y Túnez.

Ahora la lista se presentará al Parlamento Europeo y al Consejo para su aprobación. Dada la crisis del coronavirus, la fecha de aplicación se aplicará a partir del 1 de octubre de 2020 para garantizar que todas las partes interesadas tengan tiempo para prepararse adecuadamente.

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