Vivienda da por cumplido el acuerdo de coalición con Sumar: “Y mucho más allá”

El ala socialista del Gobierno da por cumplido, o en trámite, el acuerdo de coalición con Sumar en materia de vivienda. La ministra del ramo, Isabel Rodríguez, se ha enfrentado este miércoles a una sesión de control en el Congreso con críticas de Bildu y Podemos, dos partidos que forman parte del bloque de investidura, y con el pulso de los de Yolanda Díaz de fondo para la congelación de los miles de contratos de alquiler que vencen el próximo año, amenazados por las subidas de precio.

“No solo pensamos, hacemos cada día, de tal manera que el acuerdo de coalición de este Gobierno que usted firmó, aunque ahora ya no esté en el mismo, está cumplido al 100% por parte de la gestión de mi Ministerio”, respondió Rodríguez a la portavoz de Podemos Ione Belarra, que se interesó por si el Gobierno “piensa hacer algo para enfrentar la brutal crisis de vivienda”. La de la exministra de Derechos Sociales fue la intervención más dura

El acuerdo, presentado en octubre de 2023, incluía una quincena de compromisos en materia de vivienda, como aumentar el parque público y blindar a perpetuidad aquellas casas financiadas con recursos públicos, incentivos fiscales y mecanismos de control de los alquileres, la revisión de la regulación de los alojamientos turísticos o la puesta en marcha de un índice de precios de referencia que permita identificar los municipios y distritos tensionados.

Según fuentes de Vivienda, hasta nueve de esos compromisos están ya cumplidos, como el despliegue de una política activa de vivienda; la consolidación del bono alquiler joven; la línea de avales del ICO para cubrir el 20% de las hipotecas para la compra de vivienda habitual a menores de 35 años; el impulso de medidas necesarias para garantizar los mecanismos de protección ante desahucios, que vinculan a la prórroga del Escudo Social, que vence de nuevo el próximo mes, a la espera de otra más; la aplicación de los recursos de los planes estatales, con el implementado durante los años 2022-2025 y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; y el refuerzo de la cogobernanza, con ocho Conferencias Sectoriales en lo que va de legislatura, “más que nunca”, indican.

Además de las vinculadas a otros ministerios, como la ampliación hasta la renta media del umbral para acceder a las medidas de apoyo a los afectados por la subida de tipos de interés, mejoras en los préstamos hipotecarios o la eliminación de obstáculos a la portabilidad real de hipotecas entre entidades, que estas fuentes atribuyen al Ministerio de Economía, o la estrategia de erradicación del sinhogarismo, que está desarrollando Derechos Sociales.

En la columna de 'cumpliendo', desde Vivienda anotan el resto, como el aumento del parque público de vivienda en alquiler asequible. El acuerdo hablaba de una “decidida y ambiciosa política de inversión pública a media y largo plazo, para elevar su peso hasta el 20% del parque total”, mediante “mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcción y movilizando vivienda vacía”. Solo en 2024, las administraciones y el Gobierno central han inyectado recursos para animar la producción de vivienda protegida hasta el 18% de todas las casas que comenzaron a construirse. En un momento en el que la obra nueva trata de despegar, ese porcentaje suponía unas 24.000 viviendas, frente a las 12.300 del año anterior.

Además, el nuevo Plan Estatal de Vivienda, dotado con 7.000 millones de euros hasta 2030, compromete cualquier tipo de recurso público a que las casas que se construyan sean públicas a perpetuidad.

El gran impulso a ese compromiso de la coalición ha llegado en los últimos meses, con el traspaso en marcha de unas 45.000 viviendas de la Sareb, el conocido como 'banco malo', a la nueva empresa pública, Casa 47. De hecho, Rodríguez señaló este miércoles en el Congreso que el acuerdo de coalición estaba cumplido al 100% por parte de la gestión de su Ministerio, “con propuestas para más viviendas, para regular el mercado y también para ayudar a quien más lo necesite y con propuestas que han ido mucho más allá, como la creación de una empresa pública para garantizar hoy y siempre un parque público de vivienda asequible en nuestro país y una infraestructura que garantice el derecho” a una vivienda.

Belarra había calificado de “empresa fantasma” a Casa 47, la gran apuesta del Ministerio, al que acusó de lanzar “una campaña de comunicación con el artículo 47 de la Constitución —el que reconoce el derecho a la vivienda— como gancho” y “abrirse cuentas en TikTok para engañar a la gente joven”. “La gente piensa que su política de vivienda no vale para nada, porque no vale para nada”, les espetó. Según los datos del Banco de España, la tasa de esfuerzo para comprar una vivienda, como se denomina al tiempo que se tardaría en pagar la casa si se destinase la renta bruta, ha pasado de 7,21 años en octubre de 2023 a 7,65 años en junio de este año y los precios de oferta del alquiler han subido en torno a un 20%, mientras la vivienda lleva un año como la principal preocupación de la población.

“La cuestión no es cuánto del acuerdo con nosotros se ha cumplido, sino cuánto se ha cumplido con la gente. Es una emergencia y hay que cumplir, pero con las personas que lo necesitan”, deslizan fuentes del grupo parlamentario de Sumar, que en las últimas semanas han elevado la presión con un Real Decreto que incluye la congelación de los contratos que se renuevan en 2026. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció este sábado que llevaría la medida al seno del Ejecutivo, a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), el paso previo para el Consejo de Ministros.

Los ministros de Sumar presentaron este paquete de medidas en octubre y han redoblado la presión en los últimos días. Díaz ha llegado a cargar contra la posición “neoliberal” del titular de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha afirmado que: “Nadie entendería que no intervengamos para proteger a 1,6 millones de personas que se ven ante una situación angustiante, que es el vencimiento de su contrato y la necesidad de renegociarlo en unas condiciones que pueden suponer un incremento de un 30, 40 o 50%”.

Según un documento elaborado por el departamento que dirige Bustinduy, en 2021 se celebraron 632.369 contratos de alquiler, que tendrían que ser renovados a lo largo de 2026, con un incremento extra acumulado que Consumo estima en unos 1.000 millones de euros, con una media de unos 1.600 euros por inquilino.

Desde el ala socialista ponen en duda tanto el dato como el encaje legal de la medida. “No hay que creerse todo lo que se publica en los medios de comunicación y, sobre todo, en una cuestión tan sensible como el problema de la vivienda hemos de acudir a los datos públicos y contrastados y también tener prudencia a la hora de proponer las respuestas y asumirlas con la seguridad jurídica necesaria para dar esa seguridad también a los inquilinos”, respondió Rodríguez al portavoz de Bildu, Óscar Matute, que le preguntó por esta cuestión y replicó: “Los datos que yo he ofrecido vienen avalados por el Gobierno al que usted pertenece”.

Fuentes de Consumo aseguran que sus datos son “fiables” y obtenidos de fuentes públicas, pero afirman que “lo único importante para la ciudadanía y especialmente para los miles de inquilinos que miran con temor la fecha de finalización de su contrato de alquiler es intervenir para proteger a estos cientos de familias” porque no hacerlo supone “permitir que grandes rentistas y fondos de inversión sigan extrayendo riqueza de la gente trabajadora y agravando la emergencia habitacional”. “Lo que la ciudadanía espera de este Gobierno son soluciones para resolver su principal problema, todo lo demás son debates que no contribuyen a la toma de soluciones”, insisten.

La ministra de Vivienda, por su parte, ha puesto en valor la Ley de Vivienda y ha señalado en el Congreso que los ciudadanos que viven en zonas declaradas tensionadas no corren el riesgo de estas subidas desproporcionadas, porque en estas áreas ya hay un control de precios que impide a los propietarios renovar los contratos por encima de la cuantía previa.

Desde Vivienda son conscientes de que algunas de las medidas que han impulsado depende de una mayoría parlamentaria con la que ahora mismo el Ejecutivo no cuenta y que, además, pasaría por poner de acuerdo a diferentes sensibilidades. Por ejemplo, el paquete fiscal que registró el Grupo Parlamentario Socialista y que incluye la tributación del IVA al 21% de las viviendas turísticas, que se sumaría a la puesta en marcha del registro único que ya ha supuesto la retirada de 70.000 anuncios; la reforma fiscal de las socimis; una subida de impuestos a la vivienda vacía; o beneficios fiscales para los caseros que bajen los precios del alquiler, una medida que no gusta a los socios a la izquierda del PSOE.

En la Comisión de Vivienda del Congreso espera también la ley para regular los alquileres de temporada, a iniciativa de Sumar y que cuenta con el apoyo del PSOE. La propia ministra la ha hecho suya durante esta sesión de control al reclamar a Podemos su apoyo para buscar un consenso y que se apruebe en el primer pleno del próximo año, tras la pausa navideña. En el fondo de las intervenciones, un mensaje que Rodríguez lleva repitiendo en los últimos tiempos: “Algunas medidas son posibles desde la mesa del Consejo de Ministros, pero algunas dependen de la voluntad de esta Cámara. Tenemos que hablarle con sinceridad a la ciudadanía, [porque] para muchas de esas reformas nos necesitamos todos”.