La Junta pide a Rajoy que tome más medidas frente a la corrupción
El Consejo de Gobierno de la Junta ha acordado pedir a Rajoy que tome medidas más eficaces contra la corrupción, aunque ha marcado el terreno de la corrupción política solo en asuntos de carácter económico ya que no hace la menor referencia al caso del dirigente del PP extremeño y diputado regional Juan Antonio Morales que acaba de ser condenado en firme con dos sentencias y pese a ello mantiene la secretaría provincial del PP y su acta de diputado regional.
Entre las propuestas que el PP de Extremadura hace al Gobierno de España se encuentra la expulsión obligatoria de los acusados de corrupción, tanto de partidos políticos como de sindicatos y organizaciones patronales, así como la devolución de los fondos, incluso con el patrimonio personal de los condenados.
En la misma línea, el Ejecutivo extremeño plantea que el soborno en España esté penado hasta con 10 años de cárcel como en Reino Unido; así como que el plazo de la prescripción del soborno se amplíe de los cinco años actuales a 10 años.
Ley Anti Soborno
Ley Anti Soborno, es el nombre que el Gobierno regional ha utilizado para definir estas propuestas que llevará en breve a la Asamblea de Extremadura para instar posteriormente al Gobierno de la Nación.
“Creemos que hay que dar un paso más, un paso importante, un paso de trascendencia y que esas medidas de regeneración política deben estar en la línea de las normativas más avanzadas y más contundentes contra la corrupción. Debemos dar un paso más allá del Código Penal que ya tipifica el delito de cohecho. Debemos entre todos limpiar a España de la corrupción desde la raíz, caiga quien caiga y debemos dotar para ello de los instrumentos con los que cuentan los países más desarrollados en el mundo para hacerlo”, ha explicado la vicepresidenta de la Junta Cristina Teniente.
Más jueces
Otra de las medidas apuntadas por Teniente es aumentar la dotación para la Justicia, incrementar los recursos económicos y humanos para hacer frente a los casos de corrupción. “Nuestros principales jueces no pueden llevar cinco años para el desarrollo de todo el procedimiento en los casos de corrupción, u ocho años en algunos casos, cuando esto en algunos países de nuestro entorno es inimaginable”, ha recalcado Teniente, quien ha añadido que España está “muy por debajo” de la media europea de jueces por habitante.
Separación preventiva
Otra medida concreta avanzada por la vicepresidenta consiste en apartar de manera preventiva de empresas públicas e instituciones, a aquellas personas inmersas en casos de corrupción, aunque manteniendo sus derechos laborales.
De igual modo, el Ejecutivo regional defiende que todas las instituciones públicas y empresas privadas deben realizar un plan antisoborno que obligue a todas las personas de su organización y sea aprobado por el máximo órgano de gobierno de la misma. Además, entiende que deberán crear un órgano o departamento especializado en el control, el seguimiento y la evaluación.
Igualmente, defiende el Gobierno autonómico que todas las instituciones públicas, partidos, patronal, sindicatos, asociaciones, fundaciones, entes, organismos, sector público y privado asuman la responsabilidad del delito si se demuestra que no han llevado a cabo los controles y mecanismos adecuados para evitar el soborno.
Asimismo, plantea que la financiación ilegal de partidos políticos, patronal, sindicatos, asociaciones o fundaciones debe tipificarse como un soborno y debe incluirse en el Código Penal también con penas de hasta 10 años de cárcel para los responsables de la misma.
