Álava retira la campaña institucional de recogida de amianto por particulares, aunque no reconoce irregularidades

La Diputación de Álava ha decidido “suspender temporalmente” la campaña institucional para recoger amianto por parte de particulares y trasladarlo a garbigunes o puntos limpios tras la denuncia por parte de la asociación EKI. El grupo ecologista calificó la iniciativa, que busca que los particulares manipulen amianto para trasladarlo a puntos limpios de Nanclares de la Oca, Campezo y Oyón de “alarmante despropósito normativo y sanitario” y de un “riesgo que se traslada a la ciudadanía”.

La institución foral ha respondido por escrito a la denuncia formal planteada por EKI y, aunque no reconoce irregularidades y defiende la legalidad de la campaña, comunica que ha acordado “suspender temporalmente el servicio mientras se analizan las cuestiones planteadas” y emplaza a EKI a mantener una reunión informativa para “aclarar el alcance del procedimiento implantado, exponer las garantías técnicas y preventivas previstas y atender cualquier duda o inquietud existente en relación con este asunto que es para esta diputación de máxima importancia”.

EKI presentó una denuncia formal ante la cuadrilla de la Rioja Alavesa, el Ayuntamiento de Oyón y la Diputación Foral de Álava exigiendo la suspensión de forma inmediata de la campaña y advertía de que de no ser así, se tramitarían denuncias de urgencia ante Osalan (Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales) y la Inspección de Trabajo para el precintado de las instalaciones, además de trasladar el expediente completo a la Fiscalía de Medio Ambiente y Salud Laboral del País Vasco para dirimir las presuntas responsabilidades penales de los cargos públicos que han autorizado esta campaña.

Pese a suspender temporalmente la campaña, la Diputación Foral traslada en el escrito remitido a EKI su consideración de que la denuncia presentada “carece de base técnica suficiente”, al obviar tanto el procedimiento de autorización previa implantado por la Diputación Foral de Álava, como el protocolo específico de gestión aprobado, las condiciones establecidas en la contratación del servicio y las medidas preventivas e instrucciones incorporadas en las autorizaciones dirigidas a las personas usuarias. Asimismo, considera que se omite que la gestión de estos residuos se articula mediante procedimientos técnicos controlados, “ejecutados exclusivamente por personal especializado perteneciente a empresa inscrita en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), y limitada en todo caso a materiales no friables debidamente embalados y confinados”.

Defiende la directora de Medio Natural, María José Madeira, que la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados, establece en su artículo 25.2 la obligación de que las entidades locales implanten la recogida separada de residuos domésticos peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024.“ El fibrocemento en manos de la ciudadanía se encuadra en esta categoría de competencia local”, señala, y considera que la denuncia “confunde las operaciones de retirada y demolición industrial, con la entrega puntual de pequeñas cantidades de material no friable en los garbigunes forales habilitados como puntos de recogida de referencia por la Diputación Foral de Álava.

“La iniciativa impulsada por la Diputación Foral de Álava no pretende fomentar actuaciones ilegales de retirada de amianto, sino dar respuesta a una necesidad existente y canalizar de forma controlada y segura residuos que, de otro modo, podrían acabar siendo gestionados de manera inadecuada o abandonados incontroladamente”, asegura. Además, señala que es un modelo de recogida que “ya se aplica con éxito en otros territorios, y ejemplo de ello es el Plan Nacional para la erradicación del Amianto en Cataluña, donde los puntos limpios actúan como centros receptores autorizados”.

Por otra parte, puntualiza que el protocolo de actuación propuesto por la Diputación impone una tramitación previa obligatoria mediante solicitud de autorización individualizada, aceptándose únicamente aquellos residuos con amianto no friable de naturaleza doméstica o asimilable, una identificación concreta del residuo, incluyendo su tipología, formato y cantidad estimada, y se incorporan instrucciones específicas dirigidas a las personas usuarias para minimizar cualquier riesgo durante el traslado del residuo al garbigune, incluyendo, entre otras el uso de guantes y mascarilla y embalado adecuado del material.

EKI denuncia que con esta operación se pone en riesgo también a los trabajadores de los garbigunes, pero desde la institución foral señalan que ue las las personas ajenas a las labores de recogida de material con amianto, como personal del garbigune o el resto de las personas usuarias, no participarán en esta operación, y que sólo se permite la entrega de materiales no friables, por ejemplo placas de fibrocemento onduladas y/o planas, tuberías para canalizaciones de agua o bajantes de edificios, depósitos de agua, losetas, elementos decorativos, macetas o similares. Además, puntualiza que acuerdo con Osalan, el servicio será prestado por una empresa dada de alta en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), que será la responsable de desarrollar el servicio conforme a los requisitos legales aplicables.

EKI apunta a la retirada profesional a domicilio

Fuentes de EKI consideran que los ejemplos que se tienen en el reto de España “demuestran que la única forma legal y segura de dar cumplimiento a la Ley de Residuos 7/2022 a nivel municipal consiste en financiar la retirada profesional a domicilio mediante contratas públicas RERA, o limitar la recepción en Garbigunes exclusivamente a objetos móviles históricos (no estructurales), proveyendo obligatoriamente a los ciudadanos de kits de aislamiento hermético y supervisión técnica previa en el propio terreno”. En este sentido, insisten en que “cualquier campaña que permita o induzca a que un ciudadano se suba a una techumbre a retirar 10m² de placas por sus propios medios carece de parangón legal en España y vulnera el marco de seguridad laboral e higiénico-sanitario vigente”.

En cuanto al ejemplo catalán al que aduce la diputación para justificar la campaña, desde EKI señalan que “el modelo catalán enfatiza unos límites de control drásticos que la campaña de la Rioja Alavesa omitió en su cartelería inicial”. Entre ellos cita que los Puntos Limpios de Cataluña aceptan exclusivamente objetos pequeños que ya no forman parte de una edificación, por ejemplo, una maceta rota antigua o un trozo de tubería suelto que se ha encontrado en un trastero y “se aclara de forma tajante que si el fibrocemento está anclado, atornillado o forma parte de un tejado, está estrictamente prohibido que el particular lo desmonte” porque obligatoriamente se debe contratar a una empresa RERA. Además, insiste en que en los municipios catalanes donde se permite la entrega puntual, la administración no se limita a sugerir “llevarlo embalado”. El ciudadano debe acudir antes al punto limpio a recoger un kit de confinamiento estricto (plásticos de galga gruesa homologados, etiquetas de señalización de amianto “Residuos con Amianto - Contiene Asbesto” y bridas de alta resistencia). Además, el transporte en el vehículo particular debe cumplir condiciones donde el paquete esté herméticamente sellado antes de salir de la propiedad privada.