El sector industrial español representa el 15% del PIB, reúne a casi 200.000 empresas, da empleo a más de 2.400.000 personas y genera cerca del 54% de las exportaciones de bienes y servicios. Es considerable, pero aun así es inferior al objetivo medio de la UE, del 20%. Desde 2008 se han perdido 615.000 empleos en el sector y se han cerrado alrededor de 47.000 empresas.
Es verdad que la industria es un concepto estadístico vago, ya que muchas de sus actividades se encuentran externalizadas (contabilidad, consultoría, despachos laborales o mercantiles, ingeniería, montaje y mantenimiento, etc.). Pero la importancia de la industria no es estadística, sino estratégica. Las empresas industriales compran energía, materias primas y bienes y servicios: tienen lo que los economistas llamamos capacidad de arrastre hacia atrás. Y, además, no solo fabrica productos de consumo sino que también actúa como proveedor de bienes de inversión y capital: es la capacidad de arrastre hacia adelante.
A todo esto hay que añadir que la industria es un sector con niveles de productividad superiores a los de la media de la economía: con gran capacidad de innovación, interesado en mantener empleo estable (no es fácil sustituir a un trabajador formado a lo largo de los años), y con gran proyección exterior. Razones de sobra para proteger y fomentar la industria.
Sin embargo, también tiene debilidades. Las grandes empresas españolas han lanzado políticas de internacionalización y crecimiento muy agresivas para las que no estaban preparadas, y son dependientes de las decisiones que se toman fuera de nuestras fronteras. Recordemos, solo por poner unos ejemplos de sectores muy diversos, los casos de Arcelor Mittal, Indra, Abengoa, Pescanova o Fagor.
También las pymes presentan carencias. Muchas carecen de proyecto estratégico, no tienen experiencia internacional, ni disponen de una organización comercial asentada, prestan poca atención al marketing y, quizás lo más importante, no tienen recursos propios suficientes para poner en marcha procesos de crecimiento, innovación e internacionalización.
Tras una legislatura inane en materia de política industrial, centrada en el turismo, España necesita un Plan Nacional para el sector.
Hemos cogido miedo a las palabras e intentamos camuflar conceptos con eufemismos como ‘hoja de ruta’ o ‘agendas’. No. Lo que la industria española necesita son planes que marquen el rumbo, fijen prioridades y concentren los recursos en esas prioridades. Planes que se evalúen para conocer su impacto y resultados y que vuelvan a renovarse periódicamente para crear una cultura planificadora que dé continuidad y enfoque a la política industrial. Un plan compartido con los agentes económicos y sociales, construido de abajo-arriba.
Este nuevo ideario de la política industrial debe asociarse al concepto de competitividad empresarial, que amplía mucho el margen de actuación de la política industrial. Así hoy hablamos con naturalidad de industria del conocimiento, industria del ocio, industria de la moda. La política industrial así concebida requiere de la integración de los diversos sistemas que vertebran la economía y la sociedad. Todos los “sistemas” han de estar involucrados: sistema empresarial, sistema educativo, tecnológico, sanitario, e incluso el sector público. Un “sector público competitivo” puede alumbrar conceptos como colaboración público-privada, colaboración entre diferentes administraciones o compras públicas innovadoras.
Esta política de competitividad debe llegar a todas las empresas, sea cual sea su tamaño o sector, y para ello hay que consolidar la amplia red existente de agentes intermedios (asociaciones sectoriales, clusters, agencias de desarrollo regional o local) muy cercanas a las necesidades de las empresas, especialmente de las pequeñas. Algo que ciertas instituciones han olvidado en su afán de querer llegar al ‘cliente’ final directamente
Este enfoque conduce inevitablemente a primar las políticas horizontales, que afecten a todas las empresas con independencia de su sector, frente a las políticas sectoriales. Este ha sido el enfoque tradicional de la UE que, no obstante, no ha dejado de dedicar en sus comunicaciones más recientes una gran parte de su atención a sectores como la energía, la defensa, la farmacia, las biotecnologías, las industrias creativas... Una lista interminable en la que siempre estaríamos tentados a incluir un nuevo sector estratégico. Queda, eso sí, espacio para fomentar, a través de las plataformas sectoriales, fórmulas de colaboración entre empresas y operaciones que contribuyan a aumentar su dimensión.
El plan industrial debe centrarse en líneas horizontales sobre las que ya haya consenso, como la internacionalización e innovación, la energía y sostenibilidad, financiación, fiscalidad o infraestructuras tecnológicas. Cada una de estas líneas tienen sus necesidades y retos, y algunas requerirán, probablemente, un amplio replanteamiento (la política de emprendimiento o la política energética). Otras líneas necesitarán un enfoque más novedoso. Será necesario acompasar las políticas de internacionalización e innovación, como hizo el Gobierno vasco de Patxi López, cuando acuñó, con relativa, pero efímera fortuna la fórmula 3i + D.
La clave está en segmentar la política: decidir a quién va dirigida y diferenciar las necesidades de las pequeñas empresas de las grandes. En un momento de estrecheces presupuestarias el gobierno debe asignar prioridades, y entre ellas debe estar sin duda la política industrial, al mismo nivel que las políticas sociales y las de demanda. Es la forma de garantizar un crecimiento equilibrado a largo plazo. Así lo entendieron, por ejemplo, Obama y sus asesores cuando llegaron a la Casa Blanca y situaron a la industria manufacturera en el centro de su política.
Precisamente la naturaleza estructural de la política industrial aconseja separar el concepto de Competitividad - hoy en el Ministerio de Economía y Competitividad- del de la gestión de la coyuntura económica. Una política así definida evitará también veleidades como las ocurridas en la Comunidad de Madrid, donde independientemente de su resultado –que nunca se juzgó- se eliminaron de un plumazo instituciones como IMADE o PROMADRID que cumplían una misión de articulación y desarrollo del territorio.
Es, en definitiva, un sector que aporta valor, contribuye a la cohesión social y territorial, sostiene empleo cualificado, crea conocimiento y riqueza y proporciona marca internacional. Un sector por el que merece la pena apostar con una política activa que facilite la explotación de los factores de competitividad de las empresas. Y habrá que exigir resultados a las empresas en términos de creación de empleo o aumento de la dimensión, habrá que medir también el impacto real de las iniciativas en términos de mejora de la competitividad, posicionamiento o contribución a la economía y, en fin, habrá que establecer mecanismos que faciliten la transparencia y eficacia de su gestión. Todo un reto.
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