Se duplican las denuncias anónimas de fraude a la inspección laboral vasca, que detecta irregularidades en 2.558 contratos

La Inspección de Trabajo vasca ha detectado este año posibles irregularidades en 2.558 contratos de carácter temporal o fijo discontinuo, y que podrían suponer fraude laboral, lo que ha derivado en el envío de 1.281 comunicaciones a distintas empresas a las que se concede un plazo de un mes desde su recepción para regularizar la situación. Si transcurrido ese plazo no se han realizado las correcciones necesarias, se inicia la correspondiente actividad inspectora. 

Las presuntas irregularidades se han detectado gracias a la herramienta de lucha contra el fraude, un sistema que permite la colaboración entre el Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y la Inspección de Trabajo de Euskadi, pero cada vez tiene más importancia en la labor inspectora las denuncias anónimas que llegan a través del buzón antifraude. Las actuaciones de la inspección a través de esta vía, que se puso en marcha en 2018, se han duplicado este año: En 2023, la Inspección realizó por esta vía un total de 42 actuaciones, registró dos infracciones y seis requerimientos; en 2024, se realizaron 58 actuaciones, siete infracciones y 13 requerimientos; y en lo que va de año 2025, se han realizado ya 117 actuaciones, 11 infracciones y 30 requerimientos, según los datos que ha proporcionado la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo.

En cuanto a las empresas a las que se han mandado las cartas de preaviso por presuntas irregularidades, se han detectado casos de un “uso sistemático y reiterado” de distintas modalidades de contratación temporal -obra o servicio, eventual, interinidad, prácticas, formación o relevo- con el mismo personal, alcanzando un periodo de alta superior a 18 meses en los últimos cuatro años y una vinculación laboral superior al 65% en ese periodo en un total de 867 empresas, que afectan a 1.778 personas trabajadoras en Euskadi. 134 de estas empresas son de Álava, 450 de Bizkaia y 283 de Gipuzkoa. 

Además, se ha comunicado a 156 empresas que se han detectado supuestas irregularidades en 211 contratos por superar los periodos máximos legales o convencionales en la utilización de contratos temporales, como por ejemplo, en los contratos por obra o servicio en vigor desde hace más de 48 meses; contratos eventuales por circunstancias de la producción con una duración superior a 12 meses; contratos por obra o servicio en vigor desde hace más de 36 meses; o el encadenamiento de dos o más contratos temporales en los últimos 24 meses, alcanzando un periodo de alta superior a 18 meses, directamente o a través de empresas de trabajo temporal (ETT), entre otros supuestos. Por territorios, 28 de estas empresas son de Álava, 75 de Bizkaia y 53 de Gipuzkoa. 

Por último, se han enviado cartas a 258 empresas por supuestas irregularidades en 569 contratos, al detectar que mantienen en alta a personas trabajadoras con contratos fijos discontinuos que, en la práctica, prestan servicios de manera continuada o casi sin interrupción. Algo que no se ajusta a la legislación de este tipo de contratación que se corresponde a una actividad permanente y no intermitente.  En estos casos, las personas afectadas han permanecido en alta al menos 10 meses y medio durante los últimos 12 meses, ya sean contratadas directamente o a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT), lo que supone una vinculación del 87,5% del tiempo. Por territorios, 28 empresas son de Álava, 125 de Bizkaia y 105 de Gipuzkoa.

“Perder el miedo a denunciar”

La viceconsejera, que ha presentado el balance de la campaña contra el fraude laboral junto a la subdirectora de Inspección de Trabajo de Euskadi, Iciar González, ha recordado la importancia de que los trabajadores sean conscientes de sus derechos y de la importancia de que se denuncien las posibles irregularidades. En este sentido, ha recordado que se disponen de “diversos canales oficiales para comunicar y denunciar posibles irregularidades o fraudes laborales en Euskadi”. Y, aunque la forma habitual es la denuncia oficial, realizada normalmente por los propios trabajadores o por los sindicatos, ha destacado la importancia de que existan canales anónimos para facilitar que cualquier trabajador que sufra una irregularidad “pueda informar de forma segura, sencilla y accesible, contribuyendo así a la prevención y detección del fraude laboral en el conjunto de la comunidad autónoma”.

Precisamente, para informar de la existencia de este canal anónimo, el departamento de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco ha puesto en marcha una campaña para reforzar la confianza en Buzón del Fraude como “herramienta cien por cien anónima para denunciar irregularidades en materia laboral o de prevención de riesgos”.  La campaña se llevará a cabo bajo el lema 'Tienes derecho a trabajar. Trabajar con derechos. Defiéndelos'. Barredo ha señalado que se trata de ayudar a los trabajadores a “perder el miedo a denunciar”. Ha recordado que este canal “permite aportar información sin identificación” y aunque no garantiza una respuesta individual ni la apertura directa de una investigación, las comunicaciones recibidas pueden ser valoradas dentro de las actuaciones de planificación de la Inspección“.

En el resto de los canales de denuncia, para garantizar una adecuada valoración de los hechos, las personas que presenten una denuncia identificada deben facilitar nombre, apellidos, DNI y datos de contacto (dirección y teléfono). Aunque si así se solicita, la identidad puede quedar preservada durante la tramitación.