Los fiscales llevan a la Cámara su denuncia de falta de medios para atajar la corrupción
Los fiscales jefes vascos llevarán esta mañana a la Cámara su denuncia de falta de medios para atajar la corrupción en el País Vasco. La voz de alarma la dio, sobre todo, el fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, al incorporar una crítica demoledora por las trabas existentes para investigar la corrupción en Euskadi. Izaguirre detalló todas estas dificultades en la Memoria de la Fiscalía sobre el año 2012 y el parlamentario de UPyD solicitó el pasado mes de octubre la comparecencia de los responsables del ministerio público ante unas revelaciones calificadas de “escándalo” por Gorka Maneiro. La Fiscalía exige también una “mayor especialización” de fiscales y jueces para luchar contra este tipo de delitos.
“Queremos que los fiscales jefes de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa y el propio Fiscal Superior del País Vasco, nos expliquen los recursos con los que cuentan para luchar contra la corrupción y las dificultades con las que se encuentran, al objeto de que podamos presentar las medidas necesarias para facilitarles el trabajo que algunos pretenden dificultar”, ha señalado el único parlamentario de UPyD en la Cámara vasca, Gorka Maneiro. La formación que lidera Rosa Díez solicitó la comparecencia de los máximos responsables del ministerio público ante las revelaciones recogidas en la citada memoria.
Tras calificarlas de “escandalosas”, Maneiro ha precisado que “la denuncia del fiscal jefe de Álava es extraordinariamente grave, especialmente ahora, un momento en el que la ciudadanía observa con enorme preocupación los casos de corrupción y la sensación de impunidad”. Josu Izaguirre, que nunca ha comparecido ante el Parlamento vasco, ha dedicado buena parte del fin de semana para preparar su intervención de hoy.
La Fiscalía se queja de que “la realidad diaria de las fiscalías provinciales ante este fenómeno es descorazonadora y no se puede calificar de exagerada o pesimista la afirmación de que los mecanismos de que se ha dotado a la Administración de Justicia a tal fin son escasos, por no decir inexistentes”. Y apunta que las fiscalías provinciales, “donde se ventilan más del 80% de las causas de corrupción, se encuentran ante una precariedad de medios materiales y humanos que hacen que afrontar una causa de estas características sea una tarea poco menos que titánica y, en muchos casos, destinada al fracaso”.
Cursos del IVAP
Entre otros, la Memoria de 2012 enumeraba: que “desde la Fiscalía no se tiene acceso a las bases de datos de información mercantil que agilizaría notablemente las investigaciones. Se carece también de fiscales especializados en la materia, habiendo sido baldíos todos los intentos de conseguir formación específica, con escaso coste, en estas materias como se podría conseguir mediante la asistencia a cursos y formación impartida por instancias autonómicas o forales”. En la última comparecencia del fiscal superior del País Vasco en el Parlamento, Juan Calparsoso anunció que se había llegado a un acuerdo con el Departamento de Administraciones Públicas y Justicia para que los fiscales puedan acudir a los cursos que sobre estas materias se impartan desde el Instituto Vasco de Administraciones Publicas (IVAP) .
El alegato de la fiscalía le lleva a denunciar que “las Fiscalías provinciales no disponen de medios personales ni materiales adecuados y suficientes para hacer frente a este preocupante fenómeno, la lucha contra el cual no ha de ser meramente circunstancial, sino estructural en la actividad de las fiscalías territoriales. Ello se traduce en investigaciones que se alargan en el tiempo, cuando no se paralizan de manera indefinida y que dan como consecuencia la impunidad de comportamientos muy graves”.
La fiscalía alavesa se quejaba de que en muchos casos, “la determinación de la autoría, se mezcla con cierto grado de certeza de que por encima del autor material cuya firma consta, existen superiores jerárquicos o personas de cierto peso e influencia en la dirección del hecho, que no resulta posible incluir en la investigación, bien por lo difuso de su participación, bien porque falta prueba sobre la misma”. Y constata que “en estos fenómenos de corrupción, existen quienes están de acuerdo en que se mantengan estructuras que facilitan y permiten el fraude, porque se benefician indirectamente de las mismas”.
