El sector crítico de la izquierda abertzale reniega de la vía de los “acuerdos” en la Audiencia Nacional
Los pocos más de 400 presos de la organización terrorista ETA deberán ir tomando decisiones próximamente en relación a su futuro carcelario y la posible asunción de la legalidad penitenciaria para mejorar su situación en las cárceles. En uno de los extremos está la advertencia realizada por un histórico de la izquierda abertzale como Rufi Etxeberria en la que se avisaba al colectivo de reclusos que su salida de prisión llegaría desde “el ámbito jurídico y penitenciario” y no de un “acuerdo alcanzado en una mesa”. En el otro, se encuentran las posiciones inmovilistas de los sectores críticos al Movimiento por la Amnistía y contra la Represión -ATA, el sector crítico de la izquierda abertzale que nunca ha condenado a ETA- que acaba de reiterar que “el único camino” es la amnistía.
“Los acuerdos a los que se llega a veces con este tribunal”, han señalado, en alusión a la Audiencia Nacional, “para evitar la cárcel no son suficientes, y menos aún, si esos acuerdos sirven para legitimar la actividad de este tribunal”, ha apuntado este movimiento crítico con los pasos dados por 35 exdirigentes de Batasuna y del PCTV pactando con la Fiscalía de la Audiencia Nacional y dos asociaciones de víctimas para evitar su entrada en prisión. Todos ellos admitieron el daño causado, haber sido instrumentalizados por ETA y renunciaron al uso de la violencia.
¿Cómo interpreta el movimiento ATA ese tipo de acuerdos? Como algo que legitima a un tribunal que, según su terminología, “es el principal instrumento del Estado español para llevar a cabo sus mayores salvajadas, desde la guerra sucia hasta la prohibición de manifestaciones, desde las torturas hasta la ilegalización de organizaciones políticas y medios de comunicación”. En cualquier caso, el Movimiento por la Amnistía y contra la Represión insiste en que “el único camino” para terminar con las “detenciones políticas” es la amnistía, y ha asegurado que “los acuerdos a los que se llega a veces” con la Audiencia Nacional “para evitar la cárcel, no son suficientes”.
Para sostener su postura, este grupo disidente de la dirección actual de Sortu y de la izquierda abertzale ha mencionado lo ocurrido con Xabier Agirre, detenido el pasado martes cuando acudía a la revisión de su libertad condicional y, posteriormente, encarcelado en la prisión de Soto del Real (Madrid) por una condena de seis años y medio impuesta por la Audiencia Nacional, y cuyo recurso está pendiente de resolución en el Tribunal Supremo.
“Vaciar las cárceles”
No está nada claro aún cómo va a digerir el colectivo de presos de ETA agrupados en el EPKK tanto el acuerdo con la Fiscalía cerrado por los 35 dirigentes de la izquierda abertzale, como las palabras de un histórico como Rufi Etxeberria. Ni si próximamente puede haber algún comunicado de este colectivo, que hace ahora un año dejó claro que las políticas enfocadas al “arrepentimiento” o la delación“ no tendrán resultado. Oficialmente, los dirigentes de Sortu -incluido Pernando Barrena, uno de los beneficiados por el acuerdo con la Fiscalía- se afanan en señalar que este tipo de acuerdos pueden servir para otros juicios pendientes y para dar pasos para ”vaciar las cárceles de presos“ cuanto antes. Pero no ha sido esa la vía planteada por los presos de ETA desde que el 28 de febrero de 2013 admitieron en un comunicado histórico que aceptaban seguir los pasos de la legalidad penitenciaria y reconocían ”que tanto la ley como su aplicación cumple una función esencial de cara al futuro, ya que han de ser utilizadas para fortalecer los pasos que hayan de darse“.
Donde no se aprecia ningún movimiento es en el Gobierno central, ahora en funciones. Su ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha reiterado este mismo miércoles que la única salida es la reinserción individual y la desvinculación de ETA. Y para él la aplicación de la ley se basa en lo que ha defendido el Ejecutivo del PP en estos cuatro años: “desvincularse públicamente de ETA, reconocimiento del daño causado, pedir perdón a las víctimas y colaborar en la medida en que les sea requerido y en que puedan con la justicia y las autoridades policiales”, en palabras del ministro del Interior.
