La Ley Municipal fija compensaciones para los ayuntamientos que adelanten las AES
Las instituciones más cercanas a la ciudadanía, los ayuntamientos, ya tienen por fin y tras 35 años de espera, una regulación propia a la que agarrarse y que finalmente se va a denominar, Ley de Régimen Local. La confirmación de que los gobiernos municipales dispondrán de una financiación suficiente para hacer frente a los pagos de las Ayudas de Emergencia Social y el hecho de que los consistorios queden representados en el Consejo Vasco de Finanzas, es decir, tengan voz y voto, antes solo era voz, en asuntos relacionados con su financiación, han sido claves para cerrar el pacto que PNV y EH Bildu venían fraguando desde hace meses y que ya es una realidad.
El reparto de fondos en el Consejo de Finanzas y las AES han sido los principales escollos de la negociación entre ambas formaciones. Para la coalición soberanista estos puntos eran irrenunciables. El proyecto de ley remitido a la Cámara por el Gobierno vasco en noviembre de 2014 ya recogía la participación en pie de igualdad –aunque solo en determinadas materias- de los ayuntamientos en el Consejo Vasco de Finanzas. Pero quedaba por definir cómo se cerraba esa presencia con voz y voto a la hora de decidir el reparto de los recursos económicos que van a los ayuntamientos. Desde EH Bildu insistían en que el “principio de suficiencia financiera de los ayuntamientos vascos” quedase reflejado y bien cerrado en el articulado. Y se muestran satisfechos con el resultado. “Queda definido el ámbito competencial de las entidades locales de forma explícita y se asegura su suficiencia financiera. La Ley se dota de herramientas que permiten un reparto de recursos económicos de manera equilibrada. Concretamente es el punto cinco del artículo 106 en el que se menciona que los representantes de la entidades locales van a participar con voz y voto de la modificación de la Ley de Aportaciones, una vez que se establezca la metodología de reparto” ha resaltado Dani Maeztu, de EH Bildu.
En la misma línea se ha referido a este punto el portavoz del PNV, Joseba Zorrilla. “Dentro de los límites que marca la Ley de Territorios Históricos (LTH), los municipios dan un paso muy importante, el tener voto y no solo voz, en el Consejo Vasco de Finanzas en todas las materias que les afectan. Es una circunstancia que les pone de igual a igual con el resto de instituciones del entramado vasco, Diputaciones y Gobierno. Todo es mejorable, pero se establece un justo equilibrio para que los ayuntamientos no se vean minusvalorados. Van a tener visibilidad institucional”, añade el portavoz jeltzale en la comisión.
Sistema de garantías
Otra reivindicación histórica de los Ayuntamientos, como la financiación de las AES, quedan también resuelta. Los consistorios se han visto obligados a adelantar de sus fondos el pago de estas prestaciones cada vez que la aportación del Gobierno se agotaba. Ahora, con la nueva Ley, se establecen mecanismos compensatorios para los entes locales que se vean inmersos en esta situación. Esta es una medida transitoria ya que se contempla “la puesta en marcha de una comisión técnica en la que participan diversos estamentos, Gobierno vasco, diputaciones y EUDEL, (la Asociación de municipios vascos) y fruto del análisis que realicen, se planteará una modificación de todo el sistema de garantías vigente”, ha detallado el peneuvista Zorrilla.
El texto reconoce la posibilidad de que los entes locales realicen consultas populares y estas sean vinculantes, según ha explicado Dani Maeztu, algo que ya aparecía en el anteproyecto.
La norma pactada entre el PNV y EH Bildu articula un modelo que integra a los gobiernos locales en la estructura institucional vasca con una cartera de servicios claramente delimitada, un listado de competencias municipales así como la financiación suficiente para llevarlas a cabo. En definitiva, gozan de una mayor autonomía y cuenten con una financiación garantizada, según los firmantes del texto. “Nuestros ayuntamientos se convierten en verdaderos poderes locales y no meros prestadores de servicios”, ha asegurado Zorrilla.
Euskadi es la única comunidad que carece de una Ley Municipal y éste es el tercer intento de los gobiernos vascos, en las últimas legislaturas, para sacarla adelante. El Ejecutivo de Íñigo Urkullu aprobó en noviembre de 2014 el proyecto que ahora se afronta el último paso de su tramitación. El dictamen que deberá aprobarse en comisión y después ratificarse por el Pleno del Parlamento vasco.
Socialistas, populares y UPyD han mostrado su rechazo al acuerdo desde que se conoció que las dos formaciones nacionalistas, partidos que representan al 80% de los municipios en Euskadi, ultimaban el acuerdo, hace ya dos semanas.
