La Fiscalía avisa de que los antiabortistas fueron un movimiento “coordinado” contra usuarias de una clínica de Vitoria

La Fiscalía y la acusación particular ejercida por la clínica Askabide han considerado probadas las “coacciones” que ejercieron los 21 antiabortistas ultracatólicos contra la mujeres que acudían a la clínica, ubicada en Vitoria. Las defensas, por su parte, han señalado que “no se ha aportado ninguna prueba incriminatoria”. Este jueves ha tenido lugar la tercera y última sesión del juicio contra 21 personas, doce mujeres y nueve hombres, que protagonizaron concentraciones ante esta clínica en 2022 y el caso ha quedado visto para sentencia. Uno de ellos ha adelantado que no acataría una posible condena para no ayudar a clínicas que practican abortos.

En esta jornada se han expuesto los informes finales de las partes, según informa Europa Press. elDiario.es/Euskadi no ha podido acudir a esta vista. El fiscal, según estas fuentes, ha reclamado cinco meses de cárcel para cada uno de ellos por un delito de “coacciones” que podrían sustituirse por cien días de trabajos para la comunidad. Entiende que son responsables de “obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y la actividad de los trabajadores de la clínica”.

La Fiscalía ha considerado acreditados los hechos constitutivos de delito, ya que “considera probados los perjuicios causados por los concentrados a la clínica Askabide”, así como la coacción hacia sus pacientes al considera que “la mera presencia” de estas personas frente a la clínica es “coactiva”. En este sentido, ha argumentado que se concentraban “frente a la clínica” con carteles con lemas como 'Rezamos por tí y tu bebé', 'No estás sola' y 'Perdona a tu madre', “llegando a dirigirse a trabajadores y pacientes con frases para obstaculizar el ejercicio del derecho de la interrupción al embarazo de la pacientes y la actividad de los trabajadores, dentro de una acción activa de acoso”. El ministerio fiscal ha repasado los testimonios aportados en la vista por personal sociosanitario y clientas de la clínica, en los que exponían que “se sentían intimidadas y totalmente coaccionadas” por su presencia, “miradas, frases y señalamientos”. “Fue una situación molesta que también afectó al propio negocio, por pérdida de citas y clientas”, ha añadido. A juicio de la Fiscalía las acciones de los concentrados “no se limitan a orar, sino que son un movimiento coordinado para ejercer una presión constante frente a la clínica, con el objetivo de obstaculizar el libre derecho de interrupción del embarazo”. Según ha razonado, la mera presencia de los manifestantes en el lugar es “coactiva” y “no un tema ideológico”.

La clínica Askabide, personada como acusación particular, se ha sumado a la petición del fiscal de cinco meses de prisión con su posible sustitución por 75 días de trabajos para la comunidad. Solicita además 20.000 euros de indemnización; 10.000 para el centro médico y otros 10.000 euros para su administrador único. Como pena accesoria, ha solicitado que los encausados “no puedan aproximarse a menos de 100 metros” del centro médico “ni comunicarse con sus trabajadores y usuarias en un periodo de dos años desde que se emita la sentencia”.

Por su parte, las defensas han pedido “la libre absolución” de los procesados por entender que las concentraciones no afectaron a las usuarias y trabajadores de la clínica, sino que se limitaron a rezar y exhibir pancartas, en uso de su “libertad de expresión”, además de exponer que durante el juicio “no se ha presentado ninguna prueba incriminatoria” que demuestre las acusaciones de coacción. Dos de los acusados han hecho uso del derecho a la última palabra. Uno de ellos ha asegurado que “la presencia orante no tiene un fin coactivo, sino que da una alternativa y una ayuda a las mujeres”, mientras que otro de los encausados ha advertido de que, si es condenado, no pagará la indemnización, porque no quiere dar dinero a un centro que practica abortos.