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La Iglesia católica acusa a las instituciones de falta de “lealtad” en el conflicto por el memorial del 3 de marzo de 1976

Imagen del pesebre gigante en el interior de la iglesia de Zaramaga de Vitoria

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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La Iglesia católica, a través del obispado de Vitoria, admite un nuevo “desacuerdo” con las instituciones, sobre todo con Gobierno vasco y Ayuntamiento, en relación al memorial del 3 de marzo de 1976, y a la polémica por la colección de belenes que ahora ocupa parte del templo donde se produjo la matanza. Reconoce que es verdad que ha planteado un presupuesto de unos 120.000 euros para el traslado de las figuras, seis veces más de lo inicialmente previsto, pero remarca que las instituciones asumieron el compromiso de reubicar los pesebres y que están operando con falta de “lealtad”.

“Se comprometieron las instituciones a ofrecer una alternativa adecuada a quienes estaban en un espacio con un contrato en vigor”, dicen en la diócesis sobre los belenes, propiedad de una asociación. “Es una compensación justa por dejar antes de lo previsto el espacio”, añaden fuentes oficiales del equipo de Juan Carlos Elizalde. Asimismo, inciden en que la colección tiene alto valor artístico y que el dinero público también puede ser utilizado para apoyarla. consideran que tanto el memorial como los belenes tienen cabida en la oferta cultural de la ciudad.

Sobre el retraso que los belenes están generando en la puesta en marcha del memorial antes del aniversario redondo de la masacre, la iglesia remarca que no están bloqueando nada e incluso se abren a asumir el coste del traslado con sus propios recursos. El nuevo emplazamiento de la colección será un espacio de las hermanas dominicas en la calle de la Pintorería de Vitoria.

Por otro lado, el pleno municipal ha aprobado una resolución para instar al Estado a que reconozca “al más alto nivel” su responsabilidad en los hechos de 1976. Fue la Policía Armada, todavía franquista, la que irrumpió en la iglesia de Zaramaga y asesinó a cinco personas. Se da la circunstancia de que el acuerdo ha sido adoptado sin consenso entre los dos partidos que conforman el Gobierno local. El PNV ha apoyado la iniciativa de la mano de EH Bildu y Elkarrekin, pero el PSE-EE se ha abstenido, como el PP.

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