Las Juntas Generales de Álava instan a la Diputación a “mantener” el control y la inspección de las residencias con brotes de COVID-19
Las Juntas Generales de Álava han aprobado este miércoles una resolución de PNV y PSE-EE que insta a la Diputación a “mantener” las inspecciones a las residencias del territorio con brotes de COVID-19, en la línea de lo realizado durante las dos olas de la pandemia. Ha sido la respuesta de los partidos de Gobierno a un texto más contundente de EH Bildu -secundado también por Elkarrekin Podemos-IU- que aludía incluso a intervenir ante situaciones flagrantes como los episodios del centro privado San Francisco Javier de Arróyabe -donde se halló en repetidas visitas a una residente atada y se expone a una sanción de hasta 660.000 euros- o Agure Arkaiate -con una trabajadora positiva de servicio y atendiendo a los usuarios-.
La procuradora de EH Bildu Claudia Venceslao ha argumentado que no se trataba de “criminalizar” a ningún centro, sino de establecer parámetros de control para que se garanticen ratios de gerocultores en función de los usuarios y espacios seguros de separación en caso de aparición de brotes. Ha lamentado también que muchas de las inspecciones se hagan de manera concertada con las empresas privadas gestoras de los centros o incluso de manera telefónica. El caso de San Francisco Javier fue resultado de visitas sorpresa. Desde la bancada de Elkarrekin Podemos-IU, José Damián García Moreno ha apoyado la propuesta y ha asegurado que la situación deriva de la “precariedad extrema” de algunas patronales, que además en su mayoría “tiene nombre de mujer”.
Los partidos de Gobierno, PNV y PSE-EE, han defendido su propio texto. María Viñas Vicario, del grupo nacionalista, ha apelado a la necesidad de actuar con “proporcionalidad” y ha destacado el trabajo del centro público Zadorra en la atención de un centenar de positivos derivados de residencias, viviendas comunitarias o incluso hospitales, donde han podido asegurarse un buen aislamiento si en su centro de origen no se podía garantizar. Así ocurrió con los casos de Agure Arkaiate, por ejemplo. El PP también se ha alineado con el Gobierno foral, hasta el punto de considerar “anecdóticas” las irregularidades publicadas por este periódico dado el volumen de inspecciones total, que supera las 200. “Ya está bien de hacer demagogia”, ha pedido a los grupos de izquierda Ana Morales.
1