La Justicia cierra la puerta a la reparación de 24 funcionarios y cargos municipales de Donostia represaliados en 1936

La Justicia ha dado carpetazo definitivo al intento del Ayuntamiento de Donostia de resarcir en los tribunales a 24 cargos públicos y funcionarios municipales represaliados a partir de la conquista franquista de 1936. La Audiencia Provincial ha dado por bueno el archivo decretado por una sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la ciudad a una querella interpuesta el Gobierno local y en la que describía los hechos como “genocidio, [crímenes de] lesa humanidad, detención ilegal, asesinato, lesiones, torturas, violación [y] apropiación indebida”. En el auto se argumentan cuestiones como la prescripción de los posibles delitos, la imposibilidad de aplicar normativas modernas con carácter retroactivo o incluso la existencia de una amnistía en 1977.

La querella es de 2023, con Eneko Goia como alcalde. El regidor del PNV indicó que era “un paso más en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación” y remarcó que el personal municipal republicano fue “objeto de vulneración de sus derechos”. Consideraba oportuno que una resolución judicial pusiera negro sobre blanco la verdad histórica y restituyera el “buen nombre” de las 24 personas represaliadas. “Fueron fusilados, encarcelados, perseguidos, represaliados y es hora de saldar cuentas pendientes”, agregó Ane Oyarbide, teniente del alcalde y cabeza del PSE-EE en el Gobierno local.

Por orden alfabético, los funcionarios y cargos locales cuya reparación se buscaba eran Ángel Abalde, Ignacio Aramendi, José Arrizabalaga (sndicalista de ELA), Miguel Artola, Miguel Ayestarán, Saturio Burutaran (del PNV), Vicente Catediano, Ignacio María Eguileor, José María Fernández, Fulgencio Frechilla, Luis Iglesias (concejal del PSOE y sindicalista de UGT), José Isasa, Ceferino Martiarena (también edil socialista y miembro de UGT), Cirilo Navalón, Paulino Peñalva, José Pérez, Toribio Simón, Domingo Sorondo (otro ugetista), José Sorozabal, Anastasio Tulebras, José Ugarte, Ramón Ulacia (igualmente de UGT), Millán Zabala y José Zubiarrain (de la CNT, anarquista).

El golpe de Estado del 18 de julio de 1936 no triunfó inmediatamente en Donostia, pero los sublevados conquistaron la ciudad en poco tiempo, en menos de dos meses. Para septiembre de 1936 tanto Irún como la capital de Gipuzkoa estaban ya tomadas por el bando franquista. En 2017, la ciudad inició una “sistematización” de la información de las víctimas de la Guerra Civil en colaboración con Aranzadi. En 2020 se creó un grupo de trabajo sobre memoria histórica que elaboró el listado de los 24 nombres y, tres años después, se interpuso la querella.

Un juzgado de Donostia acordó el archivo de la causa en 2024, pero el abogado municipal, Aratz Estomba, interpuso un recurso para intentar no dejar morir la investigación. Sin embargo, la sección tercera de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, compuesta por los magistrados María Josefa Barbarín, Julián García y Ane Garay, ha ratificado el sobreseimiento de las actuaciones en un auto de 19 folios que fue notificado al Ayuntamiento en octubre del pasado año, justo poco antes de que Goia dejase la alcaldía.

El recurso intentaba hacer ver que el Estado tiene “obligación” de “perseguir penalmente” las vulneraciones derechos humanos y se apuntaba, asimismo, la “imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad”. Es el “derecho de Nüremberg”, remarcaban los letrados municipales, en referencia a la ciudad donde se juzgó a la cúpula nazi tras la II Guerra Mundial. Sin embargo, la sala ha entendido que los hechos estarían totalmente prescritos, que encima operaría sobre ellos la amnistía de 1977 y que, en el caso de asumir la “imprescriptibilidad”, ésta fue acordada mucho después, siendo la “irretroactividad” de las normativas desfavorables un pilar básico de los Estados de Derecho. Por el contrario, los abogados de la ciudad entendían que organismos internacionales han sido muy críticos con la interpretación que la Justicia española había hecho de la amnistía posterior a la dictadura.

La Fiscalía, de su lado, se opuso a la apertura de una investigación. “El derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal”, apuntó como primer argumento. Igualmente, alegó que los juicios han de tener garantías como la “contradicción” o la posibilidad de defensa de los acusados, ya fallecidos. Añadía el ministerio fiscal que las “notas características del sistema penal de enjuiciamiento se compaginan mal con la declaración de la verdad histórica de un hecho tan poliédrico como el de la Guerra civil y la subsiguiente posguerra”.

En la más reciente memoria de la Fiscalía, en cambio, se recuerda que la normativa de memoria histórica española permite “declaraciones judiciales sobre hechos pasados que afecten a víctimas de violaciones de derechos humanos durante el golpe de Estado, guerra y la dictadura”. De hecho, en ese documento se informa de este caso como un ejemplo de esa posibilidad. Y se habla también de otros.

En Gipuzkoa, por ejemplo, el Ayuntamiento de Astigarraga presentó también una querella en 2023, aunque igualmente quedó cerrada. El de la búsqueda de una “declaración de hechos pasados” es el mismo formato con el que la familia de Txomin Letamendi, conocido como 'Turuta', está intentando que su figura quede resarcida en España. Letamendi, del PNV, era espía del Servicio Vasco de Información creado en la Guerra Civil por el lehendakari José Antonio de Aguirre, y colaboró con la CIA, entonces conocida como OSS. Luego regresó a España y fue detenido, torturado y encarcelado. En este caso el juzgado decretó también el archivo, pero la Fiscalía fue la que recurrió para intentar mantener viva la causa.