La plataforma Gune denuncia la ley que obliga a los parados a realizar trabajos en beneficio de la comunidad
Diferentes agentes sociales y sindicales agrupados en la plataforma Gune se han movilizado esta mañana en Bilbao para denunciar la inminente intención del Gobierno vasco de poner en marcha “la realización de trabajos en beneficio de la comunidad”, para las personas perceptoras de las prestaciones sociales gestionadas desde el Servicio Vasco de Empleo-Lanbide.
La portavoz de la plataforma, Karmele Ozaita, ha insistido en que la modificación de la Ley de Garantía de Ingresos producida en 2011 vulnera “de manera grave derechos sociales consolidados”, puesto que “de alguna manera se criminaliza a las personas perceptoras de las ayudas económicas, castigándolas a realizar unos servicios propios de quienes son sancionados por conductas delictivas”.
Además, desde la plataforma denuncian que la puesta en marcha de este programa conllevará “la pérdida de miles de empleos públicos en el área de los servicios sociales, programas de ayuda domiciliaria o en el ámbito de la Ley de Dependencia”. Según Ozaita, “esta intención del Gobierno vasco es una forma también de emplear gratuitamente a personas, sin una contratación digna y con salario”.
“Las personas perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) vamos a recibir una contraprestación como es realizar un servicio sin remuneración alguna por algo que no es ningún delito, como no tener ingresos económicos para llegar a fin de mes”, han denunciado.
Ante la intención actual del Ejecutivo vasco de implantar la obligatoriedad de realizar trabajos comunitarios, tras los últimos informes encargados a la Fundación Sartu, las diversas asociaciones agrupadas bajo Gune exigen “la paralización inmediata” de cualquier proyecto que “obligue a las personas perceptoras de ayudas económicas a realizar servicios sociales sin remuneración”.
Asimismo reclaman que “todo el dinero de fondos públicos que se vaya a invertir en este tipo de programas, se utilice para incrementar los presupuestos que son muy necesarios para las personas que perciben la RGI, puesto que en los últimos tres años se han reducido en un 7%”.
“Nosotros estaremos denunciando todas estas situaciones porque nos parece una ley absolutamente incriminatoria a las personas empobrecidas que estamos recibiendo prestaciones sociales”, ha aseverado Ozaita.
