Plataformas antidesahucios apremian al Parlamento por el retraso en la Ley de Vivienda
Bajo el grito de “tener un techo es un derecho” las Plataformas Antidesahucios de Euskadi se han manifestado a las puertas del Parlamento vasco para denunciar el retraso en la tramitación de la Ley de Vivienda. El colectivo ha exigido a los grupos parlamentarios y en especial al que ocupa el Gobierno Vasco un impulso urgente para disponer cuanto ante de una normativa y que de esa forma pueda darse respuesta inmediata a la demanda de miles de familias solicitantes de una vivienda. “Mientras no haya una ley, el derecho a una vivienda digna reconocido por las Constitución y las declaraciones universales no será exigible. No podemos entender que de la comisión que tramita la ley, aún no haya salido un dictamen favorable cuando llevan más de un año en el proceso. Que se pongan las pilas”, reclama el representante del movimiento reivindicativo, Arturo Val.
Según los datos aportados por las plataformas en Euskadi hay 53.000 personas inscritas en Etxebide y la oferta pública apenas llega a las 15.000 viviendas. “Esta circunstancia refleja con claridad el drama social que representa la imposibilidad de acceso a una vivienda digna”, insisten desde el colectivo.
Los afectados han recordado que existen en Euskadi un gran número de viviendas vacías, 160.000 según sus cifras, y reclaman que se dé un uso a estos alojamiento inutilizados. “Están en manos de los bancos, inmobiliarias y constructoras y el propio Gobierno vasco tiene viviendas en propiedad sin utilizar. Creemos que hay que obligar a sacarlas y si es necesario llegar a a la expropiación del uso para crear un parque público de vivienda suficiente para atender la demanda social en un contexto en el cual la pobreza y la exclusión afecta a mayor número de personas”, declara Vals en nombre de las plataformas.
Además, han defendido una renta de alquiler social adecuada a los ingresos reales, que se revise anualmente, y que en caso de impago excluya el desahucio cuando la causa sea la insuficiencia de ingresos comprobada.
