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Los socialistas de Navarra alertan de los riesgos ambientales “y de salud” de los lixiviados enviados desde Gipuzkoa

José Ignacio Asensio, este viernes en Donostia en una reunión con el primer sector

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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En Navarra, los socialistas han defendido públicamente este viernes que el envío de lixiviados a la localidad de Artajona desde la planta de tratamiento de residuos e incineradora de Zubieta, en Gipuzkoa y gestionado por la Diputación, ha conllevado un “riesgo para el medio ambiente” y también “de salud para la población”. Así se ha expresado el portavoz del partido en la comisión de Medio Ambiente, Carlos Mena, en un debate en el que se ha vuelto a tratar la controversia por el envío irregular, cuantificado en unas 5.500 toneladas. Es una posición totalmente divergente con la que sostienen los socialistas guipuzcoanos. El secretario general allí, José Ignacio Asensio, es el diputado de Medio Ambiente y el presidente del consorcio de residuos (GHK), y ha defendido de modo contundente que ni ha habido irregularidades ni tampoco riesgos de ningún tipo. De hecho, llegó a compartir un acto con la vicepresidenta Teresa Ribera para que la ministra destacara a Gipuzkoa como “modelo” de gestión de residuos.

Un juzgado de Donostia mantiene abierta una causa penal contra Asensio. El dirigente guipuzcoano, que es el 'número dos' de la Diputación, fue denunciado por la Fiscalía, que dio credibilidad a una información previa de la entidad GuraSOS que hacía referencia a que la planta receptora de Artajona, Ecofert Sansoain, no tenía autorización para recibir lixiviados y que estos llegaron un código diferente. El ministerio fiscal vio indicios de un doble delito, uno ambiental y otro de falsedad documental. Fuentes judiciales insisten en que casi medio año después de abiertas las diligencias no se ha notificado nada a Asensio y al resto de denunciados. Se está a la espera de un informe de la Policía judicial, que en este caso es la Guardia Civil. En paralelo, en Donostia hay abierta una causa por otros problemas en Zubieta, como el vertido que mató peces en la regata Arkaitzerreka.

Las palabras de los socialistas navarros -que se han cuidado, eso sí, en remarcar que no entrarán en “juicios paralelos” porque hay un proceso penal abierto- se han producido en el marco de una comparecencia de GuraSOS en la Cámara foral. Esta plataforma, que lleva años alertando de irregularidades en torno a Zubieta, ya pasó también por el Parlamento Vasco en 2022. Su abogado, Joseba Belaustegi, ha ironizado que “tiene mucho delito” mandar lixiviados “y aguas de proceso” a “una planta de fertilizantes” que no tenía licencia para recibirlos. De la sesión en Pamplona ha salido con el agradecimiento expreso de varios partidos políticos a su labor de control, un resultado muy diferente al de hace dos años en Vitoria, donde PNV y PSE-EE le criticaron duramente y le recriminaron que iniciara procedimientos judiciales sin pruebas que luego siempre quedaban archivados.

Entre quienes se han sumado a los agradecimientos estaba UPN, principal fuerza de la oposición. Miguel Bujanda ha resaltado la gravedad de lo ocurrido en Artajona y ha remarcado, como ya había explicado el consejero navarro José María Aierdi, que allí también llegaron otras 9.000 toneladas de lixiviados de otras procedencias. Ha mostrado su deseo de que la Guardia Civil amplíe la investigación y que se llegue hasta el final. “No sabemos qué se quiere esconder”, ha señalado. EH Bildu también ha felicitado a GuraSOS. Adolfo Araiz fue el primero que solicitó documentación en Navarra por la derivada en esta comunidad foral del asunto de Gipuzkoa.

Desde la bancada de Geroa Bai, Pablo Azcona ha defendido la “diligencia” del Gobierno de Navarra. En el gabinete que dirige la socialista María Chivite esta coalición vasquista de Socialverdes y PNV es la que controla el área concernida por esta polémica. Ha explicado Azcona que el código “de origen” de los residuos “no es competencia” de Navarra y que la inspección foral venía ya siguiendo el caso y poniendo multas a Ecofert Sansoain. En total, recibió sanciones de unos 110.000 euros antes de la decisión de proceder al cierre cautelar. El tercer socio del Gobierno, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre, Equo y otros), ha definido lo ocurrido como un “cúmulo de despropósitos” y se ha remitido a las críticas a Zubieta que hace IU en Gipuzkoa.

El asunto no queda cerrado y seguirá generando novedades en las próximas semanas al margen de que el proceso penal esté totalmente parado. Este mismo viernes finalizaba un plazo para que el Gobierno foral presente un nuevo informe sobre Ecofert Sansoain y está anunciada ya una nueva comparecencia parlamentaria de Aierdi a instancias de la oposición.

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