Los municipios extremeños de más de 15.000 habitantes tendrán que contar con planes de solidaridad internacional

El proyecto de Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura ha llegado a la Asamblea de Extremadura tras un proceso participativo y de consenso que este jueves se ha repetido también en el Pleno de la Cámara, donde los grupos han reconocido las bondades del texto, aunque también han avanzado que intentarán mejorarlo vía enmiendas parciales.

La norma ha afrontado su debate de totalidad en un escenario marcado por los terremotos de Turquía y Siria, lo que ha llevado a la consejera de Igualdad y Cooperación Internacional para el Desarrollo, Isabel Gil Rosiña, a abrir su intervención expresando su solidaridad con estos dos países y con un reconocimiento a los equipos de rescate -entre los que se encuentra un profesional del SES-, unas palabras a las que se han sumado el resto de grupos parlamentarios.

Gil Rosiña ha defendido que es “una buena ley”, pero sobre todo “una ley necesaria” que va a permitir sentar las bases de la cooperación descentralizada y “blindar” esta política pública. Ha señalado que la nueva norma, tras veinte años de vigencia de la anterior, responde a la necesidad de adaptar el marco normativo a los nuevos desafíos globales de la humanidad y para alinear la legislación extremeña con los nuevos acuerdos internacionales y la Agenda 2030.

Es un instrumento jurídico necesario “para centrar nuestra agenda en las desigualdades, en la doble transición ecológica y digital, en la democracia y en la descentralización”, con el que también se lleva a la ley el “sello propio” de la cooperación extremeña, ha manifestado.

Tras destacar que el presupuesto destinado a la cooperación extremeña se ha incrementado un 38 por ciento en los últimos ocho años, la consejera ha detallado que el proyecto de ley pretende renovar la gobernanza compartida, amplía los instrumentos de diálogo y las capacidades de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) y fortalece la coordinación.

Eleva además a rango de ley el compromiso de destinar el 0,7 por ciento de los créditos no finalistas de los presupuestos regionales a políticas de cooperación, un porcentaje del que “estamos aún lejos” pero que se irá alcanzado progresivamente con la obligación de cumplirlo en el año 2030, ha expresado.

Participación y consenso

Gil Rosiña ha valorado además que ha sido un texto construido “de abajo arriba”, a través de un proceso participativo liderado por Aupex en el que han intervenido más de 1.600 personas.

Según ha dicho, tiene una mirada feminista y también “profundamente municipalista”, dado que las diputaciones y los municipios de más de 15.000 habitantes deberán aprobar planes plurianuales de cooperación para el desarrollo y solidaridad internacional.

Junto a ello, ha resaltado que el nuevo marco normativo dignifica el trabajo y carrera de las personas cooperantes, con “más protección, más derechos y más reconocimiento social para quienes dedican una parte importante de su vida, o toda su vida, a hacer mejor el mundo en el que vivimos”.

En los últimos años, ha apuntado la consejera, Extremadura ha generado más de 800 empleos en la cooperación, más de 100 becas para jóvenes cooperantes y, en las dos últimas legislaturas, ha trabajado con más de cinco millones de personas en más de 20 países.

Por el Grupo Popular, el diputado Lorenzo Albarrán ha destacado que aunque es una ley bastante consensuada adolece de algunas lagunas, que su grupo intentará corregir mediante enmiendas parciales para, entre otros propósitos, concretar la participación en el Consejo Extremeño de Cooperación y para que la Asamblea sea el órgano que apruebe el Plan General, “no el Gobierno” Ha apostado además por la concurrencia competitiva para conceder las subvenciones “de forma transparente”.

Por su parte, la parlamentaria Encarnación Martín, de Ciudadanos, ha avanzado que también enmendarán la norma para mejorarla, proponiendo evaluaciones externas, “paralelas” a las que realizará la Junta de Extremadura.

En representación de Unidas por Extremadura, la diputada Lorena Rodríguez ha propuesto otorgar más peso al Consejo Extremeño de Cooperación, y con ello a la sociedad civil, y que se reconozcan más agentes de la cooperación, mientras que la socialista Soraya Vega ha valorado que se trata de un texto “muy participado” y que supone un “importante avance” en el reconocimiento de los cooperantes.