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La Junta concede un aula de 0-3 años a un centro concertado en la zona del colegio público que cerrará

Concentración convocada por CCOO en la puerta del colegio público Juan XXIII de Mérida para protestar por su cierre

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El cierre del colegio público Juan XXIII de Mérida continúa como motivo de enfrentamiento entre los sindicatos y la Junta de Extremadura y ahora también las Asociaciones de Madres y Padres. La Federación de Enseñanza de CCOO ha criticado este jueves que la Consejería de Educación haya concedido un aula de 0-3 años a un centro concertado de la capital ubicado en la misma zona donde ha anunciado el cierre del centro público.

La Junta publicó este pasado miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la autorización administrativa al centro concertado “San Juan Bosco” de esta unidad de educación infantil de primer ciclo a partir del próximo curso. Este hecho, ha subrayado el sindicato, se ha producido días después de que el secretario general de Educación, Francisco Amaya, haya anunciado el cierre definitivo del colegio público Juan XXIII con el argumento, entre otros, de la falta de alumnos por el descenso de la natalidad.

Ante ello, ha mostrado su “perplejidad” por la coincidencia en el tiempo de ambas medidas ya que, ha afirmado, la Consejería de Educación entiende “que no hay alumnos para mantener un centro público abierto, pero sí los hay para abrir una nueva aula en un centro concertado de la misma zona”.

El sindicato ha reiterado además su oposición al cierre del colegio mientras se mantienen aulas abiertas en tres centros concertados de la misma zona “y ahora volvemos a manifestar nuestro rechazo a la apertura de una nueva aula en uno de esos centros concertados”. A su juicio, de hacer falta esa nueva aula para acoger a alumnos de 0 a 3 años de la zona, se debe abrir en el único centro público de la zona de características similares, “que se ha quedado fuera de la implantación de las aulas para primer ciclo, pese haberlo solicitado el propio centro”.

Ordenación de centros educativos

Por su parte, la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Centros Públicos (Freampa-CP) ha pedido a la Junta de Extremadura que inicie el proceso necesario para desconcertar líneas educativas en centros privados y evitar así el cierre de recursos públicos como el colegio Juan XXIII de Mérida.

El vicesecretario de la entidad, Adrián Rodríguez, ha mostrado su oposición al cierre del centro educativo emeritense y de líneas públicas en la educación extremeña como consecuencia de la disminución de plazas provocada por el descenso de la natalidad, pero también por el mantenimiento de los conciertos con centros privados. En su opinión es “anómalo” que se cierren líneas públicas y sin embargo no se produzca una estrategia de “desconcertación”.

La entidad “no habla de desconcertar toda la enseñanza privada de un día para otro, pero sí algunas líneas en los centros de este tipo que poseen por ejemplo tres, para con ello ampliar, o al menos mantener, la oferta pública”, ha explicado en rueda de prensa.

Rodríguez teme que el Juan XXIII de Mérida “no sea el único caso de cierre” de centros educativos en la región, pues pueden correr la misma suerte otros colegios como por ejemplo el San Pedro de Alcántara de Badajoz, por lo que también ha pedido la convocatoria “urgente” de la Comisión Regional para la Red de Centros de Extremadura, encargada de la ordenación de los centros educativos y de proyectar las nuevas dotaciones que deben abrirse en los municipios según sus necesidades.

Este órgano, que no se convoca en 2014, podría atestiguar por ejemplo la necesidad de un instituto en Cerro Gordo o la de un nuevo centro de estas características en San Fernando, en ambos casos en Badajoz, según han explicado.

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