Extremadura blinda sus dehesas y suelos productivos frente a la expansión de las grandes plantas fotovoltaicas

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este jueves una resolución por la que da publicidad al nuevo mapa de zonas prioritarias para el desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica en la región, que incorpora como novedad el valor productivo de los suelos y la protección de las dehesas.

La resolución tiene un doble objetivo. El primero es ofrecer mayor seguridad jurídica a asociaciones de productores y operadores interesados en promover nuevas instalaciones solares y facilitar la toma de decisiones a las administraciones públicas y al personal evaluador; y el segundo, garantizar que el despliegue de esta energía sea sostenible ambientalmente y respetuoso con los cultivos de mayor potencial socioeconómico y las dehesas.

El documento se enmarca en la aplicación de la Directiva 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo, que fija nuevos objetivos para los estados miembros en materia de energías renovables, entre ellos que la cuota procedente de fuentes renovables alcance al menos el 42,5 % del consumo final bruto de energía de la Unión en 2030, con el propósito de llegar al 45 %, y que se establezca un objetivo indicativo del 5 % para tecnologías innovadoras de nueva capacidad instalada.

La Junta defiende que Extremadura ha experimentado en los últimos años una “rápida y robusta” contribución a la transición energética en España, especialmente en generación solar fotovoltaica, impulsada por el elevado recurso solar de la región. No obstante, advierte de que estas instalaciones requieren amplias superficies de terreno, “lo que hace necesario planificar su implantación para minimizar impactos sobre ecosistemas, biodiversidad y actividades agrícolas tradicionales”.

En este contexto, señala que los proyectos fotovoltaicos han competido en cierta medida con el sector agrario por el uso del suelo, especialmente en cultivos leñosos como olivar, vid y frutales, así como en dehesas y tierras arables de gran productividad.

Como antecedente, la resolución recuerda que el Decreto 141/2021 reguló los usos compatibles con el regadío en zonas declaradas de interés general y declaró no compatibles con este, en especial, los aprovechamientos de energías renovables destinados a la producción de electricidad, salvo determinadas instalaciones de autoconsumo vinculadas a comunidades de regantes o regantes individuales para reducir costes energéticos.

Hasta ahora, la comunidad autónoma contaba con mapas de capacidad de acogida estructurados en cinco niveles (muy baja, baja, media, alta y muy alta), elaborados a partir de nueve factores ambientales, entre ellos pendiente, hidrología, espacios protegidos, Red Natura 2000, paisaje, flora protegida, hábitats, especies de fauna amenazada y yacimientos de patrimonio, además de la distancia a subestaciones con capacidad de evacuación.

La nueva resolución actualiza esos criterios e incorpora como factor adicional el valor agronómico del suelo y las áreas de dehesa, con el fin de proteger los cultivos de mayor potencial socioeconómico y compatibilizar el avance de la energía solar con la economía agraria y la fijación de población en el medio rural.

Así, se consideran zonas prioritarias para el desarrollo de nuevos proyectos las incluidas en las categorías de 'Alta' y 'Muy Alta Capacidad de Acogida', identificadas en el plano anexo a la resolución, que parte de los mapas previos y añade los nuevos criterios productivos.

No obstante, la catalogación como zona de alta o muy alta capacidad no exime a los promotores de cumplir el trámite ambiental vigente, hasta que se realice la evaluación ambiental estratégica que determine si puede prescindirse de este requisito en las futuras zonas de aceleración, actualmente en estudio.

Además, deberán atender al resto de autorizaciones o limitaciones sectoriales que procedan, si bien la ubicación en estas áreas preferentes facilitará su tramitación.