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OPINIÓN | Estado de sindiós, por Elisa Beni

Los gobiernos gallego y español acusan a Alcoa de “mala fe” por negarse a vender la fábrica de San Cibrao (Lugo)

Trabajadores de Alcoa concentrados a las puertas del Pazo de Cea de Nigrán donde miembros del comité de empresa de Alcoa se reúnen con representantes de la dirección. EFE / Salvador Sas

La cuenta atrás para salvar la factoría de Alcoa en San Cibrao (Cervo, Lugo) llegó ayer, lunes 28 de septiembre, a su fin. Y lo hizo sin acuerdo, después de que la propiedad de la misma, una multinacional estadounidense, se negase a venderla a GFG Alliance, que había presentado una oferta. Xunta de Galicia y Gobierno central emitieron una nota conjunta en la que hablan de “mala fe” de la compañía y expresan su apoyo a los trabajadores. Estos, de momento, han retomado las movilizaciones y esta misma mañana se han concentrado ante la planta.

El secretario de Estado de Industria, Raül Blanco, fue más allá y advirtió a Alcoa de que “no se ha torcido el brazo a ninguna administración”. “Se abre ahora otro escenario donde se tomarán otro tipo de decisiones menos amistosas”, añadió, sin concretar a qué se refería. Tampoco lo hizo el vicepresidente económico del Ejecutivo gallego, Francisco Conde, quien, no obstante, mantuvo un tono més bajo y “lamentó” que Alcoa abandonase la negociación de forma unilateral. Lo que ninguno de los dos mencionó explícitamente es la solución que la izquierda y los operarios llevan meses reclamando, la intervención pública de la compañía.

Sí lo hizo la portavoz del BNG, Ana Pontón. Para la líder nacionalista, Xunta y Gobierno estatal “deben realizar una intervención pública entre ambas administraciones para nacionalizar la factoría, garantizar la producción y salvar los puestos de trabajo”. Que son, en este caso, 534. Su destrucción supondría un durísimo golpe para la comarca, A Mariña, en las costa norte de Galicia. “Es evidente que la multinacional está actuando de mala fe, con prepotencia e incluso diría que con chulería y desprecio por A Mariña y Galicia”, acrecentó Pontón. No fue la única representante política que intervino en el conflicto. El presidente de la Deputación de Lugo, el socialista José Tomé, reclamó a Alcoa “la devolución de las ayudas públicas” recibidas a lo largo de los últimos años.

El comité de empresa, que ha vuelto a llevar a las calles a los trabajadores, exige ahora una ampliación de plazo de las negociaciones para que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) sea la que adquiera la fábrica de San Cibrao. “No ha habido acuerdo, no han querido entrar a valorar la última devertencia de la Xunta para que paralicen el proceso para intentar llegar a un acuerdo con la SEPI”, denunció José Antonio Zan, presidente del comité. Zan también criticó que la empresa “hablase unilateralmente del ERTE o del ERE” cuando estos no eran objeto de discusión en la mesa.

El comunicado con la versión de Alcoa fue emitido durante la madrugada de este martes. En él, acusa a GFG Aliance de “haber insistido en términos comerciales poco razonables” y afirma “haber negociado de buena fe”. También agradece la “predisposición” del Gobierno central a buscar alternativas, a pesar de que tampoco le sirve la presentada en los últimos días a través de la SEPI.

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Publicado el
29 de septiembre de 2020 - 12:54 h

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