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Escándalo en el Ayuntamiento de Santiago por el gasto de 5.000 euros al mes en oficinas vinculadas a un concejal

Nave en la que el Concello de Santiago alquiló locales para la Concellería de Medio Rural.

Gonzalo Cortizo

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En la concejalía de Medio Rural de Santiago de Compostela el jefe y el casero fueron la misma persona. José Manuel Pichel, responsable de esa área en el Gobierno de la capital gallega que dirige Xosé Sánchez Bugallo (PSOE), fue uno de los propietarios indirectos de la empresa a la que el Concello alquiló una nave para ubicar las oficinas de este servicio público. Solo unas semanas antes de impulsar el contrato de alquiler Pichel se desprendió de sus acciones en la empresa propietaria del inmueble. El precio pactado fue de 5.000 euros mensuales por un espacio de algo menos de 250 metros cuadrados con un gran almacén y tres plazas de garaje. La adjudicación se realizó a dedo y, pese a las reticencias plasmadas en el informe de intervención municipal, ya se han pagado cerca de 80.000 euros. Durante la Junta de Gobierno que aprobó la operación, Pichel no dijo una palabra sobre sus relaciones con la empresa beneficiaria del contrato público ni amagó con ausentarse del debate para evitar cualquier duda cobre incompatibilidades. La denuncia de estos manejos ha sido puesta sobre la mesa por el grupo de Compostela Aberta y, posteriormente, por el Partido Popular.

Pichel no es el único cargo del PSOE relacionado con la empresa propietaria de las oficinas objeto del jugoso contrato municipal. Constituida en 2006, Desproi S.L es una entidad en cuyos cargos directivos figuran un puñado de nombres vinculados al Partido Socialista y a los sindicatos UGT y Unións Agrarias. Según la información del registro mercantil, el primer administrador de la entidad fue José Antonio González Dacal, en su día candidato socialista a la alcaldía de Rodeiro (Pontevedra). En 2012 le sustituyó José Manuel Pichel que estuvo en el cargo hasta que fue sustituido en 2016 por Rosa Arcos, histórica dirigente de Unións Agrarias y, en la actualidad, secretaria de Desenvolvemento Rural del PSOE gallego.

Pese a abandonar en 2016 la dirección de la empresa que posee las oficinas, el concejal compostelano ha mantenido relación indirecta con la misma durante años en calidad de propietario a través de una sociedad interpuesta. José Manuel Pichel fue propietario al 100% de Servicios Técnicos Gaia S.L., mercantil que posee una tercera parte de Desproi S.L. Dicho en otras palabras, cuando el concejal socialista decidió impulsar en 2021 el contrato de arrendamiento de oficinas sabía perfectamente que esas oficinas habían sido suyas hasta solo unas semanas antes de impulsar el contrato a dedo en la Junta de Gobierno local.

El escándalo ha cogido por sorpresa al alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, durante la rueda de prensa en la que este lunes abordaba ante los periodistas los temas de la agenda de la semana en la capital gallega. El regidor compostelano llegó a acusar a los informadores de actuar como correa de transmisión de Compostela Aberta, el grupo de la oposición que ha sacado el escándalo a la luz: “¿Quieres hacer el favor de dejar de leer lo que dice Compostela Aberta?”, llegó a decirle a la periodista que le preguntaba para concluir con la siguiente afirmación exculpatoria: “Que yo sepa no tengo conocimiento de nada de esto”.

El alquiler de las citadas oficinas para ubicar en ellas la concejalía de Medio Rural se produjo en 2021 y vino motivada por la demolición de la antigua estación de autobuses de Santiago, en donde hasta esa fecha estaban ubicados todos los despachos de ese servicio municipal. Para justificar el contrato a dedo que aprobó la Junta de Gobierno local se argumentó que los motivos “de urgencia” obligaban a saltarse el trámite de abrir un procedimiento abierto en el que otros empresarios pudiesen ofrecer sus espacios y competir con el precio finalmente acordado en 4.900 euros al mes.

El informe de la intervención municipal marcó reticencias en este punto al afirmar: “No figura informe jurídico que justifique adecuadamente los motivos que sustentan esta adjudicación directa y la ausencia de un procedimiento de concurrencia pública”. Y es que la demolición del edificio que la concejalía tuvo que abandonar era conocida y no se produjo de la noche a la mañana.

En la noche de este lunes el Ayuntamiento de Santiago respondió a la polémica con una nota de prensa en la que se asegura que el concejal señalado por las revelaciones incluyó en su declaración de bienes ser propietario de una empresa pero nunca dijo que esa mercantil era, indirectamente, la dueña de las oficinas que el propio consistorio acabaría alquilando a dedo y sin concurso, publicidad o concurrencia.

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