El Parlamento gallego prohíbe que los partidos inviten a la ciudadanía a sus plenos
Sin la dureza de la Asamblea de Madrid, pero casi. Pocos más de un mes después de que el legislativo regional madrileño prohibiera el acceso de la ciudadanía a sus tribunas durante los plenos para evitar las protestas, la presidenta del Parlamento de Galicia, Pilar Rojo (PP), acaba de tomar una decisión muy semejante. Apoyándose en los incidentes sucedidos en la Cámara el pasado diciembre, cuando personas afectadas por las participaciones preferentes de las antiguas cajas interrumpieron un pleno con sus protestas generando momentos de importante tensión, la dirigente popular prohíbe a los grupos parlamentarios -PSdeG, AGE, BNG y el propio PP- que realicen invitaciones. De ahora en adelante, nadie presenciará un pleno sin su autorización.
“El cupo de invitados a la tribuna del hemiciclo será administrado por la Presidencia de la Cámara”, anunció este viernes la jefa del legislativo gallego a través de un comunicado, en el que justifica la decisión por los “incidentes registrados en la Cámara” y en el que advierte, además, de que se trata de una “primera medida”. La intención, asegura, no es otra que “asegurar el mantenimiento del orden en los plenos de la Cámara y garantizar los derechos del conjunto de los diputados”.
¿Quiere decir esto que ya no se podrá asistir a los plenos? A priori, no. “Por supuesto que habrá invitados; el Parlamento no debe ser un órgano cerrado”, dice Rojo, que a continuación matiza que el Pazo do Hórreo sí es “un lugar” en el que deben “imperar el respeto y los principios democráticos”. Así las cosas, la imposición del criterio de la Presidencia -que no de la Mesa, donde no sólo está representado el PP- es presentado por la conservadora como una manera de “evitar la adopción de decisiones más contundentes, como podría ser la supresión del público en la tribuna”, medida que “se ajustaría al Reglamento” del Parlamento “e incluso fue adoptada en fechas recientes en otras Cámaras”, dice, en referencia a Madrid.
Con todo, el duro comunicado finaliza advirtiendo de que esta prohibición podría ser sólo el comienzo. “La presidenta del Parlamento se reserva el derecho de adoptar cualquiera otra decisión conforme al Reglamento de la Cámara y demás normas de aplicación con el objetivo de preservar el normal funcionamiento de la institución”. En este contexto falta saber si finalmente el Parlamento iniciará medidas legales contra las personas que protestaron o si de ahora en adelante podrán asistir a las sesiones representantes de, por ejemplo, sindicatos o plataformas ciudadanas contrarias a la política del Gobierno gallego o del grupo político que lo sustenta.
